Seguimos ahondando en el tema de las sanciones contra Venezuela, que en las últimas semanas han cobrado cierta relevancia en los medios de comunicación con opiniones encontradas sobre la conveniencia o no de mantenerlas.
Muchos de los que apoyan las sanciones dentro y fuera de Venezuela, sostienen que son un vehículo para forzar la salida negociada del régimen de Maduro, y que por el contrario, levantarlas significaría dar aliento económico al gobierno chavista para que pueda perpetuarse en el poder. Asimismo, aseguran que la crisis económica venezolana poco tiene que ver con las sanciones.
Las diferentes encuestas revelan que 80% de los venezolanos estamos en contra de las sanciones, independientemente de nuestro pensar y color político. Esta posición mayoritaria deriva de la percepción de que en las sanciones encontramos un óbice para una posible recuperación económica de Venezuela.
Antes de las primeras sanciones el manejo administrativo del gobierno nacional simplemente era caótico, lo que en buena parte desencadenó el tsunami de hiperinflación que diezmó el 75% de la economía nacional. No obstante, las sanciones fueron un factor determinante para que la crisis económica se agravara de manera importante en los últimos años.
La primeras sanciones contra el país —generales, no individuales— fueron impuestas por el Departamento del Tesoro americano el 31 de julio de 2017, tras las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que desconocían la Asamblea Nacional electa en 2015. En ese momento Trump gobernaba en EE UU y algunos factores de la oposición política venezolana habían hecho un extenso lobby en Washington para lograr las sanciones contra Venezuela.
En virtud de estas primeras sanciones, los bienes del país que estuvieran en legislación americana, incluyendo millonarias cuentas y el control de Citgo -la filial extranjera más importante de PDVSA- fueron congelados por decisión del Departamento del Tesoro. En ese momento, la producción de petróleo nacional alcanzaba los 2,2 millones de barriles diarios.
Con las abiertas amenazas de Trump de sanciones más fuertes contra el Estado venezolano y aquellos que hicieran negocios con personeros del gobierno que ya habían sido sancionados a título individual, buena parte de la banca extranjera así como los corresponsales bancarios comenzaron a cesar sus actividades en Venezuela. Eso hizo, que ya en el 2017, se hiciera muy difícil realizar pagos y cobros internacionales desde el país. Otro tanto pasó con muchas empresas multinacionales petroleras, que comenzaron a reducir sus operaciones por temor a ser sancionadas. Para el 2018, la producción de crudo nacional se había reducido a 1,6 millones de barriles por día, 600 mil menos que el año anterior.
Durante el mismo 2018, el Departamento del Tesoro americano, a través de la Oficina de Asuntos Extranjeros (OFAC) prohíbe radicalmente a todos los estadounidenses y relacionados, cualquier transacción en divisas y monedas digitales (Petro) que estuvieran asociadas con Venezuela. Lo mencionado da al traste con toda posibilidad de transferencia bancaria hacia y desde Venezuela y definitivamente nos aísla completamente del mundo desde el punto de vista financiero.
Por lo dicho, y ante la imposibilidad de realizar transferencias en moneda extranjera, comienzan a circular divisas cash como mecanismo de pago, y se comienza a usar la banca rusa y china, que no usa el sistema americano de transferencias Swift, para hacer operaciones de pago entre Venezuela y otros países. También para operar financieramente en el extranjero, el gobierno y muchos empresarios venezolanos comienzan a usar exchanges, money transmitter y estructuras jurídicas de terceros, incrementando sustancialmente los costos de las comisiones por transaccionalidad y el riesgo de persecución y congelamiento de cuentas de venezolanos en el exterior, aunque estas no estuvieran relacionadas con el gobierno de Maduro.
En el 2019, la OFAC emite una serie de Ordenes Ejecutivas o sanciones específicas: 13857, 13808, 13827, 13835, entre otras, que impiden cualquier tipo de financiamiento al gobierno venezolano y a PDVSA, así como transacciones en general con cualquier ente o personas relacionadas directa o indirectamente con el gobierno nacional. Además, que confiere el libre uso de los activos y bienes del Estado venezolano en territorio americano al gobierno autoproclamado de Juan Guaidó.
Las consecuencias fueron inmediatas, las empresas mixtas petroleras vieron como los socios privados cesaron sus operaciones e incluso salieron del país por temor a ser sancionadas, así como los socios naturales, incluyendo EE UU, Colombia, Brasil y otros países, cesaron sus actividades comerciales. Ese mismo año 2019, por falta de financiamiento y operadores internaciones, la producción petrolera bajó a 1 millón de barriles diarios, 600 mil menos que en 2018, y 1,2 millones menos desde que se iniciaran las sanciones.
Durante 2020, en plena pandemia, la producción de petróleo venezolano cayó 300 mil barriles por día, una de las cifras históricas más bajas desde 1940.
Para un país tradicionalmente petrolero y cuya economía depende del Estado como tradicionalmente ha sido la venezolana, al desastre político que vivíamos se sumaron las sanciones para darle “un palo cochinero” a la crisis económica que ya veníamos arrastrando. Se estima que desde el inicio de las sanciones en 2017, Venezuela ha dejado de percibir, por diferentes conceptos, cerca de 240 mil millones de dólares.
Sin restar importancia a la mala administración, incluyendo la corrupción hoy develada de actores del gobierno y la oposición, las sanciones han sido, sin duda alguna, una calamidad para el bolsillo suyo y el mío. Sobre ello no tengo dudas.
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Del mismo autor: Sanciones generales vs. sanciones individuales