El coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación, Gerardo Blyde, expresó que no es normal “que se judicialice un proceso interno (de elecciones) protegido además por un acuerdo. Esto puede implicar un grave problema para el cumplimiento del acuerdo”, indicó en un comunicado de prensa.
Blyde reiteró que el proceso de las primarias está protegido dentro del acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos firmado en Barbados, entre el gobierno y la oposición. El también abogado detalló que este documento las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales, pautadas para el segundo semestre de 2024.
El representante de la oposición explicó que los voceros del oficialismo, quienes han insistido en tildar de fraude el resultado de las primarias opositoras, están citando puntos distintos contenidos en el acuerdo.
“Yo creo que no se esperaban ese nivel de participación. Están leyendo condiciones acordadas entre las partes para procesos electorales como la presidencial como si se hubieran suscrito para las primarias y eso no es cierto”, expresó Blyde.
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El dirigente opositor agregó que, aunque en la política es normal que el contrario trate de desvirtuar los hechos de la contraparte, no considera normal que se haya judicializado el proceso. Blyde adelantó que reclamarán ante la comisión de verificación y seguimiento de manera contundente.
Blyde rescata que el acuerdo permitió la realización de las primarias el pasado domingo. “Si no, el TSJ o algún otro agente hubiera bloqueado el proceso. Hoy estamos viendo las consecuencias de haberlas podido celebrar mayoritariamente en paz”.
El coordinador de la Delegación agregó que el acuerdo de Barbados “garantiza un piso que no teníamos. Permitió desestimar una mega elección para 2024 y que el cronograma se desarrolle en el último semestre, garantiza la observación internacional calificada de organismos robustos como la Unión Europea, Naciones Unidas, el Centro Carter; estipula la depuración del registro electoral, la inscripción de los venezolanos en el exterior, la realización de todas las auditorías al sistema electoral”.
Aclara a quienes critican que el documento es el cumplimiento de la Constitución que “justamente esa es la fuerza. En 2018 Maduro decidió con quién, contra quién, dónde, cuándo y con qué reglas competía y eso produjo todo el proceso de ilegitimidad de 2018. Hoy estamos garantizando condiciones para hacer competitivo el proceso y hacer posible una victoria electoral”.
Blyde además explicó que estos acuerdos ponen mayor carga de cumplimiento a quienes dominan las instituciones “porque es quien debe ejecutar lo que establecimos en el acuerdo. Nuestro rol será supervisar su cumplimiento, que incluye todas esas cosas por las que hemos luchado tanto tiempo y que ahora están escritas y firmadas”.
Reitertó que el acuerdo estableció además “con principio de celeridad constitucional, un procedimiento, ya sea administrativo o judicial, mediante el cual todo candidato a la presidencia que esté sometido a una inhabilitación administrativa, debe respetársele su derecho constitucional y rehabilitar” y explicó que hay que hacer una comisión que va a determinar cuál va a ser el procedimiento a seguir para producir con celeridad esas habilitaciones”.
Blyde aseguró además que los cambios geopolíticos aceleraron la firma de este acuerdo, lo que nos lleva a entender que “para que regrese la democracia en Venezuela debemos conectar los intereses de quienes pueden ayudarnos a que eso suceda con los nuestros, para buscar juntos en una mesa de negociación ambos intereses a favor de la democracia en Venezuela”.
Con información de nota de prensa