El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri) emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por la forma en que el Estado se venido manejando en el juicio por el territorio Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), puesto que a juicio de los internacionalistas e investigadores que lo conforman, no dan luces sobre la defensa que se está ejerciendo sobre el territorio en disputa con Guyana desde hace más de 100 años.
Desde el Covri se critica la “opacidad y aislamiento” que ha caracterizado el proceso de defensa ante la CIJ y se lamenta que no se haya consultado a los expertos venezolanos en el tema, para armar la contramemoria presentada en el juicio en abril de 2024 y la duplica (respuesta a la réplica de Guyana) del pasado 11 de agosto.
Asimismo, se advierte sobre lo perjudicial para el proceso, que discursivamente, la administración de Nicolas Maduro insista en que no reconoce la jurisdicción de la Corte pero sigue en el juicio y adelante que no acatará sentencia alguna que afecte los intereses de Venezuela sobre la zona en reclamación.
“El pueblo tiene derecho a saber”
“Exhortamos al Poder Ejecutivo a publicar el documento de varios volúmenes que entregó a la CIJ como Contra-Memoria de Venezuela en el marco de la fase de fondo el 8 de abril de 2024. Tras haber transcurrido más de un año, el pueblo venezolano tiene derecho a conocer el contenido de este documento de Estado”, reza el comunicado.
El Covri también “cruza los dedos” porque los 50 volúmenes consignados en el Registro de la CIJ el pasado 11 de agosto de 2025 -último día del plazo fijado por la providencia de la Corte- que no han sido de acceso público, “no tenga debilidades y omisiones importantes” y esté acompañado de la documentación necesaria para demostrar la nulidad del llamado Laudo Arbitral de 1899 y la titularidad histórica de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Se recordó que con la entrega de la duplica se cierra la parte escrita de la fase de fondo del juicio para luego entrar en la fase oral.
“Lamentamos que no hayan sido consultados ampliamente los expertos nacionales y organizaciones de la sociedad civil especializadas para la elaboración de estos importantes documentos de Estado, lo cual coloca todo el peso de la responsabilidad histórica en el Poder Ejecutivo respecto a lo que pueda ocurrir en la fase de fondo del proceso judicial seguido en la CIJ sobre la controversia de la Guayana Esequiba”, agrega la comunicación del Consejo.
Lo que se dice y lo que se hace
Tanto la Cancillería, como la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, enfatizaron, el pasado 11 de agosto, que la entrega de la dúplica no implica reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ para dirimir la controversia territorial y cualquier sentencia que perjudique los intereses de Venezuela al respecto.
Pero el hecho de que el Estado venezolano se mantenga en el juicio y haya entregado la documentación en los plazos establecidos por la Corte constituye, según el Covri, una “representación oficial de todo lo contrario”.
“La entrega de la “Dúplica”, será valorada por la CIJ como un nuevo acto del Poder Ejecutivo que le permite deducir un consentimiento tácito de Venezuela a su jurisdicción previamente establecida, bajo el principio del forum prorogatum”, advirtió el Consejo.
Alertó incluso que tachar el juicio sobre el Esequibo como “fraudulento”, son argumentos que ha usado Guyana para “indisponer” a la opinión pública internacional contra la causa venezolana con un eventual impacto negativo en los jueces en La Haya.
“Recomendamos hacer a un lado las manifestaciones discursivas contraproducentes, abrir amplias consultas con expertos nacionales y preparar las audiencias orales sobre la fase de fondo (…) Reiteramos que, a pesar de que la CIJ no sea el medio de solución pacífica que Venezuela ha preferido históricamente para resolver la controversia, el Poder Ejecutivo no ha logrado ni detener el proceso judicial ni conseguir una alternativa viable para resolver la controversia”, insto el COVRI.
El Consejo también deja asentado su rechazo a lo que considera ha sido la “mala fe” con la que el gobierno guyanés ha llevado la controversia a la CIJ, al afirmar su presidente Irfaan Alí, que ese país no entregará “ni una pulgada” de la Guayana Esequiba a Venezuela “ahora ni nunca”.
Asimismo, a la explotación petrolera de la transnacional Exxon Mobil, autorizada por Guyana, en aguas por delimitar, lo cual requiere de acciones políticas y legales más efectivas, por parte de Venezuela, para detenerla y obligar al país vecino a negociar.
“Insistimos en que la participación de Venezuela en el proceso judicial seguido en la CIJ debe hacerse en el marco de una estrategia integral, orientada a hacer avanzar efectivamente nuestros intereses en torno a la reclamación de la Guayana Esequiba. En consecuencia, la retórica vacua, la impostura, los actos de simbolismo político interno pero con poco impacto real externo y el espectáculo de ocasión para disimular los errores cometidos en los últimos años, no pueden seguir siendo el sucedáneo inapropiado a la estrategia inteligente que requiere la justa reclamación venezolana de la Guayana Esequiba”, se añade en el comunicado.