OPINIÓN · 14 JUNIO, 2017 23:22

¿Qué falta en la carta al Papa?

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Fernando Pereira | @cecodap | @fernanpereirav

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El presidente Maduro envió una carta al papa Francisco donde le manifiesta que “se ha venido presentando un fenómeno atroz y altamente preocupante, sobre el cual quiero llamar su atención: la utilización frecuente y perversa de niños, niñas y adolescentes en acciones de violencia terrorista callejera. Lamentablemente, las mismas han sido alentadas de forma pública y notoria por una parte del liderazgo de la derecha: hay numerosas pruebas y evidencias en este preciso sentido que configuran un expediente indiscutiblemente criminal. Todo ello ha causado muertes de menores de edad que no son sino extremadamente dolorosas y francamente lamentables: muertes que han estado generalmente asociadas a la manipulación indebida de armas y explosivos de fabricación casera. Caso reciente y terrible fue el del compatriota Neomar Lander, 17 años, fallecido en Caracas al detonársele accidentalmente un explosivo”.

Apela en su condición de jefe de Estado a la Convención de los Derechos del Niño para hacerlos respetar. Justamente apelando a esa Convención (Tratado internacional de Derechos Humanos vigente en Venezuela desde 1990), la misiva pudo contemplar otros aspectos.

Represión desmedida. Sería fundamental pedir la intercesión de Francisco en el caso de todos los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de los efectos de gases lacrimógenos que han afectado a niños en centros educativos, de salud, viviendas. El miedo y el impacto psicológico generado por la incursión de fuerzas públicas y colectivos civiles conjuntos residenciales. Allanamientos realizados sin orden judicial y envueltos en hechos vandálicos.

Prohibida la protesta. La carta menciona el respeto del gobierno a la protesta pacífica. Sería bueno pedir recomendaciones a Su Santidad sobre los casos de agresiones a liceístas que ejercieron su derecho a protestar de manera pacífica en diferentes parroquias del Municipio Libertador y otras ciudades del país. A los centros educativos se les abrieron procedimientos. Juzgar y criminalizar a la totalidad de los adolescentes que se oponen al gobierno como “guarimberos”, “terroristas”, “contratados” no tiene mucho de cristiano.

Sin ayuda humanitaria. Uno de los acuerdos de la fallida mesa de diálogo, con la facilitación del Vaticano, planteaba la apertura de un canal humanitario. No hubo ninguna disposición al respecto. Nacional e internacionalmente el Ejecutivo sostuvo que no era necesario. Se dijo que había suficientes medicinas y comida para abastecer a varios países. Este año de manera tardía se difundió el Boletín Epidemiológico que nos indicó un aumento del 30% en la mortalidad infantil y 66% en la mortalidad materna en el 2016. Muertes en su mayoría asociadas a las condiciones de vida, desnutrición en la gestación, de los neonatos, ausencia de medicinas. ¿Es humano dejar que se mueran los niños por no reconocer la crisis? ¿Qué dirá el Santo Padre al respecto?

Niños que abandonan la escuela. Se ha incrementado el número de niños que deben trabajar, buscar alimentos o que no asisten a clases porque no han podido desayunar. Las familias han sacrificado la cantidad y calidad de su dieta. El aumento en el transporte público y la falta de docentes también atentan contra la educación de los niños. La que sí no cesa es la violencia. La tasa de mortalidad de niños y adolescentes por causas violentas se duplicó entre 1997 y 2009.

Niñez desprotegida. No se menciona que el sector Niñez y Adolescencia ha pasado por cinco distintos ministerios y dependencias reflejando que, efectivamente, no ha sido una prioridad. En 2007 se reformó la Lopnna y el ejecutivo centralizó muchas de las competencias en ella establecidas. Una de la cuales es la de los llamados “niños de la calle”. ¿Cómo escandalizarnos ahora de que se estén haciendo visibles en las protestas? ¿Cómo culpar a otros por las omisiones propias?

Niños confundidos. De seguro a los representantes del Vaticano se le ha mencionado la inversión realizada por el gobierno en la educación. Uno de los puntales: la Colección Bicentenaria. Millones de libros de texto elaborados y distribuidos gratuitamente por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Resulta que en los de Sociales de 4º y 5º grado se explica clarito que el pueblo soberano es el único que aprueba o no a través de un referéndum aprobatorio cualquier iniciativa de convocatoria a una Constituyente. ¿Cómo les decimos ahora que no es así´?

Víctimas de la violencia. Todos debemos coincidir en que a los niños y adolescentes debemos protegerlos de la violencia. Quien los agreda o los utilice debe ser sancionado con todo el peso de la ley. Pero hay que hacer las denuncias respectivas, presentar las pruebas. No es cierto decir que la mayoría de los adolescentes que han sido asesinados durante estos más de dos meses de protestas han sido por manipular explosivos caseros. No se mencionan proyectiles (balas, perdigones, metras, clavos…). No es legal (ni justo con los familiares) que se adelanten conclusiones sobre los hechos que están en proceso de investigación por el Ministerio Público. Es ilegal calificar a alguien de “terrorista” si no hay una sentencia firme de un tribunal.

***

Las opiniones emitidas en los artículos publicados en esta sección son de la entera responsabilidad de sus autores. Efecto Cocuyo.

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Apela en su condición de jefe de Estado a la Convención de los Derechos del Niño para hacerlos respetar. Justamente apelando a esa Convención (Tratado internacional de Derechos Humanos vigente en Venezuela desde 1990), la misiva pudo contemplar otros aspectos.

Represión desmedida. Sería fundamental pedir la intercesión de Francisco en el caso de todos los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de los efectos de gases lacrimógenos que han afectado a niños en centros educativos, de salud, viviendas. El miedo y el impacto psicológico generado por la incursión de fuerzas públicas y colectivos civiles conjuntos residenciales. Allanamientos realizados sin orden judicial y envueltos en hechos vandálicos.

Prohibida la protesta. La carta menciona el respeto del gobierno a la protesta pacífica. Sería bueno pedir recomendaciones a Su Santidad sobre los casos de agresiones a liceístas que ejercieron su derecho a protestar de manera pacífica en diferentes parroquias del Municipio Libertador y otras ciudades del país. A los centros educativos se les abrieron procedimientos. Juzgar y criminalizar a la totalidad de los adolescentes que se oponen al gobierno como “guarimberos”, “terroristas”, “contratados” no tiene mucho de cristiano.

Sin ayuda humanitaria. Uno de los acuerdos de la fallida mesa de diálogo, con la facilitación del Vaticano, planteaba la apertura de un canal humanitario. No hubo ninguna disposición al respecto. Nacional e internacionalmente el Ejecutivo sostuvo que no era necesario. Se dijo que había suficientes medicinas y comida para abastecer a varios países. Este año de manera tardía se difundió el Boletín Epidemiológico que nos indicó un aumento del 30% en la mortalidad infantil y 66% en la mortalidad materna en el 2016. Muertes en su mayoría asociadas a las condiciones de vida, desnutrición en la gestación, de los neonatos, ausencia de medicinas. ¿Es humano dejar que se mueran los niños por no reconocer la crisis? ¿Qué dirá el Santo Padre al respecto?

Niños que abandonan la escuela. Se ha incrementado el número de niños que deben trabajar, buscar alimentos o que no asisten a clases porque no han podido desayunar. Las familias han sacrificado la cantidad y calidad de su dieta. El aumento en el transporte público y la falta de docentes también atentan contra la educación de los niños. La que sí no cesa es la violencia. La tasa de mortalidad de niños y adolescentes por causas violentas se duplicó entre 1997 y 2009.

Niñez desprotegida. No se menciona que el sector Niñez y Adolescencia ha pasado por cinco distintos ministerios y dependencias reflejando que, efectivamente, no ha sido una prioridad. En 2007 se reformó la Lopnna y el ejecutivo centralizó muchas de las competencias en ella establecidas. Una de la cuales es la de los llamados “niños de la calle”. ¿Cómo escandalizarnos ahora de que se estén haciendo visibles en las protestas? ¿Cómo culpar a otros por las omisiones propias?

Niños confundidos. De seguro a los representantes del Vaticano se le ha mencionado la inversión realizada por el gobierno en la educación. Uno de los puntales: la Colección Bicentenaria. Millones de libros de texto elaborados y distribuidos gratuitamente por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Resulta que en los de Sociales de 4º y 5º grado se explica clarito que el pueblo soberano es el único que aprueba o no a través de un referéndum aprobatorio cualquier iniciativa de convocatoria a una Constituyente. ¿Cómo les decimos ahora que no es así´?

Víctimas de la violencia. Todos debemos coincidir en que a los niños y adolescentes debemos protegerlos de la violencia. Quien los agreda o los utilice debe ser sancionado con todo el peso de la ley. Pero hay que hacer las denuncias respectivas, presentar las pruebas. No es cierto decir que la mayoría de los adolescentes que han sido asesinados durante estos más de dos meses de protestas han sido por manipular explosivos caseros. No se mencionan proyectiles (balas, perdigones, metras, clavos…). No es legal (ni justo con los familiares) que se adelanten conclusiones sobre los hechos que están en proceso de investigación por el Ministerio Público. Es ilegal calificar a alguien de “terrorista” si no hay una sentencia firme de un tribunal.

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