Rechazo. En sesión ordinaria virtual de este martes 21 de abril, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo en rechazo a la politización de la emergencia por COVID-19, para arremeter contra el gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz.
“Registramos persecución a periodistas, médicos y autoridades de Nueva Esparta. La dictadura ha usado la pandemia para seguir persiguiendo y generar censura. No es a través de esto que se actúa, cuando estas personas están trabajando con las uñas para contener el virus, el trabajo se hace respetando las competencias”, advirtió el presidente de la AN, Juan Guaidó.
Este lunes 20 de abril, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó sobre 63 contagios relacionados con la academia de béisbol Roberto Vahlis que seguía prestando servicios pese a la cuarentena, en Nueva Esparta.
Reportó 29 nuevos casos, de los cuales 21 corresponden a efectivos del Comando de la Guardia Costera de la Guardia Nacional (GNB). La cifra nacional de casos confirmados del virus en el país se ubicó en 285 y 10 muertes.
Guaidó, a quién más de 50 países reconocen como presidente encargado de Venezuela, expresó su solidaridad con el pueblo y el gobernador Díaz, así como con los pescadores de Araya, en el estado Sucre, que se ven impedidos de salir a trabajar por falta de combustible.
Recordó que la profundización en la escasez de gasolina y fallas en otros servicios no tienen nada que ver con la llegada del virus.
“Nuestro respaldo a Alfredo Díaz, al pueblo de Margarita y a todos los que protestan”, dijo una vez aprobado el acuerdo que también rechazó las actuaciones del llamado protector de Nueva Esparta, Dante Rivas. El también ministro de Acuicultura y Pesca es señalado de tener el control total de la entidad, con apoyo de los militares y la administración de Nicolás Maduro.
Se violenta cerco epidemiológico
El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguró el 19 abril que dos funcionarios de la gobernación de Nueva Esparta “se hicieron la vista gorda” sobre la situación de la academia. Luego amenazó al gobernador Díaz y sus funcionarios.
Ante estos señalamientos el diputado por Nueva Esparta, Oscar Ronderos, atribuyó la grave crisis que vive la isla a las “terribles respuestas” dadas por el Ejecutivo a la situación.
“A Nueva Esparta le arrebataron sus competencias de salud en octubre de 2019 y ahora culpan al Gobernador que no tiene potestad en la Dirección de Salud, ni de la unidad de epidemiología”, fustigó.
Previo a la sesión virtual a través de la aplicación Zoom, el parlamentario denunció que en la región insular se sigue violentando el cerco epidemiológico porque la mencionada fragata de la Guardia Costera llegó a la isla, convirtiéndose en un nuevo foco del virus. Precisó que se trató de una embarcación con personal que estuvo en Los Roques y que luego viajó a La Guaira sin el adecuado seguimiento ni aplicación de pruebas para detectar la enfermedad.
“Se permitió previamente el ingreso de una persona procedente de República Dominicana, ligado a la academia de béisbol a la isla y luego viajó al municipio Acevedo del estado Miranda, esto debe investigarse”, pidió.
El diputado Magalvi Estaba acotó que Rivas y la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) controlan hasta el zarpe de pescadores de la isla y otorgan los salvoconductos.
“Ellos deciden a qué hora se debe echar gasolina y por salvoconducto, se cobra hasta 20 dólares por el salvoconducto y eso es grave y aun así, arremeten contra el Gobernador”, denunció.
Los parlamentarios neoespartanos exigieron a la administración de Nicolás Maduro le devuelva sus competencias al gobernador Díaz y a todas las autoridades regionales de oposición, sometidas a las arbitrariedades de los llamados protectores.
Educación a distancia
El Parlamento venezolano también se pronunció contra la metodología de educación a distancia implementada por la administración de Maduro, a través del Ministerio de Educación. Consideraron que la medida descuida la calidad educativa y es inviable en un contexto de precariedad de los servicios como electricidad e internet en Venezuela.
“Con esta metodología de educación a distancia queda excluido el 75% de estudiantes que tienen garantizada es la pérdida del año escolar. Los estudiantes no cuentan con computadoras ni teléfonos inteligentes, tampoco los docentes, no hay electricidad constante, el internet es intermitente”, alertó la diputada Bolivia Suárez.
Planteó al Gobierno interino que, a través del Plan País, se le garantice una ayuda socioeconómica a 450 mil educadores, porque, apuntó, el chavismo “no los ha tomado en cuenta”.
Anunció una reunión con gremios educativos, universidades y sociedades de representantes para elaborar un plan de trabajo para la culminación del año escolar.
“En Amazonas solo un municipio tiene electricidad, el resto funciona con plantas eléctricas y no pueden funcionar sin combustible. Los indígenas no tienen derecho a la educación. Es mejor esperar a que termine la pandemia y culminar el año escolar si es posible entre septiembre y diciembre. Ahorita la prioridad es resguardar la salud”, pidió la legisladora Rosa Petit.
Contenidos errados
Otros parlamentarios se refirieron a los programas educativos que imparte el canal del Estado, VTV, para asegurar que difunde contenidos errados. También alertaron que instituciones educativas como el San José de Tarbes en El Paraíso (Caracas) o la Universidad de Oriente (UDO) fueron blanco de actos vandálicos sin que los cuerpos de seguridad actuaran.
Temen que una vez se supere la pandemia los estudiantes solo encuentren instalaciones desvalijadas.
“Hemos visto las protestas de sindicatos y gremios educativos, las necesidades se ha agravado con la pandemia y las víctimas son los niños. Extendemos el reconocimiento a los padres que están haciendo un esfuerzo en los hogares”, agregó Guaidó.
Nulidad de decreto minero
El Poder Legislativo declaró mediante la aprobación de otro acuerdo la nulidad de la resolución N° 0010 del Ministerio de Minería Ecológica, que autoriza “de manera ilegal” la minería en los ríos Caroní, Caura, Aro, Cuchivero, Yuruarí y Cuyuní en el estado Bolívar.
En el texto se prevé además que se eleve un alerta a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) por “etnocidio” contra 22 comunidades indígenas que son de esta región; así como otra de ecocidio, por tratarse de zonas naturales protegidas.
Guaidó advirtió que no permitirán que “la dictadura siga soportando actividades del narcotráfico y la guerrilla”, a través de la explotación ilegal de la minería en detrimento de los recursos naturales venezolanos.
Consejo de Contraloría
La plenaria aprobó igualmente, en primera discusión, la Ley para el Funcionamiento del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela. El objetivo es “regular las funciones del Consejo de Contraloría y garantizar la transparencia de los recursos manejados por la presidencia interina”.
El Consejo Contralor fue aprobado por la AN el 12 de febrero y ejercerá funciones contraloras sobre el Gobierno encargado, la AN, así como las juntas ad hoc de empresas y organismos del Estado y la oficina del Procurador Especial.
El informe fue remitido a la Comisión de Finanzas para que elabore el informe para la segunda discusión y pronta sanción en plenaria.