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Con pocos familiares y rodeado de funcionarios del Estado fue enterrado este miércoles 10 de julio, el cuerpo del capitán Rafael Acosta Arévalo, en el Cementerio del Este. Familiares y abogados exigen una investigación independiente del cuerpo del capitán que murió el pasado 29 de junio producto de torturas en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

«Este fue un entierro donde participaron muy pocos familiares y demasiados funcionarios del Estado. Pareciera que el Gobierno está diciendo ‘yo lo maté, yo lo entierro'», expresó Alonso Medina Roa, abogado de Acosta Arévalo, desde el Cementerio del Este.

Funcionarios de la (Dgcim), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Ministerio Público y Defensoría del Pueblo acompañaron el sepelio del capitán, aseguró Medina Roa.

Un fuerte contingente de la Policía Nacional Bolivariano (PNB) restringió el paso a este cementerio, ubicado en La Guairita, Baruta. Mientras que más temprano, en la Morgue de Bello Monte, el acceso fue custodiado por funcionarios de seguridad.

El también director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó que no descartan ningún procedimiento a investigaciones independientes del cadáver del capitán, del que exigen una autopsia realizada por organismo internacionales.

«Se han filtrado fotografías y resultados de la autopsia. Hay una realidad inocultable que son las torturas de las que fue víctima el capitán (…) Al capitán Acosta Arévalo lo molieron a palos en la Dgcim, su cuerpo tiene fracturas en tobillos y en las costillas», dijo.

El abogado aseguró que la tortura en Venezuela se ha institucionalizado. «En nuestra reunión con Michelle Bachelet (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) nuestro centro de discusión fue la tortura».

Han sido 12 días de falta de respuestas por parte del Gobierno. El jurista aseguró que «desde que falleció el capitán, los familiares y representantes jurídicos hemos ido a la Fiscalía y el argumento que oímos es que ‘vengamos mañana'».

El abogado denunció que la jueza del tribunal 36 de Control, Norelys León, encargada del caso del capitán, desconoció la condición de víctima de la hermana del militar asesinado. Además, aseguró que el caso ha sido obstaculizado por las instituciones gubernamentales.

«Son muchos los obstáculos que ha puesto tribunal y Ministerio Público para una investigación transparente», expresó.

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Foto: Mairet Chourio.