Comienzo por señalar que nada me une a Roland Carreño. No soy ni su amigo, ni milito en Voluntad Popular y, profesionalmente, sólo tuvimos oportunidad de cruzarnos en un par de ocasiones. Una aclaratoria tan categórica como ésta, va junto a una demanda igualmente categórica: Roland Carreño está preso de manera arbitraria. Como ciudadano con voz pública en Venezuela exijo, sí, exijo su libertad plena.
Como venezolano considero que lo ocurrido con Carreño es una arbitrariedad y, la sucesión de hechos que rodean su detención, no hace más que confirmar el patrón que ya ha detectado y documentado la Misión de Verificación de los Hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Tal como ha ocurrido en otros casos de detenciones políticas, a Carreño se le detuvo sin una orden judicial previa. No se había activado una investigación judicial al momento de su aprehensión. Las primeras horas una vez en manos de los cuerpos represivos, Roland, como otros venezolanos, sufrió desaparición forzada.
La primera confirmación oficial de que Carreño estaba efectivamente detenido, siguiendo el patrón de casos previos, no la proporcionó la fiscalía y tampoco algún órgano de seguridad. Es un funcionario político, el ministro de información y comunicación (deberíamos decir propaganda, en realidad), quien ofrece la narrativa para enmarcar el caso.
Como en otras historias, se señala que el periodista portaba armamento y dólares en efectivo, con lo cual se enmarca en el guion que podríamos decir está casi que preestablecido. Se echa mano de la tesis de la flagrancia para justificar a posteriori su detención.
Carreño, como con otros detenidos políticos, es forzado a hacer una “confesión”. Sabremos luego que aquello no fue voluntario. El informe de la ONU destaca este modus operandi: las “confesiones” se logran bajo tortura o aislamiento extremo en esas primeras 48 horas. Sin que hubiese una orden previa, se accede al celular, computadoras y correo electrónico del detenido. Esto también es un patrón ya documentado por la misión.
Una vez que el poder político crea el marco narrativo: terrorismo, tradición a la patria, atentados, etc, entonces y sólo entonces aparece el Fiscal General para revestir de lenguaje que intenta ser jurídico, lo que en el fondo es un adefesio.
En algunos casos a los políticos detenidos se les ha prohibido tener sus propios abogados, en el caso de Roland Carreño sí tiene los de su preferencia. De forma similar con otros casos, los abogados que defienden al periodista y coordinador logístico de Voluntad Popular no han tenido acceso al expediente. Defienden a una persona sin tener certeza de aquello que forma parte del “caso”.
Detenido desde el 27 de octubre de 2020 no hace falta tener una bola de cristal para saber que a Roland Carreño le esperan largos días detenido, privado de libertad. Ha sido lo usual. Tras una primera presentación ante un juez, éste asegura de forma invariable que hay riesgo de que el detenido se fugue y por tanto deberá seguir detenido de forma preventiva. Sin que la justicia haya demostrado aún que él es responsable de algo, ya perdió su libertad.
Vendrán largas semanas o meses (y espero en verdad estar equivocado). Cada tanto tiempo Carreño será citado a una audiencia en el tribunal y, para variar, a última hora será suspendida o postergada. Como otros presos políticos quedará en una suerte de limbo judicial: el juicio en teoría está en desarrollo, pero sin audiencias, ni presentaciones, en la práctica está detenido.
Si Roland corre con suerte, y no creo que pueda ser otra cosa, en algún momento el régimen de Nicolás Maduro o bien puede ser presionado o bien puede entender que poniéndolo en libertad obtiene algo. Ya veremos.
Yo, mientras tanto, levanto mi voz. Y lo haré cada día, para exigir que Roland Carreño sea liberado.
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Del mismo autor: Ricardo Silguero, pionero de la radio educativa en Venezuela