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El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) calificó de «grave atentado al debido proceso» las condiciones en que fue detenido, desaparecido e imputado el comunicador social Roland Carreño, quien es miembro activo de este gremio.

Mediante un comunicado público, el CNP afirma que que son «repudiables las circunstancias y la forma como fue aprehendido el licenciado Roland Carreño, pues representan, asimismo, una violación al derecho al acceso a la información, no solo en perjuicio de la víctima o agraviado, sino principalmente del público en general».

Señala el gremio que esa falta de transparencia desconoce la importancia de la función social y de interés general que tiene la libertad de expresión, «sobre asuntos de naturaleza pública, en perjuicio de las labores periodísticas en beneficio de los ciudadanía, para estar debidamente informados, sin censura, sin fronteras, de acuerdo con la Carta Magna y la Ley del Ejercicio del Periodismo».

Afirma el escrito suscrito por Tinedo Guía, presidente del cuerpo colegiado, que el entorno o circunstancias de la detención contra Roland Carreño constituye un «claro incumplimiento de las recomendaciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el tema de parar  la criminalización de la información u opinión incómoda, provenga esta de comunicadores sociales o dirigentes opositores.

El Colegio Nacional de Periodistas rechaza también la campaña de estigmatización emprendida contra Roland Carreño, «al conculcársele las garantías procesales amparadas por el Artículo 49 de la Carta Magna, en concordancia con el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en materia del debido proceso, del derecho a no estar incomunicado, a designar abogados privados de su confianza, a llamar a sus familiares, a conocer qué se investiga, qué se le imputa, a ser presentado en tribunales dentro de las 48 horas de su detención, además del respeto al principio de presunción de inocencia».

Alertan asimismo a la comunidad internacional y a los organismos regionales de administración de justicia, sobre la «reiterada  violación» de diversos tratados internacionales ratificados por Venezuela, sobre libertad de circulación, libertad de expresión y debido proceso.