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Un gran desastre ecológico y un coctel de violencia preparado por grupos irregulares armados imperan en la extensa zona del Arco Minero del Orinoco, de acuerdo con el diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Grazia. Denuncia que los principales afectados son 30 etnias indígenas, víctimas de asesinatos, desplazamientos forzados hacia Brasil y participación inducida en actividades de contrabando.

“Hezbolá hace servicio de seguridad en la zona y participa en la explotación de diamante, Coltán, está Hamas, las Farc, el ELN (guerrilla colombiana)  los garimpeiros, colectivos, el cártel de los soles y los pranes, completan un entramado criminal complejo. Es un coctel de violencia nunca antes registrado en la región”, alerta el parlamentario por el estado Bolívar, hoy en el exilio.

En rueda de prensa vía Zoom, desde Italia, De Grazia advierte que el narcotráfico complementa la industria de la minería ilegal desarrollada en la zona del Arco Minero del Orinoco, decretada como de desarrollo estratégico nacional desde 2016. Lamenta que la región que abarca los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro,  ya no sea famosa por sus bellezas naturales ubicadas en parques nacionales, por su gastronomía y sus posadas turísticas.

«El narcotráfico complementa a la actividad minera, la Compañía Anónima Militar de Petróleo y Minería (Caminpeg) trabaja de la mano del ELN que es el brazo armado y el cártel de los soles», acusa.

Principales víctimas

“Las principales víctimas del Arco Minero son los pueblos indígenas que son aislados de manera forzosa para hacerlos cada vez más dependientes del uso del régimen y cuando intentan  salir del aislamiento usan la gasolina para controlarlos, se las venden a cambio de oro, los que los induce a la actividad minera ilegal, son asaltados, masacrados y el Estado no hace nada”, expresa.

Alerta sobre el resurgimiento de enfermedades como la malaria, la difteria, el sarampión y el VIH, entre ellos están las comunidades indígenas (Waraos, Pemón, Yanomamis, entre otros)  que además son forzados a vivir de la limosna  y vertederos de basura en las principales ciudades  de los estados mencionados.

Manifiesta  con preocupación que zonas como Canaima, donde antes se vivía del turismo, de la caza y de la pesca, ahora dependa de la extracción de oro, diamante y demás minerales.

Alerta igualmente que la actividad que rodea al Arco Minero cuya extensión es de 111 mil kilómetros cuadrados para 12% del territorio nacional, se ha extendido de manera fáctica hasta alcanzar 50% del territorio. Señala que parques nacionales como Canaima están seriamente afectados desde el punto de vista ambiental.

Denuncia internacional

“El Arco Minero es la mayor barbarie ecológica registrada hasta nuestros días, por eso queremos visibilizar la tragedia a nivel mundial y hacer entender que con solo un Gobierno de Emergencia Nacional se comenzará a revertir la situación porque el régimen de Nicolás Maduro hace caso omiso, la avidez por el oro lleva a cometer crímenes de lesa humanidad”, dice.

La alta comisionada de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Michelle Bachelet, se refirió al Arco Minero en su más reciente informe sobre las violaciones de DDHH en Venezuela. Denunció el asesinato de 149 personas, producto del abuso de grupos criminales en cuatro años. De Grazia destaca que la Unión Europea también trata el tema.

Recuerda que en 2018, el Parlamento aprobó la Ley Orgánica  de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana.  Admite que no resolverá mágicamente el problema, pero resalta que exista un instrumento jurídico que ante un cambio político, sirva para revertir la minería ilegal en la región.