El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció este jueves 8 de octubre una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto del empresario venezolano Samark López Bello, señalado como el principal testaferro del ministro de petróleo Tareck El Aissami, por su participación con el “crimen organizado transnacional”.
“López Bello trabajó con otros en un esfuerzo por violar y evadir las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) impuestas de conformidad con la Ley de designación a los mayores narcotraficantes extranjeros y reglamentos conexos”, reveló el organismo estadounidense a través de una comunicado.
La oficina, presidida por Mike Pompeo, agregó que la oferta por la captura del empresario venezolano es en relación con los anuncios de las recompensas de hasta 10 millones de dólares por el vicepresidente económico del gobierno de Nicolás Maduro, emitida el el 26 de marzo de 2020, y de hasta 5 millones de dólares para el superintendente nacional de criptomonedas Joselit Ramírez Camacho, publicada el 1 de junio de este mismo año.
The U.S. announced a reward to bring to justice Venezuelan national Samark Lopez Bello for transnational organized crime. We will work with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens from the illegitimate Maduro regime, while helping the Venezuelan people restore their democracy.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 8, 2020
La oferta de recompensa por Samark López Bello, que entra en el marco del Programa de Recompensas a la Delincuencia Organizada Transnacional del Departamento de Estado, se suma a las solicitudes de recompensa por la detención El Aissami, Nicolás Maduro, el general retirado Clíver Alcalá Cordones, el exjefe de inteligencia del chavismo, Hugo Carvajal, entre otros.
En 2017, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a López Bello por estar involucrado en “lavado de dinero y narcotráfico” al proporcionar apoyo financiero y bienes o servicios en apoyo de presuntas actividades relacionadas al narcotráfico internacional de El Aissami.
En ese mismo año, la Ofac designó o identificó con carácter de bienes bloqueados a 13 empresas que son propiedad del testaferro del funcionario de gobierno y que operaban entre países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.
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