Alertan sobre traslado de policías metropolitanos a cárcel común en Barquisimeto

POLÍTICA · 22 OCTUBRE, 2021 10:19

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Ibis Leon | @ibisL


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Los policías metropolitanos Héctor Rovain, Erasmo Bolívar y Luis Molina, imputados por las muertes ocurridas en Puente Llaguno el 11 de abril de 2002, fueron trasladados de la cárcel militar Ramo Verde, donde cumplían condena, al recinto penitenciario Fenix en Barquisimeto (estado Lara).

Familiares y defensores de derechos humanos alertan sobre el cambio sorpresa de centro de reclusión y advierten que su seguridad está en peligro en una cárcel para presos comunes.

Una llamada telefónica desde Ramo Verde, a las 4:00 de la mañana de este viernes 22 de octubre, provocó la alerta en las familias de los funcionarios que sostienen su inocencia después de 18 años privados de libertad.

“Su estado anímico es fatal, estamos asustados desde que empezaron los traslados. Después de 18 años y cinco meses de injusta prisión sufre de depresión, de gastritis y de hipertensión”, advierte Laura Pérez, exesposa de Molina.

La cárcel que les fue asignada está ubicada en Barquisimeto, estado Lara, aunque sus familiares viven en La Guaira y Miranda (Guatire).

Pérez asegura temer por la integridad física de Molina y hace referencia a la muerte bajo custodia del Estado del general Raúl Isaías Baduel a quien conoció cuando cumplió parte de su condena en Ramo Verde.

“Si lo hicieron con el general, que es el alto rango de la Fuerza Armada, y no les importó su vida, mucho menos la de unos funcionarios policiales que ellos consideran unos asesinos”, expresó.

La abogada y defensora de derechos humanos Theresly Malavé señaló que a los policías les corresponde fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena al cumplir más de la mitad de la condena a la que fueron sentenciados.

“Los trasladaron a la cárcel Fénix, en Barquisimeto, alejándolos más de su núcleo familiar, a los tres policías metropolitanos por el caso 11 de abril. El deber ser es otorgarles beneficios procesales, no castigarlos más por unos delitos que no cometieron”, cuestionó la directora de Fundepro, Jackeline Sandoval.

La ONG Foro Penal los considera presos políticos. El delito por el que fueron condenados es “homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva”.

“Ninguno disparó su arma ese día, pero igual los declaran culpables. No hay pruebas”, sostiene Pérez.