Casos por los que se señala al gobierno de Maduro de cometer delitos de lesa humanidad

POLÍTICA · 5 NOVIEMBRE, 2021 09:28

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Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo


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La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) comenzará una investigación formal al gobierno de Nicolás Maduro por ser presuntamente responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Karim Khan, fiscal de la CPI, se reunió con Maduro en el Palacio de Miraflores este 3 de noviembre, para indicarle al gobernante que el organismo internacional procedería con el siguiente paso, ya que en 2018 se había abierto el examen preliminar para la investigación que ahora la Corte llevará a cabo.

La Corte Penal Internacional (CPI) es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad establecidos en el Estatuto de Roma, específicamente en el artículo 7.

Además de esta investigación que comenzó la CPI el 16 de septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela consideró en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su 45° Período de Sesiones, que  Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa y  Relaciones Interiores “ordenaron o contribuyeron” a la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” aseguró Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

¿Por qué señalan al gobierno de Miraflores por delitos de lesa humanidad?

Protestas

Responsabilidad en los asesinatos ocurrido en el marco de las protestas opositoras entre 2014 y 2017, que dejaron al menos 131 personas muertas. Solo en 2017 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló al gobierno de tener responsabilidad en la muerte de 73 manifestantes. De esos asesinatos 46 fueron atribuidos a las fuerzas de seguridad del Estado y 27 a grupos de paramilitares armados, conocidos en el país como “colectivos”.

Una de las muertes más emblemáticas en el marco de las protestas en contra de Maduro fue la del joven Juan Pablo Pernalete, quien murió luego de ser impactado por una bomba lacrimógena disparada por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Pernalete murió durante una protesta en Altamira, Caracas, el 26 de abril de 2017. Era estudiante de la Universidad Metropolitana. Tras el homicidio del joven los medios de comunicación con tendencia oficialista y algunos integrantes del gabinete de Maduro sostuvieron que Pernalete había sido asesinado con una pistola de pernos.

Incluso, Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información para ese entonces, sostuvo la tesis difundida en los medios oficialistas.

«Hay una aproximación policial que muestra con un alto grado de veracidad la posibilidad de que este joven venezolano haya sido asesinado con un arma llamada pistola de perno cautivo, que es un arma utilizada para la ganadería», declaró Villegas.

Asesinato y tortura

El asesinato y la tortura estarán bajo la lupa de la investigación que llevará a cabo la CPI. Uno de los casos emblemáticos fue la muerte del exconcejal Fernando Albán, ocurrida en octubre de 2018, dentro de la sede del Sebin, en Plaza Venezuela y que, sin previa averiguación el Gobierno informó que se trataba de un suicidio.

La Misión de la ONU que estudió el caso de Venezuela documentó contradicciones en las versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas fue la del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Tarek William Saab, quien dijo en una llamada telefónica por VTV que Albán se había suicidado.

“El concejal pidió ir al baño y, estando allí, se lanzó al vacío desde el décimo piso”, aseguró Saab.

Mientras que el entonces ministro de Interior Néstor Reverol, dio una versión un poco distinta a la de Saab, donde señaló que Albán había estado en la sala de espera del Sebin de Plaza Venezuela, a la espera de ser trasladado a la corte cuando se lanzó por la ventana.

El asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo también fue objeto de estudio de la Misión de la ONU en el país. El militar venezolano murió el 29 de junio de 2019, después de admitir en una corte militar que había sido torturado por funcionarios de la Dgcim.

Además de la muerte bajo custodia del Estado, Arévalo fue sometido a torturas y desaparición forzada. El 22 de junio de 2019 la esposa del capitán, Waleska Pérez, informó que no había tenido información sobre su marido desde el día anterior. Había ido a una reunión con militares activos y retirados. Cuatro días después, el gobierno anunció su detención por presuntamente formar parte de un golpe llamado «Vuelvan Caras«. Sus abogados no pudieron comunicarse con él hasta el 28 de junio de 2019.

El examen externo del cadáver muestra 38 heridas en su cuerpo, fracturas y quemaduras en la piel. La autopsia estableció como causa de muerte edema cerebral grave por insuficiencia respiratoria aguda causada por un politraumatismo generalizado. El 10 de julio de 2019, más de 10 días después de la muerte del capitán, las autoridades se comunicaron con la familia para que acudiera a la morgue de Bello Monte e identificaran el cuerpo.

Ejecuciones extrajudiciales

En mayo de 2018 un panel de expertos independientes internacionales que fue creado por iniciativa de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), conformado por Irwin Cutler, exministro de Justicia de Canadá, Manuel Ventura, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Santiago Cantón, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este panel presentó un informe en el que revelaron que desde el año 2015, en Venezuela , se habían documentado 8.292 ejecuciones extrajudiciales.

“En muchos casos son resultado de allanamientos ilegales y violentos de viviendas realizados por los diferentes cuerpos de seguridad del Estado”, se le en el informe.

Muchas de estas ejecuciones extrajudiciales han sido documentadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos del país, pero también aparecen en el informe de la la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó en un informe publicado en julio de 2019, disolver de manera inmediata a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes-PNB), por ser considerado uno de los grupos policiales más letales del país.

A pesar de la recomendación de Bachelet, Maduro no ha disuelto al organismo y en su lugar celebró y les dio su apoyo logístico y físico “que viva el Faes”, dijo el mandatario a pocos días de que la ONU recomendara la eliminación del grupo de exterminio.

Detenciones arbitrarias

Solo en mayo de 2018 el panel de expertos de la OEA determinó en su informe que al menos 12 mil venezolanos habían sido detenidos de manera arbitraria desde que Nicolás Maduro fue electo como presidente del país.

Por su parte el equipo de la Misión de Determinación de Hecho encontró motivos razonables para creer que durante el periodo que examinaron, el Gobierno utilizó las detenciones arbitrarias para atacar a personas por su afiliación, participación, puntos de vistas, opiniones o expresiones políticas.

“La Misión también tiene motivos razonables para concluir que esas detenciones arbitrarias no constituyeron actos aislados o aleatorios. La reiteración de la conducta, las similitudes en el modus operandi y la participación de diferentes instituciones estatales en distintos niveles, como se ilustra a continuación y se informa en los relatos de las víctimas, los testigos y otras fuentes, muestran que las detenciones arbitrarias de opositores o críticos se llevaron a cabo de manera sistemática686. Los disidentes seleccionados también fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración y de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a manos de los organismos de inteligencia.”, se detalla en el documento.

Presos políticos

El encarcelamiento de personas opositoras al Gobierno fue otra de las violaciones señaladas los informes de la OEA y la ONU.

La Misión reveló que desde el 1 de enero de 2014 hasta el 15 de julio de 2020 la organización Foro Penal documentó 3.479 detenciones por motivos políticos en el país, de las cuales 902 fueron detenciones selectivas y el resto se produjeron en el contexto de protestas,

“Foro Penal describe un fenómeno de ‘puerta giratoria‘ en los casos en que, a medida que se detiene a algunas personas, se libera a otras, de modo que el número de detenidos permanece algo fijo en el tiempo”, se explica en el informe.

Los expertos de la ONU organizaron la investigación sobre los presos políticos en dos categorías, que se conocen como objetivos políticos y asociados o presuntos asociados, que fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el segundo reglón lo conforman los objetivos militares y asociados que fueron detenidos por la Dirección de Contra Inteligencia Militar (Dgcim).

“Los objetos y asociados militares han sido por lo general sometidos a un trato especialmente severo”, explican.