La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 27 de octubre la designación de los integrantes del Observatorio para el Fraude Electoral, entre los cuales hay cinco diputados y cuatro miembros de la sociedad civil.
Mediante un punto de cuenta previo a la agenda legislativa se informó que las y los diputados Olivia Lozano, Deyalitza Aray, Ivlev Silva Malavé, Luis Florido y José Gregorio Graterol integran la instancia. Los representantes de la sociedad civil son: Abel González Herrera, Maribel Ferrer, Read Bujana Saldivia y Eduardo Páez Pumar.
De acuerdo con un acuerdo aprobado por la AN el 20 de octubre, las funciones del Observatorio son:
1) Recopilar y sistematizar todas la violaciones de las leyes electorales y la Constitución de manera que sea accesible para la comunidad nacional e internacional, y que sirva de referencia para establecer la responsabilidad de dichas violaciones.
2) Presentar a la opinión pública nacional e internacional toda la información sobre la violación de los derechos políticos y el secuestro del voto libre como mecanismos para reinstitucionalización del país.
3) Trabajar de manera activa en la búsqueda de soluciones a la crisis institucional y la generación de mecanismos para buscar el efectivo ejercicio del voto libre en Venezuela.
Sustituciones
Tras esta designación, también se anunciaron sustituciones en el Comité Organizador de la Consulta Popular, juramentado el 13 de octubre. Marlene Robles asume por la escritora Carolina Jaimes Branger, Jesús Suárez por el consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, Rafael Punceles y Eduardo Ramírez por la consejera universitaria de la Universidad Central de Venezuela, Estefanía Cervó.
Aún no se precisa la fecha de la consulta popular que será activada por la oposición para que los ciudadanos rechacen las elecciones parlamentarias que convocó el Consejo Nacional Electoral para el 6 de diciembre y avale las actuaciones del Gobierno interino para lograr el cambio político en el país.
El Comité está integrado además por la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, el exministro de Ambiente, Enrique Colmenares Finol, el experto petrolero, Horacio Medina y la socióloga, Isabel Pereira Pizani.
Feminicidios en Trinidad y Tobago
La plenaria del Parlamento, que se reunió vía Zoom, también aprobó este martes un acuerdo en rechazo al asesinato de la venezolana Jhandrys Espinoza, a manos de su pareja de nacionalidad cubana, Aroldo Vidal, de 42 años, funcionario de la embajada venezolana en Trinidad y Tobago, controlada por el gobierno de Nicolás Maduro.
Espinoza, oriunda de Nueva Esparta, tenía tres meses de embarazo y llevaba tres años en el país caribeño. El hecho ocurrió el jueves 22 de octubre y se convierte en la segunda venezolana que pierde la vida en ese país en dos meses.
El presidente interino y de la AN, Juan Guaidó, quien encabezó la sesión ordinaria hasta la discusión de dicho punto para luego ausentarse, subrayó que los ciudadanos venezolanos tienen pleno derecho donde se encuentren. Hizo un llamado al gobierno de Trinidad y Tobago para que tome medidas dirigidas a protegerlos y que cesen en esa nación los crímenes y tratos discriminatorios solo por el hecho de haber emigrado.
“Los venezolanos no emigran por capricho, huyen de una tragedia, de un gobierno señalado de violar derechos humanos. Tanto que la dictadura habla de soberanía y las embajadas están conformadas por cubanos que hacen seguimientos, inteligencia y contrainteligencia y algunos cometen crímenes como este señor”, dijo.
En agosto, también en Trinidad y Tobago, otra venezolana, Johanna Díaz de 32 años fue asesinada por su expareja, mientras que la modelo Estefani Flores de 18 años, fue brutalmente apuñalada por ciudadanos de ese país y se recupera de serias lesiones en un ojo.
Tráfico de personas
La diputada Manuela Bolívar alertó que 4.000 mujeres han sido víctimas de tráfico de personas en Trinidad y Tobago, de las cuales 43% llegan desde el estado Sucre y 63% de zonas rurales de Venezuela. Indicó que son cinco los feminicidios ocurridos en ese país durante 2020, mientras los gobiernos de ambos países guardan silencio.
“Aquí no se puede hablar sólo de omisión sino silencio culposo, ellos han expulsado 165 personas venezolanas en las últimas semanas, la situación de los refugiados violenta sus derechos, el Gobierno de ese país no puede seguir callado ante el Estado criminal que se lucra del narcotráfico y el tráfico de personas, la región del Caribe debe pronunciarse contra estos delitos, ese gobierno se convierte en cómplice con su silencio”, rechaza la parlamentaria.
El acuerdo plantea además la creación de un registro venezolanos víctimas de asesinatos, especialmente los feminicidios y tratos discriminatorios en otros países además de Trinidad y Tobago y el envío de una comunicación al comisionado de la secretaría general de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky para coordinar acciones.
Se pide a los países dar estatuto de refugiados a los venezolanos en el exterior dadas las condiciones en las que huyen de Venezuela según el acuerdo de Cartagena, para activar normativas y mecanismos que den respuesta a la migración y resguarde sus derechos.