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Un único punto debatió la Comisión Delegada Legislativa, que preside Juan Guaidó, en la sesión de este jueves 18 de febrero: un acuerdo que rinde honores al presidente colombiano Iván Duque.

¿El motivo?, la aprobación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que presentó el gobierno del vecino país el pasado 8 de febrero.

En el acuerdo parlamentario se expone que Duque promueve una política migratoria receptiva que integra a la población venezolana y le garantiza derechos básicos como el acceso a la educación y a la salud. Del mismo modo se le califica como un amigo de la causa democrática que dirige la oposición en Venezuela.

El documento aprobado por los integrantes de las Delegada, en medio de dificultades técnicas y de conectividad, contiene tres puntos:

1️⃣ Reconocer formalmente al presidente Iván Duque, en nombre del pueblo venezolano y de la Asamblea Nacional, la enorme labor que ha desempeñado en pro de la protección y receptividad de los migrantes venezolanos, así como su apoyo incondicional por la libertad y la democracia en Venezuela.

2️⃣ Otorgar los honores que esta legítima Asamblea Nacional pueda conceder al presidente Iván Duque así como al pueblo colombiano por su cálida receptividad y por los valores de hermandad que unen a nuestros ciudadanos en la búsqueda por la libertad y democracia en Venezuela.

3️⃣ Reiterar nuestra petición a los demás países hermanos de la región  impulsar medidas migratorias receptivas para los migrantes venezolanos que huyen de la crisis humanitaria compleja y así evitar los ataques por xenofobia en contra de nuestros connacionales en el extranjero.

Durante el debate, el dirigente de Primero Justicia Tomás Guanipa, quien también se desempeña como embajador de Guaidó en Colombia, reapareció para ejercer su derecho de palabra. “Colombia es el país donde más venezolanos viven afuera, ha acogido a un millón 700 mil venezolanos, de los cuales casi un millón están de forma irregular, todos ellos van a ser beneficiados con una medida que les da estabilidad en el país por 10 años”, expuso.

A su juicio, el instrumento colombiano es una acción que complementa al régimen de protección internacional del refugiado, lo cual es “un paso importante para que la migración venezolana sea reconocida en el mundo como una migración de refugiados por las características terribles que tiene este éxodo”.

El dirigente de Acción Democrática Williams Dávila aclaró que el estatuto no implica que se le otorgue la nacionalidad colombiana a los venezolanos ni les da derecho al voto o a la cédula de identidad de Colombia; sin embargo, calificó la norma como una “iniciativa extraordinaria” porque les permite ser parte del sistema de registro nacional para tener acceso a la salud, a la educación y a una cuenta bancaria. “Todos nuestros compatriotas tendrán una relación transparente con el estado colombiano, se les da 10 años para normalizar su estatus en la hermana república”, expresó.

Agregó que esta decisión de Duque debe ser un ejemplo para otros gobiernos de la región donde se han visto expresiones de xenofobia que han terminado incluso con la vida de venezolanos en otros países: “Tiene que servir de ejemplo para que la Organización de Estados Americanos (OEA) y los países de América desarrollemos un nuevo derecho internacional migratorio de avanzada”.

Las fallas de conectividad interrumpieron la intervención del dirigente de Alianza Bravo Pueblo Richard Blanco, quien exhortó nuevamente a la Comisión Delegada a solicitar una “acción humanitaria internacional” para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder amparada en el principio de Responsabilidad de Proteger (R2P).

“Estamos esperando que se nombre esa comisión para solicitar que se aplique la responsabilidad de proteger y se pueda lograr una actuación humanitaria pacífica para sacar de Miraflores a un señor que lo que hace es traer hambre, miseria y muerte al pueblo de Venezuela”, manifestó.

Esto a pesar de que dirigentes como Leopoldo López han descartado la aplicación del R2P. “Sobre el tema del R2P yo creo que el presidente Guaidó lo ha planteado; hay que evaluar lo que es la doctrina que permite el uso de la fuerza, la cual ha sido desarrollada en la ONU. Nosotros tenemos que ser muy claros, que no existe posibilidad en estos momentos y así nos lo han hecho saber varios países, por lo tanto nos toca cohesionar y fortalecer la presión alrededor de un objetivo que nos unifique”, declaró el fundador de Voluntad Popular.

Blanco también invocó los artículos 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para exigir a los gobiernos del mundo respeto a los derechos humanos de los venezolanos que se vieron forzados a emigrar.

Los políticos Gaby Arellano, Tamara Adrián y Luis Florido también respaldaron el acuerdo.

La aprobación del acuerdo se produce un día después de que el gobernante Nicolás Maduro calificara el instrumento legal de «payasería» que busca «lavarle la cara» a Duque ante la comunidad internacional.