En la medida que avanza el autoritarismo en Venezuela, ser solidario es de riesgo. Brindar un plato de comida a quien tiene hambre, proveer de medicinas a quien no tiene capacidad económica para comprarlas, dar asesoría jurídica o asistencia psicológica a una víctima de violación de derechos humanos, Maduro y su cúpula han venido convirtiendo esas acciones en delito.

Así se detiene a activistas de derechos humanos quienes ayudan a personas con VIH, se allana la oficina de una organización dedicada a llevar comida y medicinas a adultos mayores, se persigue a activistas que ofrecen comida a niños y niñas.

Pareciera que el gobierno de facto se propuso -una vez logró debilitar a varios partidos políticos sobre la base de la persecución- debilitar a las organizaciones de la sociedad civil. No le será fácil cumplir con el objetivo. Son miles las organizaciones de sociedad civil en el país presentes, tanto en grandes ciudades como en pequeñas poblaciones. Realizan trabajo comunitario desde hace muchos años y algunos de sus integrantes son además líderes comunitarios.

Ese empeño en obstaculizar una labor a favor de la población -principalmente las más necesitadas- es una muestra de la indolencia de un gobierno que no le importa la gente, sino mantenerse en el poder incluso ampliando el sufrimiento.

Cuando se persigue y se debilita el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, a quienes se perjudica principalmente es a los beneficiarios de las organizaciones. Si desaparece una organización cuya labor es distribuir medicinas, son miles las personas que tendrán dificultades o más lamentable aun no podrán adquirirlas. Si se debilita a una organización dedicada en una comunidad a realizar trabajo capacitando a niños y jóvenes para desarrollar habilidades con instrumentos musicales, se priva a esos beneficiarios de su desarrollo cultural. Así cabrían muchos ejemplos del daño a la población .

Para realizar esa labor, las organizaciones de la sociedad civil requieren de recursos. Los donan instituciones o personas a nivel nacional o a nivel internacional. Esto último se conoce como cooperación internacional.
La comunidad internacional valora la cooperación que realizan los Estados apoyándose uno a otros. Igualmente la de los Estados o instituciones no gubernamentales a organizaciones, para cumplir acción social, académica o deportiva . Esa cooperación viene siendo criminalizada por Maduro y su cúpula, acusando a quienes la reciben de usarla para fines ilícitos y subversivos. Así, recibir aportes para dar alimentos o repartir útiles escolares o pañales para recién nacidos, es según el gobierno sospechoso. Recibir una asesoría o computadoras para un programa de investigación y capacitación de jóvenes, también es sospechoso.

La cooperación internacional no es solo dinero. Hay múltiples formas de apoyar a las organizaciones de sociedad civil: donando libros, materiales para actividad académica, transferencia de conocimientos para desarrollar proyectos, tecnología sencilla -por ejemplo- para que a una comunidad le llegue agua o los agricultores puedan mejorar sus cosechas.

Una de las últimas acciones del gobierno para afectar el ejercicio de la solidaridad que realizan miles de organizaciones es la Providencia Administrativa No. 001-2021, para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, publicada en Gaceta Oficial No. 42.098 del 30 de marzo de 2021.
Normas las cuales establecen la posibilidad de ilegalización e inclusive cárcel, por incumplimiento. Se pone en riesgo la acción de esas organizaciones, que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población. Precisamente se les ataca en un momento cuando millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Dicha providencia se inscribe en los patrones de criminalización sistemáticos contra las organizaciones de la sociedad civil. Acción que, como ya indicamos, se viene intensificado y sin duda representa una medida orientada a seguir cerrando el espacio cívico, mediante un cerco de severas restricciones a la sociedad civil, para continuar defendiendo los derechos y prestando la debida asistencia y la protección a la población venezolana.

Como ha ocurrido en otros países ante el avance del autoritarismo, la única alternativa que le dejan a las organizaciones es resistir. Perseverar a pesar de las adversidades. Con seguridad, unidas, con el apoyo de la población y la comunidad internacional, será posible derrotar las intenciones del gobierno.

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Del mismo autor: En Apure otra vez contra la población civil