Hasta hace dos días eran 545. Este 12 de marzo de 2020, durante la presentación nacional e internacional de la Coalición Anticorrupción, sus promotores anunciaron que 551 organizaciones de la sociedad civil están articuladas bajo un mismo mandato: “estudiar y conocer, promover espacios de discusión, hacer contraloría social y proponer acciones concretas que procuren influir en el liderazgo político para la adopción de políticas anticorrupción efectivas”.
Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, recordó que la idea de construir un movimiento nacional contra la corrupción en el país se comenzó a concretar en septiembre de 2019, con el patrocinio de la Embajada Británica.
En apenas seis meses se han realizado 40 eventos que han movilizado a 1.120 personas en 16 entidades federales del país. “Se han emprendido 256 iniciativas anticorrupción, de las cuales 98 están en marcha y 55 han sido concluidas”, precisó De Freitas.
Organizaciones de desarrollo, organizaciones de promoción y defensa de derechos humanos, gremios, sindicatos, universidades, periodistas e iglesias han asumido el compromiso de incluir en sus agendas de trabajo acciones concretas en defensa del patrimonio público.
Hay acciones que se han podido ejecutar en corto plazo, como listados de obras públicas inconclusas e identificación de patrones de flujos de legitimación de capitales provenientes del delito. Sin embargo, otras que tienen que ver con el saneamiento institucional del país están proyectadas a más largo plazo, como la creación y puesta en marcha de un sistema de justicia internacional para investigar, juzgar y sancionar hechos de corrupción y, particularmente, la llamada gran corrupción, en la cual estarían involucrados altos funcionarios públicos.
“Nosotros estamos convencidos de que en Venezuela no hay la capacidad ni la disposición de combatir la corrupción. En ese sentido, debemos pensar en formas de cubrir los baches que deja la ineficiencia del sistema de administración de justicia y detener los efectos de la impunidad. Necesitamos apoyo internacional para crear mecanismos especiales de justicia para combatir la corrupción”, afirmó la directora de Transparencia Venezuela.
Explicó que este tipo de mecanismos heterodoxos de justicia ha permitido, como ocurrió en Guatemala, juzgar y llevar a la cárcel a un presidente de la República.
Tres causas y un ejemplo
El primer panel del evento de presentación formal de la Coalición Anticorrupción tuvo como objetivo identificar los efectos de la corrupción en Venezuela para 2020.
Aurelio Concheso, representante de Fedecámaras, comenzó por señalar lo que él considera las tres principales causas de la corrupción en el país: 1) la manipulación monetaria que mantiene subvaluado el bolívar, 2) el control de precios, que se suele establecer a partir de los niveles de producción más ineficientes, y 3) los subsidios “perversos”, como los aplicados a la electricidad y a la gasolina, que no cumplen con el propósito de beneficiar a los sectores más empobrecidos de la población. Todo ello crea oportunidades de negocios ilegales promovidos por el mismo Estado, explicó el experto.
La economista Tamara Herrera secundó a Concheso al señalar que el intervencionismo estatal es una inmensa fuente de corrupción. Y si se suma la no rendición de cuentas “como un comportamiento estructural del gobierno” aumentan las posibilidades de perjuicios al patrimonio público.
A modo de ejemplo, Herrera se refirió al Fondo de Estabilización Macroeconómica (Fondem): Administraron 170 millardos de dólares. No fue un fondo de ahorros ni de reservas, fue un fondo de gastos sin contraloría alguna.
La experta precisó dos destinos inciertos de los proyectos promovidos por el Fondem. 21 millardos se destinaron a Cuba, 5 de los cuales se habrían invertido en Barrio Adentro II, que fue una buena idea para asegurar la atención primaria en salud, pero que destruyó la institucionalidad sanitaria en Venezuela. En segundo lugar, Herrera se refirió a uno de esos proyectos inconclusos que está a la vista de todos: para la construcción del Metro Caracas-Guarenas se desembolsaron 500 millones de dólares.
Salvar vidas o ceder ante la corrupción
A la experta en seguridad alimentaria Susana Raffalli le correspondió advertir que la corrupción también socava la ayuda que proviene del exterior para afrontar situaciones de emergencia humanitaria compleja como la que atraviesa Venezuela.
Raffalli aclaró que no hay país o autoridad exento de manejos inescrupulosos en torno a la asistencia humanitaria, asociado a relaciones de poder entre quienes administran los recursos y quienes los necesitan: peculado, fraude, malversación, extorsión, coimas, comisiones ilegales, sobreprecios, sobrefacturación, clientelismo, nepotismo y hasta abuso sexual.
Insistió en destacar la gravedad de la corrupción cuando ocurre en el contexto de la asistencia humanitaria, pues están en riesgo las oportunidades para salvar vidas o el aliviar el sufrimiento, por la pérdida de credibilidad de los actores humanitarios incursos en irregularidades.
Aunque la asistencia humanitaria está regulada por estándares internacionales en lo ético y en lo técnico, Raffalli dijo que hay dilemas que surgen asociados a la emergencia. En su opinión, el mayor dilema es “ceder para salvar o ser correctos”.