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La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 condenó las declaraciones del primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, quien justificó las acciones de la Guardia Costera de ese país contra una embarcación con migrantes venezolanos a bordo, incidente armado en el que fue asesinado un niño de un año de edad.

 Los diputados presentes en la sesión, vía Zoom, pidieron declarar persona non grata al gobernante trinitense y que sea considerado «enemigo» de los venezolanos. Posteriormente el presidente de la Delegada, Juan Guaidó, dijo que como Gobierno interino y «legítimo Parlamento» venezolano ejercerán acciones que no especificó, contra el gobierno trinitense, aliado de Nicolás Maduro y el «indolente» primer ministro. 

«Son aterradoras las afirmaciones inmisericordes y desconsideradas del primer ministro, justificando el ataque a la humilde embarcación, en una peligrosa y repulsiva apología del delito, evidencia lo que es parte de su política de Estado contra nuestros desprotegidos compatriotas», expresó la diputada de Voluntad Popular (VP), Olivia Lozano.

El pasado 11 de febrero, Rowley afirmó en su cuenta oficial de Facebook que los miembros de la Guardia Costera estaban cumpliendo «órdenes razonables y profesionales bajo protocolos y leyes internacionales», pese a que los disparos acabaron con la vida del bebé, que migraba junto a su madre al país caribeño.

 «Es enemigo de Venezuela»

El diputado de la fracción 16 de julio, Omar González, pidió que la AN «declare al primer ministro como enemigo del pueblo venezolano» porque viola los derechos humanos de personas que huyen de «una dictadura», mientras el gobierno de Nicolás Maduro «mira para otro lado». Exigió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) defender la vida y la dignidad del pueblo.

«El gobierno de Trinidad y Tobago le ha declarado la guerra a los venezolanos, tenemos un enemigo frente a nuestras costas. Causa repugnancia la pasividad de la Fanb frente a este acto de guerra. Las declaraciones del primer ministro debemos calificarlas sin alma, es tan criminal como sus militares y tendrán que pagar por sus atrocidades», advirtió.

Pronunciamiento en la OEA

La legisladora de Un Nuevo Tiempo (UNT), Marianela Fernández, destacó que este miércoles 17 de febrero, la Organización de Estados Americanos (OEA) tratará el tema de la migración venezolana y se espera un pronunciamiento contra el asesinato del pequeño de un disparo en la cabeza, mientras viajaba en brazos de su madre.

«Un asesino de migrantes está suelto en Trinidad y Tobago. Para ese primer ministro actuar en legítima defensa es matar a personas desarmadas y debemos declararlo persona non grata en nuestro suelo», dijo la diputada de 2015.

El parlamentario Ramón López advirtió que la defensa de la soberanía de un país no está por encima del derecho a la vida y de otros derechos humanos, por lo que se insta a la Unión Europea (UE), a la Oficina de la alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la OEA a pronunciarse contra los «ataques sistemáticos» de Trinidad y Tobago contra los migrantes venezolanos.

Al respecto, el diputado Williams Dávila recordó que el 6 de agosto de 2020, Amnistía Internacional denunció la expulsión de 105 venezolanos de la isla caribeña y que Maduro coordinó la expulsión de 35 de 39 compatriotas de ese país.

 Caso BOD

El diputado de Primero Justicia, Julio Montoya, llamó la atención de la Delegada sobre la situación del Banco Occidental de Descuento (BOD). Según denunció mantiene represado el dinero de venezolanos tanto dentro como fuera del país. Recordó que mientras en otros países como República Dominicana se comienzan a tomar acciones contra el propietario de esta entidad financiera, Víctor Vargas, dentro del territorio nacional no hay quien defienda a los ahorristas.

«El grupo financiero BOD que a través de el Albank en Panamá, el World Bank en Antigua y Bermudas, el Banco Orinoco en Curazao y ahora el Bancamérica en República Dominicana (RD), no les entregan los ahorros en dólares a 15 mil familias venezolanas. Aunado a ello ningún usuario del BOD en Venezuela puede movilizar más de 30 bolívares diarios, hay un corralito financiero», denunció Montoya.

Indicó que también se le causa un daño a los comercios con puntos de venta del BOD, puesto que el dinero que cobran les queda represado en el banco sin poderlo movilizar y sin posibilidad de cambiar el dispositivo por falta de autorización de la entidad bancaria

Desde el año pasado usuarios del BOD de todo el país vienen denunciando fallas en el servicio tales como transacciones fallidas en puntos de venta o pago móvil a pesar de contar con dinero en la cuenta y restricciones de transferencias a otros bancos, entre otras.

 «Ya la comunidad internacional comienza a reaccionar, son dos solicitudes de detención para el señor Víctor Vargas, dueño de este grupo financiero en Panamá, por ejecutarse acciones judiciales en Curazao. Igual en RD comienzan a tomar decisiones, como el resguardo de bienes, como quintas en la Romana en RD, mientras en Venezuela estamos ante una sociedad de cómplices frente a un personaje y grupo económico que no solo estafa a ciudadanos sino que no atiende los efectos de la situación. Los usuarios quieren justicia», exigió.