Los días 19 y 21 de abril se celebró la segunda reunión extraordinaria de la Conferencia de los Estados Partes que suscribieron el Acuerdo de Escazú. El acuerdo es el primer gran tratado ambiental que suscribe Latinoamérica, pero Venezuela no destaca en los países firmantes.
El propósito de la reunión fue elegir a los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo. Se trata de un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes creado con el fin de promover la aplicación y apoyar a las Partes en su implementación. Es de carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo. Entró en vigor el 22 de abril de 2021.
Los Estados se comprometieron a garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
El 5 de noviembre de 2022 el presidente de Colombia Gustavo Petro dio un paso al frente en materia ambiental y protección de defensores al sancionar la ley que aprueba el Acuerdo. Meses antes lo había ratificado el presidente Gabriel Boric de Chile y el último país en ratificar fue Belice el pasado 7 de marzo de este año. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva indicó que acelerará el proceso de ratificación.
Entre tanto, el gobierno venezolano no ha dado indicios de querer firmar el Acuerdo y mucho menos ratificar. Mientras se destruye el ambiente con el proyecto Arco Minero del Orinoco y cierra el espacio cívico para la actuación de los defensoras de derechos humanos, gobiernos de países vecinos van en dirección contraria brindando garantías a quienes defienden el ambiente y reivindicando el derecho a un ambiente sano.
Hace siete años se formalizó la creación del Arco Minero. Tiempo en el cual se ha desarrollado una labor minera con consecuencias graves para el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, pues buena parte de la explotación se realiza dentro de sus territorios. A ello se suman otras graves violaciones a los derechos humanos. La Misión Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela creada por las Naciones Unidas indicó en septiembre de 2022 que sobre la situación en el Arco Minero y otras zonas mineras del estado de Bolívar da cuenta de cómo las violaciones de derechos humanos y los delitos se extienden por lugares remotos del país, en un contexto marcado por la criminalidad generalizada, la impunidad y la falta de gobernabilidad.
Aunque quienes gobiernan no muestren voluntad de suscribir el Acuerdo de Escazú, las organizaciones e individuos preocupados por el derecho al ambiente, la situación de los pueblos indígenas y el acceso a la información pública, debemos seguir exigiendo a las autoridades su firma y ratificación.
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