«Ley de la Verdad y la Memoria Histórica sobre Derechos Humanos», es la denominación del proyecto que la mayoría del chavismo en la Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó en primera discusión, con el objetivo de plasmar «para la historia» su versión sobre las violaciones de derechos fundamentales en Venezuela.
A diferencia de la casi totalidad de los instrumentos legales, la fracción de la Alianza Democrática no votó a favor esta vez. Diputados como Bruno Gallo, de Avanzada Progresista, expresaron su rechazo por el hecho de que el chavismo solo considere que hubo violaciones de DDHH, en hechos anteriores al año 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder pero no después y hasta la actualidad.
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Al presentar la iniciativa legal, la diputada de la Comisión Permanente de Política Interior Carolina García (Psuv) señaló que busca proteger, salvaguardar y difundirla la verdad, especialmente de los sucesos registrados a partir de 1958 en el país, en los que haya habido víctimas de asesinatos individuales o masacres, torturas, desapariciones forzadas, entre otros crímenes de lesa humanidad.
Aseguró que la ley consagra el derecho a la no repetición, además de reconocer luchas populares y de movimientos sociales por la defensa de DDHH, «la autodeterminación de los pueblos, la libertad, la igualdad y la justicia social».
Recalcó que la ley está ligada al «derecho a la verdad», mediante el esclarecimiento de los hechos ocurridos y su «comprensión por medio de la justicia» y la reconstrucción de los sucesos en cada uno de los períodos de gobierno, que tildó de represivos, en los que hubo tratos crueles e inhumanos y degradantes contra los venezolanos.
«Deber moral»
La legisladora de 2020 hizo mención de hechos como el Porteñazo (1962, durante el gobierno de Rómulo Betancourt), el Carupanazo (ocurrido el mismo año), las masacres de Yumare (1986, involucró a la extinta Disip, gobierno de Jaime Lusinchi), Cantaura (1982 durante el gobierno de Luis Herrera Campins), el Amparo (Apure, 1988, gobierno de Lusinchi), el 11 de abril de 2002 (golpe de Estado contra Hugo Chávez) sin dejar de mencionar situaciones de «intervención de gobiernos extranjeros».
Indicó que la represión en los llamados gobiernos democráticos cobró más de 10.000 víctimas indirectas y más de 50.000 indirectas. Otros diputados del Psuv también mencionaron asesinatos como el del secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Alberto Lovera en 1965 y el de Jorge Rodríguez padre en 1976.
«Es un deber moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido y evitar de esta manera la repetición de hechos trágicos para la historia (…) la historia no puede construirse desde el olvido y el silencio de los vencidos, el olvido no es una opción», dijo.
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García resaltó que el Parlamento está innovando con la normativa que se traducirá, aseguró, en políticas permanentes de protección de DDHH.
Nada dijo de los señalamientos por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Nicolás Maduro, durante las protestas masivas de 2014 y 2017, por los cuales cursa una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI). La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas también ha documentado violaciones de DDHH en tres informes presentados ante el Consejo de DDHH de la ONU.
Asesinatos en protestas
El diputado Gallo advirtió que quienes dispararon balas y lagrimógenas contra manifestantes durante las protestas masivas de 2014 y 2017 en el país también debían ser investigados y castigados. Sin mencionar el nombre, aludió a la muerte del estudiante de la Universidad Metropolitana de Caracas, Juan Pablo Pernalete, quien falleció producto del impacto de una bomba lagrimógena en el pecho hace seis años.
«¿Esta ley no contempla sino la violaciones de DDHH sino hasta 1998? Yo creo que eso es inaceptable, es lo que motiva la abstención en el voto de esta ley», fustigó.
La primera vicepresidenta de la AN de 2020, Iris Varela lo interrumpió para aclararle que hay hechos recientes sujetos a investigación penal y que todavía no se ha determinado quiénes son los culpables, por lo que la ley se refiere a la memoria histórica.
«Tenemos que centrarnos en el debate, nadie más que nosotros está interesado en que los responsables de las guarimbas paguen. No vamos a tergiversar el espíritu de esta ley», zanjó, dando por terminada la intervención de Gallo.
Previamente afirmó que si no se aprobaba la ley se corría el riesgo de que se tergiversara la verdad de hechos ocurridos en el país y la «lucha verdadera» por la defensa de los derechos humanos, consagrada en la Constitución de 1999.