En el país, al menos desde el 2014, se han perpetrado crímenes de lesa humanidad como lo ha señalado en su informe la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela creada por las Naciones Unidas.

A su vez, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional comienza una investigación sobre la situación del país donde posiblemente pudiese identificar sospechosos con niveles de responsabilidad por los crímenes ocurridos.

En diciembre de 2020 la Fiscalía de la Corte afirmó que de la información disponible existía fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno cometieron los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.

El 03 de noviembre del 2021 con presencia del Fiscal Karim khan en Caracas se suscribió un Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En ese Memorando se estableció que en virtud del principio de complementariedad el Estado venezolano adoptaría todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia de acuerdo con los estándares internacionales.

Transcurrido más de un año del compromiso adquirido por las autoridades venezolanas, no se conocen avancen orientados a realizar investigaciones genuinas para identificar y sancionar a los responsables de los crímenes. Pareciera que son intocables todos aquellos que en la cadena represiva han jugado papel de mandos, planificando e incluso dirigiendo en el terreno las acciones que produjeron asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.

Ante la clara intención de garantizar impunidad hay que seguir exigiendo el cumplimiento del Memorando, solicitar a la Corte que se autorice al Fiscal Khan a que continúe con las investigaciones e iniciar el camino para la aplicación de la jurisdicción universal. Esta jurisdicción universal consiste en que Tribunales nacionales de otros países puedan investigar y enjuiciar los crímenes internacionales como casos de lesa humanidad, con independencia del lugar donde se hayan cometido, de la nacionalidad del posible responsable o de las víctimas, o de la existencia de cualquier otro vínculo de conexión con el Estado donde se perpetraron, mediante la aplicación del Derecho Penal Interno y/o Internacional. También permite exigir y lograr justicia traspasando fronteras, orientados por el bien de la humanidad para que tales crímenes no queden impunes y no sigan ocurriendo.

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