Los colectivos siguen con la llave para aplacar la calle: ¿Cómo se mueven tras las presidenciales? 

Recientemente, un grupo de familiares de presos políticos rezaba una oración a los beatos Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández por la libertad de sus seres queridos, cuando fueron rodeados y grabados por colectivos chavistas en la avenida San Martín de Caracas.

La escena, tan simbólica como inquietante, volvió a cuestionar la presencia y el verdadero propósito de estos grupos en las calles del país.

Ya no se ocultan, especialmente luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Poder Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro sin mostrar evidencias. Usan uniformes identificados con sus siglas, cuentan con sedes propias, negocios de comida rápida, sitios nocturnos, administran estacionamientos, entre otras actividades, en parroquias como el 23 de Enero y San Juan en el municipio Libertador. 

Un grupo hasta controla una bomba de gasolina cercana al Bloque De Armas en San Martín, donde religiosamente, a diario, se observa una gran cantidad de motorizados, uniformados, surtiendo gasolina. “Nosotros lo que queremos es paz”, dijo uno de los miembros en el sitio, en una oportunidad.

“Actores clave de la represión” 

Oscar Murillo, coordinador general de Provea, consultado por Efecto Cocuyo, destaca que los colectivos afectos a la administración de Maduro son parte importante del esquema represivo de Miraflores, profundizado tras los comicios para mantener el poder por la fuerza. De allí que sean llamados y siempre estén listos y prestos a actuar frente a cualquier protesta ciudadana en las calles, más si reclaman derechos y libertades. 

“Las agrupaciones paramilitares, conocidas como colectivos, son actores clave en la arquitectura represiva construida por el proyecto político bolivariano en los últimos años, tanto para el uso de la fuerza en contextos de alta conflictividad, como para el ejercicio permanente del control social mediante la gobernanza de territorios en comunidades populares. En medio de la violencia estatal postelectoral, los colectivos, fueron señalados como presuntos responsables de asesinar a 10 manifestantes, 40% de las 25 muertes registradas por Provea en el breve ciclo de protestas de 2024”, señaló Murillo. 

El defensor de DDHH sostiene que dichas agrupaciones actuaron  junto a policías y militares en los cientos de dispositivos de cerco desplegados, tras el lanzamiento de la llamada “operación Tun Tun”, en comunidades populares de Caracas y otras regiones del país, que habían protagonizado las revueltas postelectorales. 

De hecho hay testimonios de familiares de detenidos los días 29 y 30 de julio en Caracas y el interior del país que aseguran que fueron apresados y golpeados por colectivos que se movían en motos, en algunos casos solo por encontrarse en medio de las protestas, sin siquiera participar o en lugares cercanos. 

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¿A quienes responden? 

“Es más, déjame llamar a la alcaldesa (de Caracas) nojoda (sic)”, amenazó Josefina Hernández (Chepina), presidenta del Mercado Municipal de San Martín, en las inmediaciones de la Capilla San Antonio, ubicada en Maternidad, el domingo 5 de octubre, ante familiares de presos políticos que se encontraban en la cadena de oración.

La conocida “Chepina” aseguraba “no querer llamar a nadie” para que detuvieran a los familiares. En videos divulgados por el Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) en redes sociales se le escucha preguntar dónde estaban los presos políticos en tono sarcástico, para luego proferir calificativos como “gente asquerosa” y “tóxica”. Otra mujer manoteaba a los familiares que también grababan por su seguridad, mientras les recriminaba por “llamar a invadir el país”.

Otro grupo de familiares salía de la Iglesia Nuestra Senora de Lourdes en la Plaza Italia de Capuchinos, también en San Martín, cuando fueron rodeados por motorizados que igualmente los grababan y les tomaban fotos.

“Esto va a cambiar, acuérdense de mí. Yo soy Andreína Baduel (hija del general Raúl Isaías Baduel y hermana del preso político Josnars), esto va a cambiar”; “pueden traer 500 motos si quieren, no tenemos miedo”; “no estamos haciendo absolutamente nada”, se defendían los familiares. 

“Estas agrupaciones tienen sus propias estructuras de gobernanza interna. También son diversas en cuanto a su origen, a las economías ilícitas que controlan y a los territorios que ocupan. Si bien es cierto que estos grupos actúan con más intensidad en períodos de alta conflictividad social o en situaciones como la del pasado 28 de julio, es frecuente que actúen cuando sienten amenazado los territorios que controlan”, expresó Murillo.

Advirtió que han sido recurrentes los ataques de colectivos que controlan varias zonas de la avenida San Martín, contra manifestaciones protagonizadas por trabajadores, personal de salud, y recientemente activistas del Clippve (familiares) durante la  cadena de oración, entre otros.

Funcionan como fundaciones 

Murillo también recordó que el ataque sufrido por alrededor de 50 mujeres del Comité de Madres en Defensa de la Verdad durante la vigilia que realizaron frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado 6 de agosto, fue protagonizado por colectivos afectos al chavismo, pese a que el lugar es custodiado por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

“En las parroquias La Pastora y Altagracia existe presencia de colectivos paramilitares desde hace varios años, que por lo general controlan edificios invadidos, cobros extorsivos a comercios, entre otras actividades. En varias ocasiones se han producido ataques contra manifestantes en esos sectores”, apuntó Murillo.

En el actual contexto de tensiones militares con Estados Unidos, colectivos, milicia y fuerzas policiales deben actuar coordinados en circuitos comunales de Caracas. Funcionarios policiales municipales admiten que dichos grupos son “intocables” y resienten que hagan gala de atribuciones en materia de seguridad que legalmente no tienen o que se les tenga que consultar a la hora de algún operativo.

En la parroquia San Juan, por ejemplo, tienen su sede al menos cinco colectivos, todos bajo la figura de “fundaciones”. Dos de ellos identificados como Fundación Luchadores Sociales de Santa Ana (FLSSA) y FRCPE. El primero opera en las instalaciones de un antiguo hotel y el segundo, muy cercano, en el antiguo estacionamiento del diario El Nacional (Puerto Escondido) y redacción del diario Así es la Noticia. 

No se ocultan, las sedes lucen vistosos murales con los emblemas del colectivo, figuras de Bolívar y personeros del alto gobierno,  estandartes y pancartas. Varios hombres resguardan las entradas. Son tan activos como los antiguos colectivos del 23 de Enero, La Piedrita, Alexis Vive o la Fundación 3 Raíces. La FLSSA, por ejemplo, realiza labores políticas, sociales (como repartición de comida preparada) y recreativas en la parroquia San Juan que difunde a través de su cuenta en Facebook de manera poco regular y cuenta con su brigada motorizada. 

“Las fundaciones son, en teoría, bienes patrimoniales destinados para  una labor o actividad específica. Probablemente constituyeron a estos grupos como fundaciones cuando les otorgaron patrimonio del Estado -recursos económicos, bienes – del Estado, porque no se los pueden dar a particulares, debe ser una fundación, de derecho privado. Esa parece ser la figura que usó el gobierno para desviar recursos para el financiamiento de estos grupos”, explicó una abogada experta en derecho administrativo que pidió la reserva de su nombre para esta nota. 

La profesional del Derecho advirtió que existe la falsa creencia de que esta manera de proceder les permite evadir controles administrativos, por lo que tales fundaciones pueden ser objeto de investigaciones. 

Otros colectivos identificados en la capital de la República y Miranda son: Guerreros de Capitolio, Tupamaro, Colectivo Libertador, Catedral Combativa, Fuerza 4F, Fundación Aquiles Bellorín, Resistencia y Rebelión, Milicia Comunal Sierra Maestra, Colectivo Real 23 de Enero, Colectivo Salvador Allende, Fundación Boina Roja, Fuerza Táctica de Combate Simón Bolívar, Frente Miliciano Motorizado, Lealtad Absoluta y Mártires de la Revolución.

“Cobijados por la impunidad”

En abril de 2025, Human Rights Watch publicó un informe en el que señaló que las autoridades venezolanas y “grupos armados partidarios del gobierno” conocidos como “colectivos” han cometido abusos generalizados desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. 

“Inicialmente, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y llevaron a cabo detenciones durante las protestas, que fueron seguidas de ataques o intimidaciones por parte de miembros de los colectivos, dirigidos a quienes continuaban manifestándose”, reflejó el informe. 

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Los colectivos también han sido mencionados por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas que monitorea la crisis de DDHH en Venezuela desde 2019. Durante una actualización presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en marzo de 2025, la Misión reportó un incremento de las detenciones arbitrarias de opositores, especialmente en los días previos a la investidura presidencial del 10 de enero de 2025. 

Atribuyó la represión de las manifestaciones antigubernamentales a fuerzas de seguridad y “grupos paramilitares”, con un “uso excesivo de la fuerza”, incluyendo “armas de fuego”. 

Pero ¿por qué si Miraflores tiene el control de la Fuerza Armada (Fanb) y las policías, recurre a estos grupos de civiles, señalados de estar armados? 

“Los colectivos siguen siendo un importante actor para la consolidación del control social por parte del gobierno y hay que señalar también que muchos de sus miembros también forman parte de organismos policiales, como quedó ampliamente demostrado en el caso de las extintas FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana)”, respondió Murillo. 

Recordó que primero nacieron los llamados Círculos Bolivarianos, bajo el primer periodo de Hugo Chávez, en medio de la alta conflictividad y polarización política del año 2001. Con ello, subrayó, se institucionalizó la participación de civiles para “amedrentar, hostigar y atacar a manifestaciones” contrarias a su proyecto político. Luego, dichos grupos fueron desplazados por los colectivos que, afirmó, han crecido cobijados por la impunidad. 

“El gobierno necesitó en muchas ocasiones a los colectivos para ejercer las labores más duras de la represión. El efecto intimidatorio que generaban estos grupos entre los manifestantes era clave para que la maquinaria represiva funcionara a la perfección. En los ciclos de protestas de 2014 y 2017, por ejemplo, los colectivos fueron responsables de numerosas muertes de manifestantes, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, heridos, actos de hostigamiento, entre otros abusos. Siempre actuaron en coordinación con militares y policías”, aseguró.

Sostuvo que dicha estrategia represiva – ahora más sofisticada, agresiva y masiva- ha servido para disuadir a la gente de manifestar en las calles por “auto-preservación” ciudadana. Los colectivos seguirán atentos por si la población se atreve, especialmente en comunidades que consideran como bastiones propios.