ONG denuncia que la prisión de 660 presos políticos extiende el castigo a sus familias

La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este lunes, 18 de mayo, que mantener a más de 660 personas encarceladas por motivos políticos no solo vulnera sus derechos humanos, sino que también constituye un castigo prolongado que se extiende a sus familiares.

El señalamiento de JEP se produce tras conocerse la muerte de Carmen Teresa Navas, de 83 años, quien falleció la noche del domingo 17 de mayo. Navas estuvo buscando por más de 16 meses a su hijo, Víctor Hugo Quero, quien murió bajo custodia del Estado. Sin embargo, su fallecimiento solo fue notificado un año después. Ante este caso, JEP indicó que esta “espera ciega” ha cruzado un “límite intolerable”.

Mantener tras las rejas a más de 660 personas por motivos políticos no es solo una vulneración flagrante a los derechos fundamentales; es un castigo prolongado que se extiende de manera cruel hacia sus familias, esta injusticia hoy en Venezuela se mide en vidas rotas.

Esta…

— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) May 18, 2026

Justicia, Encuentro y Perdón informó que por lo menos cinco madres fallecieron sin poder abrazar a sus hijos en libertad. 

“El tiempo, en estas condiciones, es un verdugo silencioso. No hay justificación política, ni legal, ni moral para seguir postergando las decisiones que pongan fin a este calvario”, se lee en el comunicado de la ONG, en su cuenta oficial de la red social X. 

JEP señala que, para detener el sufrimiento de estas familias, se les otorgue la libertad plena e inmediata de cada uno de los presos políticos en el país. “La dignidad humana de toda una nación exige que se detenga ya este daño y el sistema deje de consumir la existencia de familias enteras”, dice el comunicado.

La ONG recordó que Omaira Navas, Carmen Dávila, Yarelis Salas, Carmen Teresa Navas y Yenny Barrios son los nombres de las madres que murieron sin poder abrazar a sus hijos privados de libertad por razones políticas. 

JEP exigió “abrir las celdas, detener el daño irreversible a la población y devolver a esos hijos a sus hogares”. 

Balance de presos políticos

JEP registró 663 ciudadanos en prisión por motivos políticos en el país, hasta el 14 de mayo de 2026. La ONG solicitó a los tribunales la revisión de las medidas cautelares y la apertura de una investigación sobre los fallecimientos bajo la custodia del Estado. Además, la ONG demandó la aplicación de las garantías de la Constitución.

El registro JEP detalla un total de 663 personas, distribuidas en 577 hombres y 86 mujeres. En cuanto a su procedencia, 360 son miembros de la sociedad civil, 201 son funcionarios de seguridad, 39 son exfuncionarios y 31 pertenecen a partidos políticos. Los 31 restantes incluyen 27 ciudadanos extranjeros, 3 sindicalistas, 1 periodista bajo arresto domiciliario y 1 defensor de derechos humanos.