¿Estamos o vamos hacia una transición política en Venezuela? 

Por John Magdaleno G.*

Abordemos estos asuntos de manera metódica porque, según parece, el debate público que tiene lugar en las redes sociales tiende a distorsionar el significado original de la expresión “transición” en su sentido propiamente político. 

En primer lugar, siguiendo la conocida definición de O’Donnell y Schmitter en el famoso green book (Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies), una transición es “un intervalo que se extiende entre un régimen político y otro”. Dicho de modo didáctico, es un intervalo de tiempo y de procesos que permiten el cambio de las reglas de juego formales y de las prácticas informales que definen quiénes y cómo se toman las decisiones colectivamente vinculantes en una sociedad.

Por ello se insiste académicamente en que, para hablar de una transición a secas -sin intentar identificar la dirección de la transición-, debe producirse un cambio de las reglas de juego, no sólo de los actores. 

Si concentramos la mirada en las implicaciones de esta definición, podemos inferir que a la fecha no ha habido un cambio de las reglas de juego formales sino, más bien, un cambio de la orientación de ciertas decisiones del gobierno venezolano, particularmente de la política exterior con el gobierno norteamericano, de la política económica y del tratamiento de alrededor de 400 presos políticos, que están empezando a ser liberados.

Pero veamos el contexto en que ello tuvo lugar, del modo más descriptivo y fidedigno posible: el 3 de enero se produjo una intervención militar extranjera en la forma de una operación de extracción, cuyo efecto inmediato fue un reemplazo en el vértice de la estructura de poder del régimen político venezolano, mediante el establecimiento de un tutelaje externo. Se entiende, por tanto, que en virtud del precedente que sienta la intervención y de las amenazas ulteriores formuladas por el gobierno de los Estados Unidos de América al resto de la coalición dominante venezolana, el margen de maniobra de esta última es más reducido. De allí que, por lo pronto, el gobierno venezolano esté forzado a satisfacer las exigencias de la administración norteamericana. 

No hay garantía del resultado

En segundo lugar, tengamos en mente otra definición que propusieron O’Donnell y Schmitter en el citado tomo -una obra seminal que todo interesado en la materia debería estudiar con detenimiento-: “Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria”.

Esta definición es muy importante porque, por un lado, subraya una condición política necesaria -más no suficiente- para que se produzca un cambio de régimen político: la disolución o -agrego yo- la reforma de las reglas de juego; y por otro lado, comunica la idea de que, aún iniciándose una transición política, no hay, de antemano, garantía alguna respecto de su destino final.

Una transición puede iniciarse con un decidido impulso democratizador o redemocratizador de parte de algunos actores y culminar, a la postre, en un régimen no-democrático -sea autoritario o autocrático, sultanístico o totalitario. A la luz de la experiencia comparada, no es infrecuente que fuerzas y líderes políticos que se pronuncian públicamente a favor de la democracia terminen estimulando y llevando a cabo directamente prácticas antidemocráticas. 

Desde luego, es previsible que la tutela norteamericana influya notablemente en la naturaleza y ritmo de los cambios, pero desde ya hay que interrogarse con seriedad sobre los escenarios que podrían desarrollarse en el país tan pronto la influencia norteamericana disminuya o cese. Por los momentos, dado que desde la Asamblea Nacional se ha anunciado el inicio de una amplia reforma legislativa, que intuyo podría tomar algunos meses, habrá que estudiar con sumo detalle el contenido de las normas resultantes para concluir tentativamente si estaría iniciándose o no un cambio de las reglas de juego. 

¿Cuándo se inicia una transición a la democracia?

En tercer lugar, es imprescindible responder con criterios técnicos la pregunta de ¿cuándo se inicia una transición a la democracia? O’Donnell y Schmitter propusieron un criterio, que parafraseo y resumo del siguiente modo: una transición a la democracia se inicia cuando los principales decisores del régimen autoritario deciden, por la razón que fuera, reconocer y restituir las garantías previamente violadas. Y estas garantías no son otras, para empezar, que una serie de libertades civiles esenciales.

Sobre este particular, conviene recordar las señales identificadas por el recientemente fallecido profesor Leonardo Morlino (Change for Democracy: Actors, Structures, Processes. New York: Oxford University Press Inc. 2012), al margen del desarrollo posterior del proceso de cambio político. Resumidamente, para afirmar que una transición a la democracia se inició, Morlino subrayaba la importancia de la restitución de: 1) la libertad de pensamiento, opinión y expresión; 2) la libertad de reunión; 3) la libertad de asociación, y; 4) la libertad de prensa.

Si complementariamente se considera, como indica nuestra propia investigación, que muchas transiciones a la democracia se inician con una liberación masiva de presos políticos, tendremos entonces un quinto indicador. Y si se entiende que otras garantías fundamentales son la libertad de movilidad, la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas, y el habeas corpus, para señalar sólo algunas más, se comprenderá que estamos hablando de un “paquete de libertades civiles” cuyo reconocimiento es vital para hablar del inicio y desarrollo de la primera fase de la transición a la democracia, conocida como liberalización política.

Por ello, mientras más amplia sea la restitución de las libertades civiles, en particular el repertorio de garantías consideradas y los públicos beneficiados, más nítido será el inicio y desarrollo de la fase de liberalización política. 

La segunda fase de una transición a la democracia es la democratización, que por razones de extensión no abordo en este momento. Sí aprovecho la ocasión para apuntar que me llama la atención, por un lado, que en algunos círculos sociales venezolanos se entienda por “transición a la democracia” el proceso de instalación o restitución de las normas y los procedimientos que permiten elegir a las autoridades, cuando esto corresponde, en verdad, a la segunda fase de la transición; y por otro lado, que en otros círculos sociales se piensa que la liberalización política es una fase anterior al inicio de la transición, esto es, una suerte de pre-transición.

Prematuro

Esto me obliga a destacar que, si nos apoyamos en la proposición del profesor Robert Dahl, quizás el primer politólogo que abordó con ánimo empírico-analítica esta materia, una transición a la democracia involucra tanto la fase liberalizadora como la fase democratizadora,porque ello demanda avances significativos en dos dimensiones: la apertura del debate público y la participación política de los ciudadanos en los asuntos públicos, incluida la selección de las autoridades. Sin embargo, como ha sido destacado líneas atrás, las transiciones a la democracia se inician con la liberalización política, que equivale a una distensión. 

Como podrá verse, es muy prematuro para hablar del inicio de una transición a la democracia en Venezuela en este momento y es evidentemente erróneo plantearlo como un hecho cumplido. Lo que sí es palpable a la fecha es una creciente expectativa colectiva de que se inicie la transición a la democracia en algún momento, en virtud de la demanda de cambio político registrada en las encuestas y del resultado obtenido por la oposición en las elecciones presidenciales del año pasado (conforme a las actas públicamente disponibles). Pero téngase en mente la dificultad de precisar, de antemano, en qué momento podría producirse una restitución integral de las garantías que han sido violadas, empezando por libertades civiles esenciales. 

Ciertamente, la liberación de alrededor de 400 presos políticos es una primera señal positiva, pero dista mucho de significar una restitución exhaustiva de garantías constitucionales violadas. Cabría esperar, para empezar, la liberación del resto de los presos políticos; la supresión de la práctica de las detenciones arbitrarias a disidentes y opositores políticos; y la restitución del resto de las garantías a que me he referido más arriba. 

*Profesor de los Diplomados en “Análisis Político”, “Transiciones Políticas” y “Gerencia de Asuntos Públicos” del CEPyG de la UCAB/ Profesor de la Especialización en Sistemas y Procesos Electorales del CEP-FCJP de la UCV/Miembro del Comité Académico de la Especialización en Gobierno y Políticas Públicas del CEP-FCJP de la UCV/Director de POLITY. Consultores en Asuntos Públicos/Presidente de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos (AVENCOPOL)

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