La organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional denunció que tras la judicialización al proceso de elecciones primarias de la oposición en Venezuela, «la política de represión que busca silenciar a la disidencia y ejercer un control social en Venezuela se mantiene plenamente vigente», dijeron en un comunicado este martes 31 de octubre.
En el texto señalan sus denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el pasado 12 de septiembre, cuando expusieron «los picos represivos» por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que violan derechos a la libertad de expresión, la asociación y la manifestación pacífica.
«Las recientes medidas anunciadas contra la Comisión Nacional de Primaria, sus representantes y los resultados del proceso son una muestra más de la política de represión del gobierno venezolano que busca obstaculizar las libertades de quienes quieren ejercer su derecho la participación en asuntos públicos consagrado en tratados internacionales de derechos humanos», expresaron.
Entre las recomendaciones que en el pasado esta organización ha hecho a las autoridades venezolanas están la de abstenerse a emplear inhabilitaciones políticas como las que aplicaron a María Corina Machado en junio pasado, el cese de la persecución a los opositores por razones políticas y garantizar la participación de todos los actores en la vida política del país.
«El gobierno venezolano lleva años asfixiando el espacio cívico a través de la estigmatización, el hostigamiento y la criminalización de la sociedad civil y de personas percibidas como críticas al gobierno. Las acciones tomadas por el Ministerio Público, alineadas con declaraciones de autoridades estatales, elevan las alarmas de posibles detenciones arbitrarias tan ampliamente denunciadas», mencionaron.
Política de represión no es novedad
El miércoles 25 de octubre, la Fiscalía anunció el inicio de una investigación contra tres miembros de la Comisión de Primaria (Jesús María Casal, presidente; Mildred Camero, vicepresidenta y Roberto Abdul, como miembro principal y representante de Súmate), así mismo contra los coordinadores de las juntas regionales, a quienes señaló de cometer supuestos delitos de usurpación de identidad y de funciones electorales, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Cinco después citaron a comparecer ante el Ministerio Público a estas tres personas y a organizadores de la consulta interna de la plataforma unitaria en Caracas, Anzoátegui, Apure, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda y Táchira.
Además, este 30 de octubre la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió un recurso de amparo cautelar contra el proceso, a petición del diputado disidente opositor José Brito, con el que dejó sin efecto los resultados y todo el proceso de las primarias, que se celebraron el domingo 22 de octubre.
Para Amnistía estos hechos forman parte de una «política de represión» que aseguraron «no es una novedad y la comunidad internacional no debe bajar los brazos en la defensa de los derechos humanos en Venezuela,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en el comunicado.
Evitar escalada de violación a DDHH
Recordaron la investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el gobierno de Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
“Nadie debe olvidar que tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU han concluido que existen razones para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad».
Sobre ello añadieron que «el escrutinio y los mecanismos de justicia internacional son más necesarios que nunca para evitar una nueva escalada de crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, especialmente durante el periodo electoral que recién comienza».