Y se llevaron a los niños - Efecto Cocuyo

OPINIÓN · 7 FEBRERO, 2019 05:16

Y se llevaron a los niños

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Escrito por Marelia Armas Molina, Kayré García Graffe, Roneisy González Espejo y John Souto Rey (*)

Los 77

En medio de la inquietante crisis que vive nuestro país durante las últimas semanas, el decorado y narrativa de horror que ha gestado las políticas de seguridad ciudadana de una era que todavía no llega a su fin, parece haber agregado un nuevo giro en su prolongada historia: La detención y encarcelamiento de niños y adolescentes. El 28 de enero el Foro Penal hacia un balance de 850 detenidos tras 5 días de protestas, entre los cuales se encontraban 77 menores de edad.

La mayor parte de los operativos que generaron estás detenciones ocurrieron en sectores populares como Cotiza, Catia, La Vega o Carapita, por sólo mencionar algunas de la comunidades afectadas que además, corresponden a los escenarios que sufren de forma más encarnada las carencias y la exclusión social en la capital. Los registros y testimonios señalan a las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) y a la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) como los principales operadores de esta política de “mano dura”.

Keymer Ávila, investigador social venezolano que viene realizado uno de los seguimientos más sistemáticos sobre las políticas públicas y los cuerpos de seguridad, describió recientemente como éstos: “toman militarmente una zona concreta, como si fuesen un ejército de ocupación y generalmente ‘cazan’ a sus objetivos. No es una lógica de seguridad ciudadana en la que se debe prevenir o detener en el marco de la legalidad a un delincuente, no, en su caso ellos entienden que tienen que llegar a ‘dar de baja’ a ‘elementos’ que no son personas sino enemigos.” A lo dicho agrega que este actuar tienen alcance a modo de “…carta blanca para ejercer el poder de manera ilimitada, sin controles, consecuencias legales, ni responsabilidad ulterior, por tiempo prolongado” (Ávila, 2019[1]).

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La FAES

Fue esta lógica de guerra y horror la que acompañó la aprensión de los 77 niños y jóvenes en días recientes, cifra que como siempre no abarca a la totalidad de los casos que en efecto ocurrieron y que posiblemente continuaron dándose en los días siguientes. Muchos de estos fueron apresados en sus propias casas, con procesos irregulares donde se alteraban las horas y el lugar de la ocurrencia, acusándoles sin evidencias de los saqueos u otros hechos derivados de las protestas, pasándolos a sitios de reclusión donde han sido maltratados y humillados.

Días de pasado presente

La angustia e indignación que nos generó esta situación, al mismo tiempo permitió que retomáramos registros de un grupo de niños[2] con los que trabajamos en una de las comunidades populares antes mencionadas. Esa experiencia se enmarca en una iniciativa de investigación que organiza actividades en diferentes sectores populares, especialmente con niños, niñas y jóvenes, un tanto para crear espacios y redes apoyo y otro tanto para registrar sus experiencias y su perspectivas en torno a la violencia.

El lugar de la actividad corresponde a una escuela en lo alto de una comunidad donde persiste una larga y dolorosa historia de violencia armada entre bandas y con los cuerpos de seguridad.  El grupo en cuestión estaba conformado por tres niños y dos niñas de unos seis años. Ese día simplemente hacíamos un ejercicio para reforzar la iniciación en lectura. Mientras delineábamos dibujos que asociábamos con letras el grupo se notaba inquieto y Cristhian, muy hostil, rechazaba la actividad, decía que le fastidiaba, agitaba las piernas, se quería parar, se tomaba la cabeza con las manos y empezó a comentar a modo de murmullo:

-Cristhian: Los voy a joder, los voy a joder.

– José (psicólogo): ¿Qué pasa Cristhian?

– Cristhian: Nada, que los voy a joder.

– José (psicólogo): ¿A quién?

– Jorge: Es que vinieron unos policías y se llevaron a los niños.

– Angelina (psicóloga): ¿Se llevaron a unos niños? Pero la policía no se puede llevar a los niños.

– Rebecca: Sí, el martes se llevaron unos niños a mí me lo dijeron.

– José (psicólogo): ¿Quién te dijo eso?

– Rebecca: La gente, todos lo saben.

– Eduardo: Todos lo saben. Bueno, no sé ¿Tú crees que nos pueden llevar?

– José (psicólogo): Los policías no pueden llevarse a los niños ¿Eso es lo que te preocupa ti Cristhian?

– Cristhian: Yo los voy a joder, porque se llevaron a mi papá, lo metieron en la cárcel, yo me voy a meter a malandro, quiero crecer rápido, voy conseguir una pistola y los voy a joder, a todos esos policías.

– José (psicólogo): ¿Se lo llevaron estos días? ¿El martes?

– Cristhian: No, eso fue hace tiempo, él está en la cárcel.

La nota de campo es más larga e incluye nuestro intento de precisar cómo se había instalado el terror que nos transmitían niñas y niños sobre la posibilidad de ser retenidos por los cuerpos de seguridad. Además de expresar la presencia de un régimen perseguidor en la cotidianidad, estos(as) niños(as) y en especial Cristhian, coloca sobre la mesa las prácticas que desgarran el tejido social y afectivo de la comunidad, expulsando a una población que de por sí ya está en exclusión, reproduciendo pérdidas que favorecerán a su vez, nuevos ciclos de venganza y violencia.

Este registro pudiera pertenecer a la actualidad pero lo cierto es que tiene casi dos años. Lo que hoy nos aterra e indigna no es una novedad y eso no lo hace menos dramático. Al contrario, recuerda lo complejo y profundo de la problemática social que nos atraviesa y de lógicas de terror que se gestaron hace tiempo pero con los eventos de estos día muestran otra cara.

Las marcas de la violencia permiten trazar un largo recorrido de pérdidas, duelos, muertes y venganzas. A Cristhian lo dejamos de ver al poco tiempo, pues su familia se lo llevó a otra comunidad, iniciativa que traducía un loable esfuerzo por protegerlo, pero que seguro tuvo el costo de nuevas pérdidas afectivas y la ruptura de la red de apoyo que se estaba instaurando en torno a él.

¿Estaremos dispuestos a un futuro distinto?

Sin embargo, junto con los otros niños, Cristhian no se marchó sin recordarnos que los 77 no es el arrebato final y desesperado de un gobierno apremiado por ocultar el sufrimiento que ha generado, implementado nuevos y mayores escenarios de ese mismo sufrimiento. Por el contrario nos señalaron que esto responde a una lógica menos reciente.

Si bien los registros que ha venido ordenando Keymer Ávila apuntan a que de 2010 a 2018 han fallecido 18.401 personas en manos de las fuerzas de seguridad y el 60% de estas muertes han ocurrido en los últimos dos años de ese período, también es cierto que este mismo autor rastrea similitudes aterradoras en las políticas de seguridad implementadas en décadas pasadas, donde el militarismo, la “carta blanca” y el ataque a los sectores populares estaban en el punto de mira, lo cual le permitía concluir lo siguiente:

Los gobiernos, bandos, actores, discursos partidistas y legislaciones, han cambiado pero las prácticas y los patrones parecen ser los mismos, con el tiempo sólo incrementan su intensidad y magnitud. Se trata más de una lógica subyacente del ejercicio arbitrario de poder, que de proyectos políticos ideológicos o de país.

Esto trasciende a posiciones ideológicas y partidistas, de izquierdas o derechas, liberales o conservadoras. Esta tendencia al incremento del deterioro institucional, de los abusos, excesos, ausencia de controles internos y externos, y especialmente de la letalidad de los cuerpos de seguridad termina siendo útil a quienes detentan provisionalmente el poder político en términos de intereses grupales y personales, de la obtención inmediata de beneficios privados en estos niveles (Ávila, 2018, p. 204[3]).

Los niños y niñas que siempre han sido la principal guía reflexiva en nuestro trabajo, y que hoy están en la palestra pública a ser blancos de persecuciones y apresamientos; subrayan en sus palabras que la violencia ocupa un lugar protagónico en nuestras vidas, como política pública, como opción laboral, como alternativa de reconocimiento social, como secuela de nuestra experiencias y como la forma en que nos relacionamos.

En los grupos de trabajo que hemos participado con otros profesionales y organizaciones, suele abrirse la discusión (y la polémica) si debemos hablar con los(as) niños(as) de la violencia, si ellos están preparados para escuchar, comprender y digerir los contenidos y las historias de la misma.

Este posicionamiento tímido e inseguro, aunque bien intencionado como adultos y profesionales, contrasta con nuestra experiencia de trabajo en las comunidades populares, donde niños y niñas al percibir una rendija de confianza en el vínculo, traen con cruda franqueza sus narraciones de violencia y colocando también ellos las pautas para cuando no hablar más de ello.

Valorar que los niños y niñas están en un momento de vida en el que no corresponden ciertas conversaciones, sería como asumir que violencia les es ajena. La guerra para ellos llegó hace rato, posiblemente antes de nacer, pero no en forma de invasión imperial o insurrección revolucionaria, sino a la manera de cotidianidad que dicta un restringido y opresivo número de opciones para el desarrollo de su vida. Una consecuencia de ello es que para estos(as) niños(as) se suelen plantear intervenciones cargadas de lecciones educativas o “eventos festivos” que evitan y postergan la tensa expresión de temas problemáticos como la violencia.

Lo mismo sucede con el país. Las conversaciones difíciles sobre la violencia que nos debemos como país se han postergado por demasiado tiempo. La violencia se explica por eventualidades o por un mal que temporal y trágicamente administra el poder, mientras que su cuestionamiento y análisis se posterga justificado por la excepcionalidad o inminencia de una amenaza con muchos nombres: crisis, revolución, invasión, restauración.

Incluso ahora que se vislumbra un escenario alternativo a la terrible y agobiante realidad que hemos padecido en los últimos años, la violencia está en el centro de la discusión, pero no para cuestionarla o cuestionarnos, sino en el mismo papel que ha jugado siempre, como solución para quienes desean conservar la administración del poder, o para quienes aspiran a un cambio de gobierno, a modo de respuesta extrema o proporcional, apreciada por muchos de quienes defienden la justa aspiración de interrumpir esta catástrofe social.

Cristhian tiene claro cuál es el camino a seguir para responder y reivindicar las numerosas y desgarradores pérdidas que ha sufrido en su vida, y es muy posible que esa lógica no se la haya explicado nadie, tan sólo la respira a diario, como todos(as) nosotros(as). Los 77 niños y jóvenes detenidos son una terrible actualidad de raíces profundas y antiguas, enterradas en el hegemónico tipo de políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana y en el papel que se le ha otorgado a los cuerpos policiales y militares.

Ante el inminente giro de guion o para cuando sea que ocurra un cambio, cabría preguntarse: ¿Estamos dispuestos a cuestionar e incluso desechar las políticas represivas y el punitivismo carcelario? ¿Avanzaremos en concretar una ley para el desarme, el control de armas y municiones? ¿Crearemos un sistema de reparación y apoyo a las víctimas de la violencia? ¿Habrá lugar para construir una memoria crítica de lo que ha sido nuestra relación con la violencia no como eventualidad sino en su dimensión histórica? ¿Estos cuestionamientos y acciones se postergaran, una vez más, por nuevas excepcionalidades u ocuparan el lugar prioritario que corresponde a su impacto sobre nuestra realidad social? Una genuina respuesta a estas preguntas puede anticipar si al abrirse la puerta, nos quedaremos en la antesala disfrutando del necesario, pero efímero aire fresco, o saldremos en busca de nuestros asuntos pendientes para entablar las tensas conversaciones y ásperos cuestionamientos que generan un verdadero cambio en nuestra relación con la violencia.

[1] Ávila, K. (2019). La FAES. En: Efecto Cocuyo. Consultado el 18 de Enero de 2019, desde http:// http://efectococuyo.com/opinion/la-faes/

[2] La nota de que campo que se expone en el artículo corresponde a una etnografía que se realizó durante más de dos años en una comunidad popular al oeste de Caracas y el equipo de investigadoras que firman el artículo trabajaron dentro de la alianza que establecieron el Parque Social de la UCAB y la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN) para llevar a cabo dicha investigación. Los nombres de los(as) niños(as) y psicólogas participantes fueron alterados en favor de la confidencialidad. Agradecemos al voluntariado de psicología de la UCAB que trabajó de la mano con nosotras a lo largo de la etnografía.

[3] Ávila, K. (2018). Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela. Revista de Crítica Penal y Poder, 15, 180-214.

 

(*) Psicólogas, fueron profesoras de la UCAB, trabajan como investigadoras para REACIN

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores

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