Las sentencias 155 y 156 emanadas por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en las cuales no sólo suprime las funciones de la Asamblea Nacional sino que además la sustituye como órgano legislador en nuestro país, sin contar con las facultades de emperador que otorga al presidente de la República, son una clara evidencia, y prueba fehaciente sobre la ruptura del orden constitucional. Hoy, Venezuela vive una neodictadura o neototalitarismo.

El madurismo a través del TSJ y con la anuencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dado un zarpazo sobre los cauces institucionales. Todos han pisoteado el Derecho al Voto, al mantener un contubernio político que «suspende» indefinidamente las consultas populares, tal y como ocurrió con las elecciones para gobernadores, vencidas desde diciembre de 2016, y cuyo horizonte electoral, ni siquiera aparece marcado por un cronograma cuando finaliza el primer trimestre de 2017.

O sea, también es evidente que tanto el TSJ como el CNE quienes deberían ser garantes en la estabilidad democrática, juegan a la posibilidad de acciones sobrevenidas que pudieran «justificar» un «estado de conmoción», y de esta manera, tener excusas incluso para evitar las elecciones presidenciales que de hecho y naturaleza político-jurídico deberían realizarse en 2018, pero que es casi seguro, serían diferidas para 2019, o más allá, tomando en cuenta que siempre habrá un leitmotiv que tendrá el madurismo para no cumplir con lo establecido en la Constitución, hasta que consideren que hayan podido recuperar el apoyo popular que perdieron, por culpa de ellos mismos, y cuyas nefastas políticas públicas, han empobrecido a la nación como un todo, y hundido a su élite gubernamental en la bazofia de la inmoralidad y los tioles de la corrupción.

En este momento, no sólo estamos hablando de una simple pugna entre poderes ¡No! Quienes integran la cúpula del TSJ han convertido las letras de nuestra Carta Magna es simples palabras nugatorias. El espíritu del constituyente, basado en el poder originario del pueblo, fue impregnado por sentencias seudo-jurídicas, derivadas de órdenes políticas. Y esas «sentencias» están contaminadas de anomia, cuya orientación está dirigida hacia una sima cada vez más profunda, es decir, estamos muy distantes de la cima de la sociedad en sus ámbitos axiológicos y de bienestar colectivo.

Si los venezolanos no logramos revertir con protestas sociales y manifestaciones amparadas en lo poco que aún nos queda de «constitucionalidad», estaremos ante una situación de facto que nos colocaría en una situación hegemónica del poder en contra de la ciudadanía. Verbigracia, en lo sucesivo, Maduro y su cúpula podrían controlar nuestras vidas en todos los espacios societarios tanto públicos como privados. Terminar por arrebatarnos los portales o medios de comunicación en los cuales todavía podemos expresarnos con relativa autonomía de pensamiento, y peor, encarcelarnos, como ha venido ocurriendo con varios venezolanos, por nuestra forma de pensar o negación a la sumisión ideológica o reclamos de nuestros derechos como ciudadanos ¡Una perversión!

Las recientes sentencias del TSJ sólo pueden catalogadas como «El Madurazo» porque son la síntesis de la letrina de un gobierno que sólo ha causado dolor, sufrimiento y hambre al pueblo de Bolívar. El chavismo así como los grupos sensatos de oposición rechazamos esta podredumbre política. Es hora de informarle a Maduro y sus zascandiles «jurídicos» que aunque intenten por la vía de las imposiciones y del terror, callarnos como pueblo, en cualquier instante de la historia deberán rendir cuentas a la verdadera justicia. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.