El artículo 6 del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática entregado por el gobierno encargado a la Asamblea Nacional (AN), contemplaba 10 hechos ocurridos en el país entre 2002 y 2024, sobre los cuales se basaría para conceder el “perdón” a los presos políticos. Tras un proceso de consulta pública, la comisión especial que trabajó la ley amplió el listado a 13 hechos y el artículo pasó a ser el número 8 de la normativa sancionada.
Se añadieron sucesos ocurridos de julio a septiembre de 2009 (protestas estudiantiles), incidentes en el contexto de las primarias opositoras de 2023 y los supuestos planes conspirativos para “sabotear” las elecciones regionales y parlamentarias de mayo de 2025.
Aun así, ONG, defensores de Derechos humanos y familiares de presos políticos sostienen que la lista sigue siendo corta y omite hechos como el supuestos intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, por el cual están privados de libertad de manera injusta civiles y militares.
Fueron colectivos y marcaron
“En general son los periodos en los se dieron más actos de violencia, tema de las guarimbas, de manifestaciones posteriores a las elecciones, todos los actos más marcados y de carácter más colectivo. Por ello se incluye los hechos de 2002, a pesar de que ya habían sido amnistiados por Chávez. Son los hechos más macros y lógicamente se escapan de las manos los hechos que son aislados. De allí la función de la comisión de revisar todos aquellos hechos de motivaciones políticas que no están descritos en el artículo 8”, señaló el diputado Alfonso Campos, de la Alianza Democrática, consultado por Efecto Cocuyo.
El artículo 15 de la ley dejó la puerta abierta para que la comisión especial, presidida por Jorge Arreaza -que también integra Campos y otros 21 diputados- evalúe casos y hechos no incluidos en el listado de 13 eventos del artículo 8. Analistas políticos también apuestan a que la presión de Estados Unidos permita ampliar el alcance de la amnistía para un mayor número de libertades plenas.
ONG como Foro Penal y Provea han alertado sobre la exclusión de militares del perdón por hechos como el intento de insurrección militar del 30 de abril de 2019, la operación Gedeón de 2020 y el supuesto intento de magnicidio de 2018, así como de civiles, para alrededor de 400 presos políticos que quedarían por fuera.
Campos coincide en que los casos de los militares no deben ser excluidos de la amnistía porque las detenciones también tuvieron motivaciones políticas.
“Se habló en la comisión y creo que eso debe considerarse, al menos para la revisión y el estudio. La idea es que la comisión haga el exhorto al Ministerio de la Defensa o al Ejecutivo, a los efectos que la justicia militar, considerando las particularidades del Código de Justicia Militar, evalúe los casos para determinar quiénes han sido implicados en hechos de origen militar y que no tienen una comprobación de delitos o de complicidad. La ley aprobada es un punto de partida”, agregó Campos.
Muestra de ello es que el pasado 28 de febrero, la comisión que hace seguimiento a la aplicación de la Ley de Amnistía, presidida por Jorge Arreaza, informó sobre la excarcelación de 31 militares con medidas sustitutivas de prisión.
Este 6 de marzo, la comisión aseguró que de 12.233 personas que han solicitado amnistía, se han otorgado 7.654 libertades plenas. Sin embargo, las cifras que manejan ONG como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, son mucho menores y no llegan ni siquiera a mil excarcelados o liberados plenamente.
¿Cuáles son los eventos?
De acuerdo con el artículo 8, se concede amnistía general a los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el contexto de los siguientes hechos:
1 –El golpe de estado del 11 y 12 de abril del año 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
Se refiere al golpe de estado contra el gobierno de Hugo Chávez, luego de que una multitudinaria marcha de ciudadanos se desviara desde Pdvsa Chuao al Palacio de Miraflores, para exigir la renuncia del presidente. Al llegar al centro de Caracas (Puente Llaguno) la movilización fue atacada con disparos. Posteriormente las autoridades reportaron la muerte de 19 personas.
El 12 de abril, fue juramentado como Jefe de Estado, el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga -actualmente en el exilio-, quien decretó la disolución de los Poderes Públicos. Fueron apresados funcionarios como el ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacin, y el entonces diputado Tarek William Saab.
Esos días se registraron ataques contra sedes de gobernaciones (de Mérida y Táchira) alcaldía de Junín en Táchira, el canal del Estado, VTV y el Palacio de Justicia del Táchira. Chávez fue restituido en el poder el 13 de abril, de la mano de militares leales.
Antes de finalizar 2007, Chávez decretó una Ley de Amnistía e Indulto que favoreció a personas acusadas de cometer delitos políticos durante el breve derrocamiento de su gobierno, que incluyó a quienes participaron en los sucesos violentos de Puente Llaguno, los que firmaron el decreto de Carmona Estanga, los que privaron de libertad a funcionarios, involucrados en allanamiento de la vivienda de la diputada Iris Varela.
No incluyó a prófugos de la justicia, quienes no se pusieron a derecho y quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, usado para condenar de manera injusta a tres funcionarios de la Policía Metropolitana a 30 años en 2009. En la amnistía de 2026 tampoco entran los militares rebelados de Altamira (octubre).
Paro petrolero
2. Los relacionados con el paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre del año 2002 a febrero de 2003.
Se refiere al paro petrolero que duró un aproximado de 63 días, en el que participaron altos directivos y personal técnico de la empresa, la Confederación de Trabajadores de Venezuela con el hoy exiliado Carlos Ortega, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática, en protesta por el creciente control de Chávez sobre Pdvsa que generó tensiones con el liderazgo tecnocrático de la estatal.
Chávez denunció el paro como un sabotaje contra el Estado para intentar derrocar de nuevo a su gobierno. El conflicto redujo durante dos meses la producción petrolera de 3 millones de barriles diarios a 500.000. Un hecho notorio fue la paralización en alta mar de los buques petroleros Pilín León, Altamira, el Edoardo y el San Joaquín. Las tripulaciones anclaron en alta mar y se negaron a entregar crudo a los mercados internacionales, como símbolos de resistencia contra el gobierno de Chávez
En febrero de 2003, el mandatario despidió a más de 18.000 empleados de Pdvsa. La amnistía de Chávez en 2007 también incluyó “los hechos violentos sucedidos en buques petroleros durante el paro petrolero de 2002-2003”.
Revocatorio contra Chávez
3. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar con ocasión a la convocatoria y posterior realización del referendo revocatorio presidencial del año 2004.
El 15 enero de 2004 hubo una multitudinaria marcha a favor de la convocatoria del referendo revocatorio contra Chavez que culminó a las puertas del Poder Electoral con hechos de violencia contra políticos opositores y periodistas por parte de los llamados círculos bolivarianos. La organización Súmate había recabado 3.448.747 nuevas firmas desde finales de 2003 (una cantidad similar ya recogida en el “firmazo” no fueron tomadas en cuenta por el CNE) que fueron entregadas al ente comicial el 13 de febrero.
El CNE invalidó una cantidad de firmas, argumentando que eran “planas” (repetidas) lo que generó protestas a finales de febrero (27 y 28), en las cuales resultaron heridos periodistas a manos de los grupos violentos afectos al chavismo y de la Guardia Nacional que reprimió una movilización que intentó llegar a la 12a Cumbre del G-15 que se celebraba en Caracas, para entregar un documento.
Se reportaron al menos 14 personas muertas en varias zonas del país, donde también hubo protestas, 200 heridos y alrededor 500 detenidos, contra los cuales se denunciaron torturas. Las manifestaciones se repitieron en marzo, mayo, lo que elevó la cantidad de heridos a más de 1.000. El 4 de junio el CNE aprobó el inicio de la campaña para el revocatorio que se celebró el 15 de agosto, tras un nuevo proceso de validación de firmas, Chávez no fue revocado, la oposición denunció fraude y hubo más protestas como la marcha desde el Hotel Meliá Caracas hasta la Plaza Francia, donde también hubo heridos de bala.
En la Ley de Amnistía 2026 no se menciona la llamada “lista Tascón”, publicada por el entonces diputado del chavismo, para exponer a quienes firmaron a favor de revocar el mandato a Chávez en 2004 y someterlos a represalias durante décadas.
Protestas por RCTV
4. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en mayo del año 2007.
En mayo de 2007 hubo protestas contra el cierre de la planta televisiva Radio Caracas Televisión(RCTV) después de 53 años de transmisiones ininterrumpidas. El gobierno de Hugo Chavez no le renovó la concesión a la televisora y el permiso expiró el 27 de mayo.
Hubo manifestaciones en Caracas el 19, 21, 25 (protagonizada por universitarios), el 26 hacia la sede de RCTV ubicada en Quinta Crespo (centro de la capital), 27 de mayo frente a la sede de Conatel que culminó con hechos de violencia y el 29 de mayo con heridos y detenidos. El chavismo también marchó a favor del cierre de la televisora.
5. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos entre julio y septiembre del año 2009.
Marcha contra la aprobación de la Ley de Educación del 22 de agosto, por sus implicaciones ideológicas y por afectar la libertad de expresión. Hubo represión por parte de la GNB que impidió a los manifestantes llegar al centro de Caracas.
Igualmente se dio una marcha opositora al gobierno de Chávez del 5 de septiembre de 2009, por varias avenidas de Caracas hasta la sede de la Fiscalía General de la República, en rechazo a la criminalización de la protesta.
El 24 de septiembre, 12 estudiantes de la Universidad de Oriente iniciaron una huelga de hambre para protestar por la detención del compañero Julio César Rivas, quien se manifestó contra la nueva Ley de Educación. Se sumaron a la huelga universitarios de Caracas y Táchira. La protesta que también exigió la liberación de otros presos políticos duró hasta el 30 de septiembre.
Presidenciales 2013
6.Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos acaecidos con ocasión de las elecciones presidenciales de abril del año 2013 y la proclamación de sus resultados.
Protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Venezuela, el 14 de abril de 2013, tras la muerte del presidente Chávez. Se reportaron siete muertes y 135 detenciones.
La escasa diferencia de votos entre los candidatos Nicolás Maduro y Henrique Capriles, de 50,61% a favor del primero y 49,12% para el exgobernador de Miranda provocó que la oposición exigiera un reconteo de votos que fue negado. Maduro prohibió una marcha hacia el CNE convocada por Capriles para el 17 de abril.
«La Salida»
7. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio del año 2014.
Año de manifestaciones masivas contra el gobierno de Maduro, principalmente por sus políticas económicas, en medio de una fuerte escasez de productos básicos. Fueron encabezadas por líderes políticos como Leopoldo López y María Corina Machado en un plan denominado “la salida”.
De las fuertes protestas, para el gobierno “guarimbas”, escenificadas entre el 12 de febrero, con una marcha hacia la Fiscalía que terminó en hechos violentos y muertes por disparos de colectivos y funcionarios, hasta mayo, quedó un registro de 43 muertes, más de 480 heridos y más de 1.800 detenidos. Foro Penal denunció 33 casos de torturas contra detenidos.
Por estos hechos fue detenido Leopoldo López. En 2016 fue condenado a 14 años de prisión. Permaneció detenido entre la cárcel y arresto domiciliario hasta 2020, cuando huyó del país con destino a España.
8. Los relacionados con las actuaciones de la Asamblea Nacional instalada para el período 2016-2021 y el desconocimiento de las instituciones y autoridades públicas.
El Parlamento de mayoría opositora electo en 2015 declaró la falta absoluta en el cargo de presidente de la República en enero de 2019 y dio inicio a un gobierno interino, presidido por el jefe de la AN, Juan Guaidó. Fue reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos.
El Tribunal Supremo de Justicia ya había declarado nulos todos los actos de la AN mediante sentencia de 2016, bajo la tesis del desacato por la juramentación de tres diputados de Amazonas.
Guaidó encabezó protestas y el reconocimiento internacional al interinato impidió el acceso del gobierno de Maduro, declarado ilegítimo desde comicios no competitivos de 2018, a los activos (fondos, oro, control de Citgo en EEUU y Monómeros en Colombia) de la República en el extranjero.
A partir de 2021, con un Parlamento de mayoría chavista, electo en comicios cuestionados, la AN dominada por la oposición, declaró su extensión indefinida, a través de una comisión delegada hasta el rescate del hilo constitucional en Venezuela.
La extensión del interinato fue hasta 2022, cuando la Comisión Delegada aprobó su eliminación. Sin embargo, la Delegada aún está vigente con su directiva en el exilio. Guaidó salió al exilio en 2023. La Contraloría inhabilitó a 28 diputados, un número se encuentra fuera del país, así cómo exfuncionarios del interinato.
Manifestaciones masivas de 2017
9. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos entre marzo y agosto del año 2017.
Año de manifestaciones masivas contra el gobierno de Maduro que se extendieron de abril a julio, con saldo de más de 100 muertes y más de 5.000 arrestos arbitrarios, producto de la fuerte represión de los organismos de seguridad del Estado.
El origen fue la anulación de las competencias de la AN por parte de las sentencias 155 y 156 del TSJ. La fiscal de la República, Luisa Ortega declaró ruptura del hilo constitucional.
Por estos hechos está en curso un juicio en la Corte Penal Internacional por la denunciada comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado venezolano contra manifestantes.
Las protestas culminaron con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, elegida en dudosos comicios.
10. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar entre enero y abril del año 2019, salvo los constitutivos del delito de rebelión militar.
Abarca desde el desconocimiento del gobierno de Maduro por parte de la AN en enero, con la juramentación de Guaidó como presidente encargado el 23 de enero de 2019, durante una marcha opositora en Caracas que conmemoró la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Guaidó encabezó numerosas marchas que reclamaron el cese de la usurpación del cargo por parte de Maduro y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales.
Quedan excluidos los involucrados en el intento de insurrección militar del 30 de abril, desde la base aérea de la Carlota en Caracas, convocada por líderes políticos como Leopoldo López y Guaidó, denominada “operación libertad”.
Foro Penal registró 2014 detenidos por razones políticas en 2019, entre civiles y militares, especialmente luego del 30 de abril.
Primarias y presidenciales
11. Los relacionados con la convocatoria y realización de los procesos internos para la selección de candidatos y candidatas presidenciales que tuvieron lugar en el año 2023.
El 22 de octubre de 2023, la oposición celebró elecciones primarias para escoger al candidato presidencial para los comicios de 2024. La jornada cívica no estuvo exenta de hechos de violencia. Grupos afectos al chavismo ingresaron a centros de votación ubicados en zonas cómo la parroquia San Juan de Caracas y sustrajeron material de votación. En Tinaquillo, Cojedes, dispararon contra un centro de votación.
Fueron citados por la Fiscalía General. miembros de la comisión nacional de primarias presidida por José María Casal, en el inicio de una averiguación por “usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
La investigación no prosperó, pero posteriormente fueron apresados los miembros de Súmate, que participó en la organización de las primarias, Roberto Abdul (del 6 al 20 de diciembre de 2023) y Nelida Sánchez (del 26 de agosto de 2024 al 11 de febrero de 2026).
12. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en el marco de las elecciones presidenciales celebradas en julio del año 2024.
Antes y posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se practicaron detenciones e inhabilitaciones políticas.
Las protestas contra los resultados electorales que emitió el CNE a favor de Maduro sin evidencias arrojaron alrededor de 2.000 detenciones arbitrarias en todo el país, incluyendo más de 100 adolescentes. Se reportaron 23 muertes.
Desde 2025, el gobierno viene haciendo excarcelaciones, el mayor número se ha registrado tras el ataque militar de EEUU del 3 de enero que culminó con la extracción de Maduro y de la diputada Cilia Flores.
13. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en el marco de las elecciones regionales y para la Asamblea Nacional realizadas en el año 2025.
Previo a los comicios para elegir el Parlamento y gobernaciones, el 25 de mayo de 2025, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, denunció un presunto plan de ataques contra embajadas con el objetivo de sabotear las elecciones. La acusación dio paso a la detención de 70 personas, entre ellos el dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa (24 de mayo), quien estaba en la clandestinidad luego de las presidenciales de 2024, más 17 extranjeros (colombianos, mexicanos y ucranianos).
Con estos hechos, Cabello también vinculó a Leopoldo López como uno de los supuestos encargados de financiar los planes y de hacer llegar dinero a Guanipa.