Otra vez el estado Apure es noticia por situaciones de violencia generadas por grupos armados originarios de Colombia, quienes operan en territorio venezolano. Desde los años 80 se vienen registrando periódicamente situaciones que generan intranquilidad y zozobra. Pero no solo ellos la producen. También la actuación violenta de los organismos del Estado venezolano contra la población civil. Varios son los episodios donde militares y policías arremetieron contra los más humildes.

Un 29 de octubre de 1988, cerca de la población de El Amparo, navegaban por el río Arauca 16 pescadores quienes fueron sorprendidos por disparos, efectuados por funcionarios militares y policiales asesinando a 14. Dos sobrevivieron para contar al mundo la verdad: José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla.

Gobernaba para ese momento Jaime Lusinchi. Los cuerpos de los pescadores fueron presentados con vestimentas de guerrilleros. Se afirmó que se produjo una exitosa operación contra la guerrilla colombiana. La verdad, era que inocentes habían sido asesinados y se buscaba garantizar impunidad ante tan repudiable hecho.

Un amplio movimiento social de exigencia de justicia ante la masacre, junto al apoyo de medios de comunicación, los cuales dieron voz a los familiares de las víctimas y sobrevivientes, desmoronó la versión del gobierno. Casi una década después, el Estado venezolano reconocía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se había producido una masacre. Las familias y sobrevivientes fueron indemnizados. Los autores materiales e intelectuales tienen aún deuda con la justicia.

Siete años después se produciría otra masacre. La población de Cararabo en estado Apure sería esta vez el escenario. Presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia asesinaron a ocho infantes de la marina venezolana. Algunos de sus cuerpos fueron mutilados, lo cual demuestra la saña del ataque. En respuesta a esa situación, numerosas personas de la población a quienes se acusó de colaborar con la guerrilla fueron maltratados. Una persona murió como consecuencia de la tortura realizada por militares. Tal fue el nivel de violaciones a los derechos humanos que gran parte de la población huyó a territorio colombiano o poblaciones cercanas.

Transcurridos 26 años de esa masacre contra los infantes de marina, vuelve a ocurrir en Apure otra masacre, esta vez, contra la población civil. Cuatro integrantes de una misma familia (Ramírez) y otra quinta persona fueron detenidas en la población de la Victoria y horas después presentadas como guerrilleros asesinados al enfrentarse a la fuerza armada. Como en la masacre de El Amparo, hubo sobrevivientes. Los familiares denuncian que los inocentes asesinados fueron detenidos en la Victoria  por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana. Y sus cuerpos aparecieron en la población de El Ripial, la cual está localizada más o menos a tres kilómetros de distancia.

Como ocurrió en la masacre de El Amparo, el ministro de la Defensa y altos oficiales de la fuerza armada han señalado a las cinco víctimas como guerrilleros. El 29 de octubre de 2019, Nicolás Maduro en su cuenta tuiter indicó: “Se cumplen 31 años del atroz crimen cometido en la población de El Amparo. La Revolución Bolivariana honra la lucha de los 14 pescadores masacrados por la falsa democracia de la IV República, que sumergió al pueblo venezolano en la oscuridad. ¡Nunca Más!”

Hoy él y su equipo de gobierno llevan sobre su conciencia la masacre de El Ripial.

Los mismos que en discursos durante años han condenado la masacre de El Amparo hoy son los responsables de una nueva masacre. Igual que hace tres décadas usan los medios públicos para tratar de imponer una verdad (mentira) oficial. Como en aquel momento buscan ocultar o desmentir la versión de la familia. Acusan a quienes denuncian como colabores de los grupos en armas. Amenazan y quieren restar valor al trabajo de las organizaciones de derechos humanos. El mismo comportamiento en un esfuerzo por garantizar impunidad.

Tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio Público han anunciado que se está investigando. La falta de independencia de quienes dirigen esas dos instituciones, da motivos razonables para desconfiar  en el resultado. Sin embargo, las evidencias son tan contundentes que les será difícil ocultar que se produjo una masacre. También han sido informadas varias instituciones internacionales de protección de derechos humanos, que pueden contribuir a que no se produzca impunidad. 

Los autores materiales y la cadena de mando deben ser investigados y sancionados. Buscar justificar las violaciones a derechos humanos, solo facilita que tales situaciones se vuelvan a repetir.

En un contexto en el cual se han producido crímenes de lesa humanidad desde el 2014, la masacre de El Ripial agranda el expediente que lleva la Corte Penal Internacional y reafirma las conclusiones de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.  

Si el sistema de justicia nacional produce impunidad en la masacre de El Ripial, corresponderá a los mecanismos internacionales de justicia garantizar que los responsables rindan cuentas.

Finalmente, no debe olvidarse a las más de cinco mil personas que huyeron abandonando sus humildes viviendas. Pobres que ahora son más pobres. Niños, niñas y adolescentes, sufriendo las consecuencias de la violencia. Es urgente y necesario un diálogo entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, para coordinar medidas adecuadas para garantizar la atención de los refugiados y crear las condiciones para el retorno. A ello puede contribuir Naciones Unidas.

Es muy lamentable que la población civil sea afectada y se actúe con indiferencia e incluso indolencia. Debemos alzar las voces para que haya atención adecuada y cesen los abusos. 

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