El concejal Fernando Albán no es el único preso político que murió bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El pasado 13 de marzo de 2015, Rodolfo González “El Aviador”, de 63 años de edad, puso fin a su vida en la celda del Sebin de El Helicoide, en Caracas, donde estuvo recluido por más de un año.
A pesar de que el artículo 43 de la Constitución vigente establece que: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.
Es decir, los cuerpos de seguridad del Estado deben velar y proteger la salud y la integridad física de los presos que están bajo su custodia.
González fue detenido en abril de 2014 bajo la acusación de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego.
El concejal apureño Carlos Andrés García sufrió un accidente cerebro vascular mientras estuvo detenido en la sede regional del Sebin en San Fernando y “le fue negada cualquier tipo de atención médica”, según denunció el partido Primero Justicia el pasado (PJ) 17 de septiembre de 2017.
PJ dijo que García “fue detenido ilegalmente por los cuerpos de seguridad” que le sembraron “una suma de dinero en efectivo” en el marco de unas protestas que se registraron en diciembre de 2016 en el estado Apure y que “solo fue trasladado a un centro de salud cuando ya no había posibilidades de hacer nada para mejorar su salud”.
Fallece concejal Carlos Andrés García en sede del Sebin, denuncia Primero Justicia
Una versión que contrasta con la del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que asegura que el funcionario sí recibió atención médica y “recibió medida sustitutiva de libertad y la atención médica oportuna para atender las complicaciones de salud”.
García fue recluido en el Hospital Central de San Cristóbal, estado Táchira, antes de fallecer.
Se le imputaban los delitos hurto calificado, instigación pública e incendio en grado de coautor, sufrió una agravación en su estado de salud que provocó su fallecimiento.
El concejal Fernando Albán murió este lunes 8 de octubre. La versión oficial, que es refutada por familiares y dirigentes de Primero Justicia, asegura que se habría lanzado de un piso 10 del Sebin de Plaza Venezuela.
Sin embargo, Primero Justicia acusó al Gobierno de haber asesinado al edil de Caracas, por lo que exigieron una investigación independiente de los hechos.
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Foto: diariolasamericas.com
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El concejal Fernando Albán no es el único preso político que murió bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El pasado 13 de marzo de 2015, Rodolfo González “El Aviador”, de 63 años de edad, puso fin a su vida en la celda del Sebin de El Helicoide, en Caracas, donde estuvo recluido por más de un año.
A pesar de que el artículo 43 de la Constitución vigente establece que: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.
Es decir, los cuerpos de seguridad del Estado deben velar y proteger la salud y la integridad física de los presos que están bajo su custodia.
González fue detenido en abril de 2014 bajo la acusación de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego.
El concejal apureño Carlos Andrés García sufrió un accidente cerebro vascular mientras estuvo detenido en la sede regional del Sebin en San Fernando y “le fue negada cualquier tipo de atención médica”, según denunció el partido Primero Justicia el pasado (PJ) 17 de septiembre de 2017.
PJ dijo que García “fue detenido ilegalmente por los cuerpos de seguridad” que le sembraron “una suma de dinero en efectivo” en el marco de unas protestas que se registraron en diciembre de 2016 en el estado Apure y que “solo fue trasladado a un centro de salud cuando ya no había posibilidades de hacer nada para mejorar su salud”.
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Una versión que contrasta con la del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que asegura que el funcionario sí recibió atención médica y “recibió medida sustitutiva de libertad y la atención médica oportuna para atender las complicaciones de salud”.
García fue recluido en el Hospital Central de San Cristóbal, estado Táchira, antes de fallecer.
Se le imputaban los delitos hurto calificado, instigación pública e incendio en grado de coautor, sufrió una agravación en su estado de salud que provocó su fallecimiento.
El concejal Fernando Albán murió este lunes 8 de octubre. La versión oficial, que es refutada por familiares y dirigentes de Primero Justicia, asegura que se habría lanzado de un piso 10 del Sebin de Plaza Venezuela.
Sin embargo, Primero Justicia acusó al Gobierno de haber asesinado al edil de Caracas, por lo que exigieron una investigación independiente de los hechos.
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