En 2006 cuando el gobierno de Hugo Chávez adelantó el proceso conocido como reforma policial, se acordó disolver la Policía Metropolitana de Caracas. Una de las principales motivaciones para decidirlo, era su enorme prontuario de violaciones de derechos humanos y altos niveles de corrupción que no era posible su reforma para adecentarla. La decisión más razonable fue disolver.

Una propuesta parecida realizó hace dos años la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como la Misión de Determinación de Hechos también de la ONU, en relación con las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Un cuerpo élite que se convirtió en un escuadrón de la muerte, acusado con frecuencia no solo de ejecuciones policiales sino de robos en las viviendas donde realizan allanamientos.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no se queda atrás en cuanto al amplio prontuario de abusos. De las 222 presuntas ejecuciones realizadas por la Fuerza Armada en 2020, la gran mayoría son atribuidas a la Guardia. Su participación en operativos de seguridad ciudadana, va acompañada de violaciones al derecho a la vida.

 Una de las labores más cuestionada por la población a este componente militar es la relacionada con las alcabalas. Se acrecientan las denuncias de los abusos de los funcionarios en los puntos de control. Más que controlar para garantizar seguridad, esa acción pareciera se transformó en una actividad de despojo de bienes a los pasajeros o transportistas de alimentos y mercancías. Ello sumado al cobro compulsivo de dinero, recurriendo al abuso de poder.

Las imágenes de lo ocurrido recientemente en el estado Mérida, donde se bloqueó por horas el ingreso de ayuda humanitaria canalizada por sectores de la iglesia para las poblaciones por las inundaciones en Tovar en El Valle de Mocotíes, generó una amplia indignación, por la falta de solidaridad y humanismo.

En 2014, 2017 y 2019 años de tres ciclos de amplias protestas en el país, la GNB acumula un amplio expediente de graves violaciones a los derechos humanos. Varias de las personas asesinadas en protestas tienen como presuntos responsables a integrantes de la Guardia. Detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas e incluso agresiones a la población lanzando bombas lacrimógenas contra las viviendas, son parte de las acusaciones documentadas tanto por organizaciones de derechos humanos, como por medios de comunicación nacionales internacionales.

Si se evalúa su actuación en las fronteras, llueven las denuncias sobre la presunta participación en actividades de contrabando.

Si se realiza un análisis de las notas de prensa del Ministerio Público, se puede encontrar innumerables casos donde funcionarios aparecen investigados por múltiples delitos.

Como en todo organismo policial y militar, es injusto afirmar que todos los funcionarios militares integrantes de Guardia Nacional Bolivariana no son fieles a su lema El honor es su divisa, pero sin duda hay un número importante que no actúa con honor, pero si les gusta la divisa, pero la monetaria.

Siempre que se habla de abusos de fuerzas policiales y militares, se apunta a la necesidad de realizar cambios o disolver fuerzas policiales. ¿Y las militares son intocables?

Hay que abrir un debate serio y responsable sobre lo que viene ocurriendo en la Guardia Nacional Bolivariana. Crece el descontento por su actuación. Los integrantes de la propia fuerza armada honestos y contrarios a prácticas de corrupción y abusos, deberían ser los más interesados en que esa discusión se produzca para el bien de la institución.

En esa discusión debe plantearse si una buena alternativa es su disolución como se hizo en el 2006 con la Policía Metropolitana. Cuando los problemas llegan a ser tan diversos y estructurales, las reformas son insuficientes.

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