Amazonas recuperó una curul en la AN este #17Jul

El diputado Romel Guzamana cruzó palabras con el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, minutos antes de que la campana marcara el inicio de la sesión. Se distinguía por el penacho sobre la cabeza que lleva como representante indígena del estado Amazonas.

El visitante habitual del Parlamento, que había solicitado ser reincorporado desde enero de este año, logró que la directiva lo integrara como miembro activo de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la sesión de este 17 de julio, una decisión que había sido aplazada por el decreto de desacato que impuso el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2016.

De las impugnaciones de los diputados de Amazonas al “desacato” (+Línea de tiempo)

Barboza informó brevemente la incorporación de Guzamana y aseguró desde la tribuna del hemiciclo que el resto de los diputados indígenas no se han sumado porque “no han mostrado interés” de hacerlo.

La afirmación de Barboza contradice lo dicho por Guzamana doce días antes, el 5 de julio: “¿Por qué los compañeros de los otros partidos no quieren discutir el caso de los tres diputados de Amazonas?, el problema no es que estamos en desacato, el tema es que queremos que Amazonas tenga voz y que Apure tenga voz (en el Parlamento)”, expresó el representante indígena responsabilizando a la directiva de la AN.

El TSJ en el exilio -nombrado por la AN en 2017- intervino en el caso y ordenó, el 9 de julio, incorporar de inmediato a los diputados Julio Harón Igarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana y dejar sin efecto el dictamen del Poder Judicial con mayoría chavista en Venezuela.

“Aquí tiene que haber una verdadera unidad nacional. Los diputados y partidos han hecho reuniones últimamente y pudiera haber próximamente un pronunciamiento de verdadera unidad (…) Si los diputados y los partidos de Venezuela permiten que se haga el referéndum revocatorio que el Gobierno quiere hacer se estaría fulminando definitivamente la democracia por lo que hay que unirse y empezar a hacer acciones”, declaró el diputado de Amazonas en referencia a la amenaza que hace el constituyente Diosdado Cabello de revocar los cargos de los diputados de la AN.

La sesión de este 17 de julio se retrasó por la visita que hicieron funcionarios del Servicios Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a la casa del diputado Tomás Guanipa. La fracción de Primero Justicia denunció que Guanipa era “acosado” por funcionarios con armas largas y el jefe de la bancada de la MUD, Juan Guaidó, pidió que se designara una comisión especial para acompañar al parlamentario en su domicilio.

Minutos después, Guanipa entró al hemiciclo de sesiones y aseguró que el Sebin había amenazado con entrar a su vivienda donde estaban su esposa y sus hijos pequeños.

El diputado @TomasGuanipa: Funcionarios del Sebin pretendían entrar en mi residencia. Apuntaban desde afuera hacia mi casa, en donde se encontraba mi familia. #17Jul #SesiónAN pic.twitter.com/KwHpaC4pYj

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) July 17, 2018

Orden del día

Los parlamentarios aprobaron un acuerdo para exhortar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro publicar las cifras de desnutrición infantil en el país.

Durante el debate también se aprobó un acuerdo en conmemoración de los 20 años de la Firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y se decidió remitir a la CPI pruebas que demuestran violaciones de derechos humanos en el país.

La crisis eléctrica en el estado Zulia fue discutida por los parlamentarios. El diputado Juan Carlos Velazco señaló que las termoeléctricas del Zulia están destruidas.

“Maracaibo está dependiendo ahora del Sistema Interconectado de Guri, requerimos 2.000 megavatios y solo recibimos 1.200 megavatios”, dijo.

El presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Aviem), Winston Cabas, precisó que la ciudad de Maracaibo tiene 2.300 megavatios instalados en plantas termoeléctricas y a duras penas funcionan 200 megavatios.

Los parlamentarios de oposición condenaron la represión en Nicaragua que ha cobrado la vida de más de 200 personas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH denuncia intensa represión en Nicaragua y oficializa cifra de 264 muertos