El acuerdo que firmaron este jueves primero el Partido Socialista Unido de Venezuela, Avanzada Progresista, el MAS y Copei, que después fue aceptado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para posponer las elecciones presidenciales hasta el 20 de mayo, recoge en parte el espíritu del diálogo que durante dos meses la Mesa de la Unidad Democrática y el Gobierno nacional con los cancilleres de cinco países y la mediación del presidente de República Dominicana y el exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapetero, discutieron en Santo Domingo.
Esta afirmación de la directora de la cátedra Libre Democracia, Elecciones y Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eglée González Lobato, se basa en un análisis comparativo que realizó a los papeles de trabajo que presentaron tanto los cancilleres de Chile, México, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Las Granadinas en diciembre de 2017, como los que dieron a conocer un mes después tanto los delegados de la oposición como los del gobierno de Maduro.
Sin embargo, la docente aclara que este convenimiento entre los que postularon a la reelección a Nicolás Maduro y a Henri Falcón como candidato a la Presidencia de la República, deja por fuera elementos importantes dentro de ese proceso de negociación, entre ellos la fecha de las elecciones que los adversarios del Ejecutivo nacional pedían fuese en el segundo semestre de 2018; la habilitación de dirigentes y partidos políticos, pero que tampoco incluía comicios a Consejos Legislativos estadales ni Cámaras Municipales, que convertirá este nuevo proceso en una especie de megaelecciones.
“Este convenimiento que firmaron que vuelven a llamar acuerdo tanto el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como Avanzada Progresista y los demás partidos que inscribieron a Henri Falcón se inspira en este documento que iba a ayudar a transitar el conflicto venezolano por la vía pacífica, pero en ninguno de esos documentos estaba los Consejos Legislativos ni los Concejos Municipales. La fecha era uno de los acuerdos más importantes que se rompe cuando el Gobierno unilateralmente convoca las elecciones presidenciales”, dijo.
Aunque los partidos del llamado G4 de la MUD pidieron que fuese más cercana al 10 de enero cuando asume el nuevo Presidente, al no haber pacto la ANC firmó un decreto que las convocó antes del 30 de abril y así lo hizo el CNE, por lo que González explicó que desde un principio se está llamando a un proceso que incumple con los parámetros establecidos en la Constitución, por lo que es “una elección atípica y unilateral“.
Lo más cercano
La observación internacional. Lo aprobado incluye a la Organización de Naciones Unidas (ONU) como el ente rector de una misión electoral, algo que no se ha especificado, pero que en ese “pacto de caballeros” contempla una invitación formal e incluso una reunión con el secretario general del organismo, Antonio Guterres y las partes que lo firmaron.
Sin embargo, destaca que el fin de semana se hablaba de que a ese encuentro irían también Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y hasta Henrique Capriles Radonski de Primero Justicia, algo que cambió después del miércoles, y ahora solo lo harán los firmantes de este documento.
Recordó que cuando se pidió la convocatoria para el segundo semestre del año, esto permtiría instalar una misión de observación con tiempo, que requiere entrenamiento específico sobre qué evaluará y pudiera estar en el país antes, durante y después del evento comicial.
Medios de comunicación. Está más cercano a lo que el Gobierno nacional buscaba y menos a lo que la MUD quería, sobre la limitación de las cadenas presidenciales para restringir que Maduro las usara como campaña electoral.
Plan República. González calificó como “muy importante” el que se haya logrado que los candidatos y los partidos políticos que apoyan a cada candidato tengan reuniones separadas con el Plan República.
Cambios de centros. El regreso de los centros de votación movidos durante las elecciones regionales y municipales a sus lugares de origen, es positivo porque garantiza la participación de los electores, que tendrán sus centros naturales donde votaban desde un principio, con lo que no deberán trasladarse a sitios remotos o alejados de sus residencias como pasó el año pasado.
Lo que se dejó por fuera
Miembros de mesa. Entre lo menos ventajoso de ese documento se encuentra la conformación de los miembros de mesa, ya que la oposición pedía detalles más específicos como la constitución paritaria de quienes lo integran, así como en el caso de las Oficinas Regionales Electorales, los órganos subalternos del CNE como la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi), la de Registro Electoral y la Junta Nacional Electoral. No obstante, manifestó que se limita la figura del coordinador del centro de votación que a discreción nombra el CNE, porque no deberá influir en el trabajo de los miembros de mesa.
Puntos rojos. Para la especialista en temas electorales y creadora del Proyecto Entendimiento Nacional, debió eliminarse la instalación de puntos rojos y no permitir que estén siquiera a 200 metros de los centros, porque “ha debido decirse que en ningún momento debería estar un instrumento que pueda hacer sentir el elector que su voto no es libre ni secreto. Es un error muy grande que limita el derecho al voto”.
Registro Electoral. Es insuficiente la extensión del Registro Electoral hasta el 10 de marzo, especialmente en el caso de los votantes en el exterior, al calificar de “cifra marginal” que para la primera fecha fijada el 22 de abril, el CNE solo permitiera 6 mil nuevos electores fuera del país, cuando la diáspora venezolana se calcula por encima de los dos millones de venezolanos.
“No debe dictarse una norma precipitada que afecte el Registro Electoral, pero desde el año 2006 el CNE cada vez ha ido restringiendo el derecho político de los venezolanos en el exterior. En este momento se pide por la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) dictada en 2009 por la Asamblea Nacional monocolor, que decidió que se debía exigir la residencia permanente, y esto es un retroceso al voto en el exterior que existe en América Latina”.
Composición del CNE. Sobre el Consejo Nacional Electoral y su conformación, este acuerdo no establece ningún cambio como pidió la oposición, lo que deja en evidencia la parcialidad del árbitro electoral desde el momento en que su presidenta Tibisay Lucena, al fijar la fecha del 22 de abril y anunciar el cronograma electoral, dijo que nació del acuerdo de República Dominicana, para referirse al documento de la delegación oficialista, que no firmó la Unidad Democrática.
“Una de los grandes debilidades de este proceso electoral es tener un CNE que sabiendo que hay un gran esfuerzo nacional e internacional para que las fuerzas llegaran a un acuerdo, solo le bastó asumir el papel de trabajo del gobierno, cuando Lucena dijo que se trataba del acuerdo de Dominicana. Ella no puede, por principio constitucional, ignorar a los adversarios del Gobierno nacional”, recalcó.
Habilitación de partidos y dirigentes. González agregó que tampoco permitió la habilitación de los partidos políticos como Voluntad Popular, Primero Justicia ni la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, e igualmente dejó por fuera las inhabilitaciones políticas de dirigentes, que son afectados por procedimientos administrativos que no están por encima de sus derechos constitucionales.
Elecciones legislativas. Y la guinda es añadir la escogencia de cargos legislativos regionales y municipales que debieron darse con los procesos de octubre y diciembre pasado respectivamente. Esta sería una estrategia que le permite al Gobierno captar la mayor cantidad de cargos, con la creación del movimiento Somos Venezuela, ya que aun cuando aparece en la tarjeta como una organización distinta al PSUV, en esencia son lo mismo. “Se está procurando una ventaja para darle mayores cargos en órganos colegiados que son Consejos Legislativos y Cámaras Municipales”.
Fotos: EFE
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