A dos semanas de la tercera visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan a Venezuela, la Sala de Cuestiones Preliminares de dicho organismo de justicia internacional autorizó que continúe la investigación contra el Estado venezolano por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, durante el contexto de masivas manifestaciones ciudadanas contra el gobierno de Nicolás Maduro (2014 y 2017).
Activistas de derechos humanos como Alí Daniels de la ONG Acceso a la Justicia y Simón Gómez Guaimara, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) resaltaron que la decisión es una «reivindicación» a las víctimas de violaciones de derechos humanos y les da esperanza de justicia. También, que Venezuela se convierte en el primer Estado en América Latina con una investigación abierta en la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad.
«Con esta decisión quedó demostrado que si ha habido retardos en el proceso no es responsabilidad de la CPI sino de las estrategias dilatorias del gobierno venezolano como la última acción de querer responder a las víctimas (…) Es un día de justicia para las víctimas, se les está diciendo que sí puede haber justicia subrayó Daniels.
¿Qué sigue en el largo proceso iniciado en 2018, cuando se abrió el examen preliminar por presuntos crímenes de lesa humanidad?
El Estado puede apelar
Los expertos en DDHH señalan que puede producirse una apelación del Estado venezolano porque es un derecho establecido en el artículo 81 del Estatuto de Roma que no tiene efectos suspensivos de la investigación, es decir, no la paraliza mientras la CPI responde.
Gómez Guaimara advirtió que el gobierno venezolano debe evaluar bien si apela en esta oportunidad porque luego no podría hacerlo en el transcurso de un caso que presente el fiscal de la CPI. Igualmente indicó que la Sala de Cuestiones Preliminares deja la puerta abierta para que Venezuela demuestre que su conducta ha cambiado con verdaderas investigaciones sobre los hechos denunciados.
«A pesar de lo que el gobierno ha dicho, no ha demostrado por qué no hay crímenes de lesa humanidad y eso la Sala lo critica. Cuando hay investigaciones es solo sobre autores materiales y no la cadena de mando», apuntó Daniels.
Casos concretos ante la CPI
En noviembre de 2022, Khan notificó que tras evaluar información proporcionada por el Estado venezolano en su solicitud de aplazamiento del proceso en la CPI, concluyó que no se ha hecho lo suficiente para investigar y castigar las violaciones de derechos humanos denunciadas (torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución política) que son competencia de la Corte, incluyendo las reformas judiciales de los últimos años.
En mayo de este año, se rechazó también la petición de Miraflores de responder a los testimonios de más de 8.000 víctimas. El gobierno de Maduro instó al fiscal Khan a inhibirse del caso por «su parcialidad» contra el gobierno venezolano. Pese a ello, el fiscal visitó Venezuela a principios de junio, cuando se reunió con representantes de los Poderes Públicos, incluyendo a Maduro y se aseguró que esta vez, la CPI sí abriría una oficina técnica en el país.
Igualmente en esta fase de reanudación de la investigación sobre Venezuela sin que haya un lapso determinado para ello, el fiscal Khan puede procesar y presentar ante la Corte, casos concretos de presuntos crímenes, entrar en contacto directo con las víctimas y citar a los presuntos responsables.
«Cabe esperar que el fiscal presente casos concretos de víctimas y presuntos perpetradores, recopilará información, sumará elementos que no haya presentado, habrá evacuación de pruebas, comunicación con testigos y víctimas, el fiscal actuará de manera libre, puede procesar lo que estaba paralizado y avanzar», indicó Daniels.
Los abogados subrayaron que no hay un tiempo determinado para la presentación de los casos y que lo más probable es que Khan aguarde porque se responda la posible apelación del Estado venezolano, para continuar el proceso. Daniels advirtió que lo que demore el fiscal dependerá de la complejidad de los casos, el rango del presunto perpetrador, número de víctimas, entre otros elementos.
«Los tiempos de la Corte son los que son, si se ha tardado es por las actuaciones dilatorias del gobierno, de resto ha respondido de manera oportuna hasta ahora», añadió Daniels.
¿Gobierno de Maduro cooperará?
Gómez Guaimara señaló que a partir de la última visita de Khan al país, se pudiera esperar que el gobierno venezolano colabore con la investigación del fiscal, sin embargo en caso de negarle total acceso al territorio, afirmó, es una «ventaja» que muchas víctimas de violaciones de DDHH estén fuera del país, por lo que podrán ser contactadas de manera más fácil para ser entrevistadas y aportar pruebas.
El consultor en DDHH también resaltó que durante la presentación de los casos si se lleva a juicio a los presuntos responsables, es una regla que acudan a comparecer ante la Corte para que ejerzan su derecho a la defensa, de lo contrario podrían ser declarados como fugitivos.
El abogado explicó además que en caso de emitirse una orden de arresto, como la CPI carece de una fuerza policial, el acusado debe ser detenido por el Estado involucrado y si está fuera del territorio de su país, puede ser arrestado si ese otro país es parte del Estatuto de Roma.
«En Venezuela ha existido una total inactividad para dar respuesta a las víctimas sobre estos hechos graves, por lo que está por verse si el gobierno está dispuesto a cooperar», añadió.