Chocan el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo por el desarme - Efecto Cocuyo

POLÍTICA · 1 JUNIO, 2017 11:03

Chocan el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo por el desarme

Texto por Erick González

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El Ministerio Público propone el desarrollo una política de desarme y de control de armas y municiones para enfrentar los efectos devastadores de las armas de fuego en nuestro país, pero el Poder Ejecutivo se muestra de acuerdo con armar a civiles venezolanos con fines políticos. Rocío San Miguel y Verónica Zubillaga coinciden en la existencia de un choque entre ambas instituciones.

Para San Miguel, presidente de la asociación civil Control Ciudadano, en el Poder Ejecutivo no existe voluntad política para llevar adelante ninguna acción destinada a poner orden en el uso de armas y municiones y en favor del desarme en Venezuela. Así lo muestra, a su juicio, la actitud del Ejecutivo frente a la Ley para el Desarme, del año 2002, y frente a la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme, de 2013.

Zubillaga, socióloga y profesora de la Universidad Simón Bolívar, afirma que las declaraciones dadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 17 de abril, en las que destacaba la necesidad de expandir a 500 mil el número de milicianos y de garantizarle a cada uno un fusil, es uno de los hechos que muestra la acción del Gobierno en favor de armar a la población civil.

Las Zonas de Paz, creadas por el Ministerio de Relaciones Interiores en 2013, originaron el fortalecimiento de grupos armados en distintas regiones del país en las que, por ser “de Paz”, no podían ingresar funcionarios de seguridad del Estado. El dato es esgrimido por San Juan, quien atribuye la responsabilidad de esta situación al Gobierno nacional.

Tanto San Miguel como Zubillaga coinciden en que el Gobierno tolera y permite las agresiones de civiles armados en contra de manifestantes durante las protestas que se dan en Venezuela desde el mes de abril, lo que ratificaría la falta de voluntad política por parte del Ejecutivo para solucionar el problema de la violencia armada que existe en el país.

El choque entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo quedó evidenciado, sostiene Zubillaga, tras las declaraciones de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, el pasado 31 de marzo, en las que propuso el desarrollo de una política de desarme como vía para contrarrestar el alto porcentaje de armas de fuego involucradas en homicidios.

Según el Ministerio Público, de las 21 mil 752 personas víctimas de homicidios intencionales o dolosos acaecidos en Venezuela durante 2016, 86,6% fueron cometidos con armas de fuego.

La propuesta de la Fiscal para revertir este escenario exigiría el cumplimiento de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones aprobada en junio de 2013.

“En 2011, cuando se instaló la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, se planteó la urgencia de esa política y se estableció el marcaje de municiones para el control de las mismas. Hoy podemos ver que esas ideas están en contradicción con la propuesta que se viene haciendo permanentemente desde el Gobierno de que el pueblo debe estar en armas”, explica Zubillaga.