El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó cinco patrones de persecución política que intensificó el régimen de Nicolás Maduro durante la pandemia.
Desde el 16 de marzo hasta el 9 de junio, la organización, que promueve la defensa de los derechos humanos, identificó detenciones arbitrarias, allanamientos, censura y amenazas como los más frecuentes.
“En tiempos de pandemia, se agudizan los patrones de persecución por parte del régimen y la criminalización a quienes, siendo actores fundamentales en el combate de la emergencia sanitaria, son sometidos a la vulneración continua y sistemática de sus derechos humanos”, señala Cepaz en su informe.
Persecución política
La violencia mediática es el arma que usan funcionarios del gobierno para hostigar y amenazar. En la investigación se menciona el llamado que hizo el constituyente, Diosdado Cabello, en su programa Con el mazo dando, en el que dio a conocer el “plan Furia Bolivariana” para neutralizar a la oposición.
“A partir del domingo 29 de marzo y hasta principios de junio, al menos 42 personas vinculadas con el trabajo político de la oposición fueron víctimas de intimidaciones a través de pintas en las fachadas de sus residencias con amenazas e improperios”, se lee en el documento.
Se responsabiliza además al gobierno de Maduro de consentir la creación de grupos irregulares para ejercer actos violentos contra la disidencia.
El derecho humano al acceso a la justicia y al debido proceso es violado como parte de los patrones utilizados para silenciar a la disidencia.
“Desde el inicio de la cuarentena (16 de marzo de 2020) se han registrado al menos 99 nuevos casos de presos políticos hasta mayo de 2020, de los cuales desde Cepaz hemos contabilizado 10 detenciones arbitrarias que han sido directamente contra personas vinculadas a la dirigencia opositora”, destaca otro apartado.
Los empleados de la Asamblea Nacional también son amedrentados. En el informe se denuncia que el diputado Luis Parra, quien encabeza una directiva paralela en el Parlamento, despidió a más de 650 funcionarios, obreros y contratados de la institución en medio del confinamiento el pasado 28 de marzo.
Venezuela censurada
Los periodistas y trabajadores de la prensa son el primer grupo vulnerable. Al menos 26 detenciones de comunicadores sociales se llevaron a cabo en Venezuela desde la declaratoria de alerta nacional.
Las detenciones se produjeron de forma arbitraria y sin orden judicial, vulnerando no solo el derecho a la libertad de expresión sino también el del debido proceso y el acceso a la justicia.
Cepaz documentó 9 denuncias de borrado de material. Seis periodistas indicaron que agentes de seguridad les impidieron circular y reportear a pesar de tener la credencial para realizar su trabajo.
Se produjeron además 13 casos de bloqueos y cierres de medios de comunicación.
“Las prácticas opresivas del régimen han alcanzado incluso la vulneración al derecho de propiedad. Al menos 4 casos se han conocido públicamente sobre allanamientos de propiedades, el decomiso y afectación de bienes de periodistas y familiares que incluso se encuentran en el exilio y por tanto no tienen residencia en dichas viviendas”, dice el informe.
Persiguen a defensores
Al menos 11 defensores de derechos humanos han sido víctimas de persecución desde el inicio de la pandemia a través de medios de comunicación y redes sociales.
En el registro se agregan cinco defensores detenidos y otros tres amedrentados con pintas intimidatorias en sus viviendas hechos por la “Furia Bolivariana”.
Gremio de salud amenazado
Los trabajadores de la salud no solo se enfrentan a la escasez de insumos médicos para salvar vidas y protegerse de la pandemia COVID-19, también tienen que lidiar con la persecución.
Cepaz registró 14 detenciones arbitrarias de profesionales de la salud.
“Alertamos la grave crisis sanitaria que existe en Venezuela, y la violación sistemática de los derechos humanos de los profesionales de la salud”.
Control social
En el reporte se alerta sobre el uso discriminatorio de las cifras de contagiados para estigmatizar a los retornados venezolanos, “utilizándolo para continuar fortaleciendo el patrón de control basado en violaciones de derechos”.
“Es importante destacar que las estigmatizaciones en contra de los refugiados venezolanos son un patrón sistemático por parte del régimen, quien durante años los ha tildado, entre otros calificativos, de esclavos, mendigos, fascistas y golpistas camuflados. Ahora, este patrón se intensifica en tiempos de pandemia”.
En el transcurso de la pandemia se han acentuado problemas como el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la deficiencia del suministro de los servicios básicos y los índices de pobreza.
“El estado de vulnerabilidad de la población venezolana la hace dependiente de los planes sociales del régimen que aplican de forma discriminatoria.
El gobierno de facto destruye la capacidad del venezolano de autodeterminarse, y crea los programas sociales como mecanismo de control”, advierte Cepaz.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) también denunció que el aumento de la represión durante el estado de alarma “pone en cuarentena” los derechos civiles y políticos de los venezolanos.
Foto: panampost.com