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Panamá concedió asilo a dos magistrados venezolanos, designados por la Asamblea Nacional, que ingresaron a la residencia y misión diplomática de la embajada en Caracas para solicitar protección en ese país, informó este viernes 4 de agosto el Ministerio panameño de Relaciones Exteriores.

En un comunicado, la Cancillería indicó que se trata del magistrado suplente y abogado de la Fiscal General de la República, Gustavo Sosa Izaguirre, y el magistrado suplente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Manuel Antonio Espinoza Melet, que pidieron protección ante la crisis que vive Venezuela.

«En solidaridad con el pueblo venezolano, y tras la formalización de su petición, el Gobierno de Panamá ha respondido positivamente a la solicitud de asilo político de ambas autoridades judiciales», aclaró la entidad panameña.

La administración reiteró al Gobierno del presidente Nicolás Maduro la necesidad de «detener las acciones de hecho y negociar una salida política» en el marco de la Constitución vigente venezolana para cumplir «con el más estricto respeto de los derechos humanos y el bienestar de su población».

No se informó si los magistrados venezolanos viajarán a Panamá o permanecerán en la residencia del embajador Miguel Mejías.

«Otorgamos asilo a magistrados en solidaridad con el pueblo venezolano, en estos momentos le urge el apoyo de la comunidad internacional», resaltó en un mensaje la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo de Alvarado, quien en días pasados anunció que Panamá estudia el retiro de su embajador en Venezuela.

Al igual que Panamá, la embajada de Chile en Caracas también ha recibido a un grupo de seis políticos nombrados por el Parlamento, de mayoría opositora, que ingresaron a la residencia diplomática solicitando «protección».

Un documento de la Cancillería chilena emitido este jueves 3 de agosto señaló que la residencia del diplomático en Caracas mantiene a seis ciudadanos venezolanos en calidad de huéspedes, tras ingresar Marcano Salazar, designado como magistrado por la Asamblea Nacional de Venezuela (AN-Parlamento).

En el interior de la residencia también se encuentran en calidad de «huéspedes» a Zuleima del Valle González, los magistrados Beatriz Ruiz Marín, José Fernando Núñez Sifontes y Elenis del Valle Rodríguez. Todos ellos ingresaron en los últimos días a la residencia diplomática.

Una sexta persona, el dirigente nacional del partido socialcristiano de Venezuela (Copei), Roberto Enríquez, se encuentra desde el pasado abril en esa misma situación.

El 21 de julio pasado, la oposición venezolana aprobó las designaciones de nuevos magistrados semanas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, impugnara sin éxito los nombramientos de 33 jueces que ahora ocupan los sillones del Supremo, por presuntas irregularidades en su proceso de elección.

Estos jueces en ejercicio fueron designados por el Parlamento, cuando este era de mayoría chavista, en un proceso relámpago completado en unos días, justo después de la victoria opositora en las elecciones legislativas de 2015.

Tras la elección de los nuevos 33 jueces, el TSJ advirtió a los recién nombrados que estaban incurriendo en «delitos de traición a la patria» contemplados por la justicia militar y pidió asimismo «medidas de coerción» contra todos los que participaron en los supuestos delitos. Uno de ellos, Ángel Zerpa fue detenido días después.

EFE