La detención de Daimiro Capielo (21 años) en la ciudad de Coro el pasado 27 de julio permitió que se conociera los maltratos y tratos crueles que infringió a su hija de 10 meses. El médico de un ambulatorio da cuenta de los hematomas, fractura en el maxilar, marcas de mordiscos y lo que parecía signos de quemaduras de cigarrillos en diferentes partes de su cuerpo. Los hechos son corroborados por la bisabuela de la niña que manifestó presenciar cuando golpeaba a la bebé para  vengarse de su pareja, la madre de la niña, una adolescente de 15 años; quien también fue detenida por no haber intentado detenerlo, ni denunciar los hechos.

Está claro que la brutalidad de los hechos nos pone ante un caso de maltrato infantil, trato cruel y violencia vicaria que constituye un delito y como tal debe ser procesado y sancionado. Pero ¿qué pasa en la mayoría de los casos de violencia y maltrato que no trascienden a la opinión pública?

Aceptación social y cultural

Persiste la creencia de que pegarle a los niños es la forma más eficaz (y casi única) para la crianza y educación de los niños y adolescentes. Incluso se piensa que su no aplicación es la respuesta a muchos de los males que vivimos en nuestra sociedad.

Seguimos escuchando y leyendo en redes sociales el agradecimiento a los chancletazos o cachetadas para ser personas de bien, plantear que a nuestras generaciones les pegaron y crecimos felices y sin traumas. ¿Somos lo que somos por las oportunidades que tuvimos y por los cuidados y afecto que recibimos o por la cantidad de violencia que soportamos?

Una reciente investigación publicada en la revista científica The Lancet, por un reconocido grupo de especialistas en el campo del desarrollo infantil, se abocó a analizar investigaciones sobre el uso del castigo físico, nalgadas, cachetadas, correazos, descartando formas crueles y abusivas como las del caso descrito en el estado Falcón.

Los resultados indican que ninguno de los estudios encuentra resultados positivos del castigo físico, no mejoran los efectos de la crianza y, al contrario, están directamente relacionados con el aumento de cuadros de ansiedad, depresión, hostilidad y alteraciones en la conducta de los niños que lo padecen.

Llaman la atención entre la relación en el uso del castigo físico y la ocurrencia de maltrato infantil, pues el uso del mismo va escalando en la frecuencia e intensidad en la violencia utilizada por los padres, hasta llegar a casos donde los niños son malogrados o deben intervenir las autoridades.

¿Qué hacer?

La referida investigación plantea la imperiosa necesidad de que se implementen programas para que la población tenga herramientas alternativas. La capacitación de las madres y padres en centros de salud, guarderías, centros educativos. El desarrollo de campañas permanentes para que la colectividad entienda que juega un rol decisivo para la prevención y atención de los casos cuando se presentan. La capacitación del personal médico y de enfermería, docentes, funcionarios policiales, del sistema de protección, judicial.

Venezuela es uno de los 62 países que prohíbe el uso del castigo físico y humillante en la crianza o educación de niños, niñas y adolescentes (Art. 32-A, Lopnna). Este artículo se introdujo en la reforma que sufrió la ley en 2007 y establece: “El Estado, con la activa participación de la sociedad debe garantizar políticas, programas y medidas de protección dirigidas a la abolición de toda forma de castigo físico o humillante de los niños, niñas y adolescentes”.

Ahí es donde estriba el principal déficit. Más allá de algunas iniciativas puntuales de difusión y capacitación realizadas por algunos organismos u ONGs, no ha habido el desarrollo de una política permanente que haga factible vencer las creencias instaladas.

Nos entristece, una vez más, esa criatura de 10 meses que sufrió una violencia que no era para ella y que un silencioso cómplice y negligente la rodeara, pero seguirán ocurriendo casos si no entendemos que no se trata de un asunto estrictamente legal, sino con profundas huellas sociales, culturales y educativas donde el Estado se debe activar para poner en práctica la protección que las leyes garantizan.

***