Distintos voceros de la Casa Blanca han reiterado que, antes de que finalice noviembre, el gobierno de Nicolás Maduro debe iniciar un proceso para la rehabilitación de los candidatos y las candidatas que estén impedidos de participar en las presidenciales de 2024 por motivos políticos, entre los que está María Corina Machado.
De lo contrario, se desmantelará el “alivio” de las sanciones que fue concedido, en palabras del asesor del gobierno estadounidense Juan González. “Podemos quitar las licencias generales en su totalidad, y también hay diferentes opciones que estamos desarrollando y discutiendo con el Congreso”, puntualizó el funcionario esta semana.
La fecha límite incluye la liberación de presos políticos y otras garantías electorales.
Lo que está detrás del acuerdo de Barbados
Los reiterados llamados de atención de EEUU son para marcar una “línea roja” ante el asomo de incumplimiento al acuerdo político de Barbados, en opinión del director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón.
“Lo que tenemos es la disposición del gobierno de Estados Unidos a retroceder en ciertos ofrecimientos si se incumple lo acordado y, en este momento, el gobierno venezolano se está moviendo en una raya roja donde está empezando a incumplir al abrir investigaciones contra la Comisión de Primarias y desconocer el resultado de una candidata que la oposición escogió en ese proceso”, explica.
Un punto que destaca Alarcón es el lenguaje empleado para referirse a las inhabilitaciones: “Se habla del inicio de un procedimiento para habilitar a los candidatos cuando sabemos que se trata de una decisión política que pudiera darse mañana si hubiera voluntad, esto le permite ganar tiempo al gobierno”.
“Las declaraciones hay que interpretarlas como parte de los instrumentos de persuasión, en una negociación, con los que se busca generar presión para que se cumplan los acuerdos”, complementa el politólogo Pablo Andrés Quintero.
Sin embargo, advierte que su efecto suele sobredimensionarse, pues el gobierno de Maduro ha sobrevivido a las sanciones, a múltiples amenazas y “ya no come tanto cuento con las declaraciones de portavoces de la Casa Blanca”.
El experto estima que el levantamiento de las inhabilitaciones será un proceso lento y difícil. “Hay que tener en cuenta que levantar la inhabilitación de María Corina Machado equivale a que se genere una opinión contraproducente para la narrativa oficialista que, durante mucho tiempo, le ha dicho ‘no te vistas que no vas’. Esto llevaría a una contradicción interna en el oficialismo que puede generar mucho malestar”, argumenta.
Por eso considera bastante delicado promover la expectativa de que el 30 de noviembre se dejarán sin efecto todas estas medidas, en especial la que pesa contra la candidata ganadora de la primaria.
Pese a esto, cree que un escenario de radicalización como el de Nicaragua es improbable: “El escenario Nicaragua forma parte de las preocupaciones políticas, pero no es algo que se vaya a dar en este contexto, porque Venezuela necesita reconocimiento internacional para la próxima elección presidencial. Un escenario Nicaragua no le conviene a Maduro y mucho menos a la oposición, llevaría al país a un conflicto de mayor magnitud y acabaría con cualquier diálogo y negociación”.
Para profundizar en su lectura destaca que “el chavismo sale beneficiado de la negociación, de la reapertura económica con Estados Unidos y la flexibilización de las sanciones”.
El experto afirma que un escenario como el de Nicaragua está descartado incluso por los sectores más radicales del oficialismo.
Aunque sí ve posible un estancamiento de la negociación ante puntos sensibles como el de las inhabilitaciones.
¿De qué dependen las habilitaciones?
Alarcón responde que el incentivo principal del gobierno para mantenerse en la mesa de negociación ha sido la flexibilización de las sanciones. “La pregunta es cuáles son los límites de ese incentivo, el gobierno sabe que se está jugando su permanencia en el poder”, apunta.
“Creo que el gobierno va a tratar de cumplir hasta cierto punto y luego va a tratar de levantarse de la mesa, como ha hecho antes, pero podría suceder que las circunstancias cambien de manera tal que no le quede más remedio que aceptar las condiciones”, prevé.
Basa su análisis en varias variables que le hacen suponer que el escenario de cambio político cobra más fuerza de cara a 2024. Estas son: un nuevo liderazgo opositor; la tendencia de los estudios de opinión que muestran que 80% de la población desea un cambio político; y la conciencia ciudadana como agente de cambio.
“Una manifestación muy clara de la responsabilidad ciudadana la vimos durante la primaria, si la gente no se hubiera involucrado de la manera como lo hizo no se hubiera logrado. La gente se cogió los centros y las mesas y, en medio de un proceso que fue caótico hasta cierto punto, respetó las reglas y participó, hubo un movimiento ciudadano que marca un precedente”, argumenta.
El futuro de la negociación
Quintero descarta que los actores involucrados implosionen el acuerdo político y la negociación por declaraciones “subidas de tono”.
“Hay también cierta presión y necesidad por parte del gobierno de (Joe) Biden para que esta negociación sea fructífera y funcione y una amenaza no va a romper con todas las conversaciones que están por debajo que son mucho más poderosas y que se dan directamente entre la Casa Blanca y Miraflores”, señala.
A su juicio, el condicionamiento del acuerdo a la habilitación de María Corina Machado, por parte de la oposición, sería un “error estratégico”.
«Lo más importante del acuerdo de Barbados no puede ser la inhabilitación, tienen que ser los asuntos económicos, la población venezolana, y el factor de mayor presión tendría que ser la liberación de los presos políticos y los norteamericanos detenidos en Venezuela», expone.