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De la Corte de Apelaciones de Caracas a La Haya. Haifa El Aissami Madah, hermana del vicepresidente Ejecutivo Tareck El Aissami, es quien actualmente representa a Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI), organismo ante el cual algunos de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) tendrían la intención de denunciar por la comisión de crímenes de lesa humanidad al Gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, el especialista en Derecho Penal y columnista de El Nacional Carlos Ramírez López la acusa de mantener «un intenso lobby» en la organización internacional, por lo que «no se ha producido ni la más mínima señal de la apertura de una investigación» de las denuncias hechas contra el Ejecutivo nacional.

Por su parte, la fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Luisa Ortega Díaz anunció en febrero de este año que solicitará la expulsión de la representante en La Haya, quien «se ha convertido en un elemento perturbador en las investigaciones de la CPI contra funcionarios de Venezuela».

¿Cómo llegó a la CPI?

Mucho antes de ocupar el cargo actual, fue juez de la Sala 9 de la Corte de Apelaciones de Caracas, designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según reseñó el portal web Runrun.es.

Dirigió las investigaciones de los casos de Yumare, Yaracuy, (1986) y El Amparo (1988), en el estado Apure. En el primer hecho fueron asesinadas nueve personas por un comando de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), sobre lo que las autoridades policiales dijeron que se trató de un enfrentamiento entre la Disip y un grupo guerrillero.

No obstante, según Provea, testigos afirman que esas personas fueron ejecutadas y posteriormente vistieron los cadáveres con ropas militares.  La organización solicitó copia del expediente del caso y en el año 2000, luego de introducir un amparo constitucional y después de varias audiencias, pudieron desclasificar el documento que venía siendo considerado secreto por el Ministerio de Defensa.

En cuanto a El Amparo, suceso ocurrido el 29 de octubre de 1988 en el que murieron 14 pescadores masacrados por el «Comando Específico José Antonio Páez», cuenta Provea que tuvo que presentarse el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dadas las irregularidades que se presentaron durante el proceso judicial.

El 18 de enero de 1995, siete años después, el Estado venezolano reconoció lo sucedido y asumió su responsabilidad ante la Cidh.

Por otra parte, El Aissami fue fiscal con competencia nacional del Ministerio Público. Participó en el caso del 11 de abril de 2002. Según el portal web Runrun.es, pidió una pena de 30 años para Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, los comisarios de la Policía Metropolitana .

Antes de representar a Venezuela en el organismo internacional, fue nombrada embajadora de Venezuela en el Reino de los Países Bajos en diciembre del año 2010, por la gestión del expresidente Hugo Chávez.

A la fecha, la funcionaria del Estado venezolano también representa al país ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (Opac) y otros tribunales internacionales. En enero de este año, acompañó al presidente del TSJ Maikel Moreno a la apertura del año judicial 2018 en la CPI.

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