El 24 de enero pasado, el ministro César Trómpiz y su equipo directivo se reunieron con representantes de 18 universidades privadas y, por lo que resume uno de éstos últimos, les “leyeron la cartilla” enunciando taxativamente criterios y medidas que decidió adoptar el Ministerio de Educación Universitaria desde los próximos días. Me referiré a diez de esos enfoques y medidas con los que tengo desacuerdos parciales o totales.

1. Planteó el ministro que el Estado debe ejercer la “tutela” de las universidades privadas, según lo que establece el artículo 106 de la CRBV. Pero lo que dice ese artículo es que el Estado desarrollará una “estricta inspección y vigilancia” de las instituciones privadas. Esto último es pertinente pero no es equiparable a “tutelar”, acción que se ejerce para guiar a los menores de edad y a los desvalidos.
2. También dijo el ministro, al parecer, que la prestación del servicio educativo por parte de las universidades privadas es un deber de estas y no un derecho. Si dijo esto, se equivoca pues el artículo 106 de la CRBV, si algo hace, es precisamente garantizar el derecho de los particulares a fundar y mantener instituciones educativas privadas, siempre y cuando cumplan de modo permanente con los requisitos que establece el Estado.
3. También se dijo que las instituciones privadas del nivel superior no pueden generar lucro porque no deben ser un negocio. Eso es una falacia. La educación superior, constitucionalmente, no es obligatoria. Por ende, la Constitución, en su artículo 103, no obliga a los particulares a impartirla de modo gratuito; en cambio, el Estado sí está obligado a ofrecerla gratuitamente. Pueden, por tanto, los empresarios privados obtener lucro de su inversión en educación superior; siempre y cuando el dinero que reciban como pago se corresponda con un servicio de calidad, sin fraude alguno.
4. Dijo el ministro que el MPPEU debía “proteger al débil jurídico”, el estudiante, en su relación con la universidad privada. Eso es adecuado destacarlo, pero también debería destacarse la obligación del MPPEU de estimular a los empresarios u organizaciones que inviertan en educación superior, pues si los ahuyentasen, el Estado debería cargar con un cuarenta por ciento de matrícula adicional a la que ya atiende.
5. Exigió el MPPEU, el 24 de enero, que las universidades privadas le presentasen sus estructuras de costos para el 4 de febrero. ¿Por qué tal perentoriedad? En una época de galopante hiperinflación generada por las políticas del Gobierno al que pertenece el ministro, lo cual genera enorme variaciones, mes a mes, en los cálculos financieros de las instituciones, esa exigencia es una falta de consideración, por decir lo menos.
6. El planteamiento adicional de “anclar al petro” la estructura de costos de cada universidad, pienso que no es una exigencia que pueda hacer el MPPEU; pues no es de su competencia establecer políticas y obligaciones monetarias, impositivas o fiscales.
7. En cuanto al anuncio de la constitución de un equipo de trabajo formado por cuatro rectores de universidades privadas y cinco representantes del MPPEU, del CNU, de la OPSU, mas dos personajes extraños y espurios, un miembro de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios y un diputado constituyente, un tal Oliver Guzmán; me parece un claro exabrupto. Porque ese estudiante, por definición, no pertenece a una federación estudiantil que haga vida en las universidades privadas. Y porque el constituyente Oliver Guzmán solo lo conoce su madre o su esposa a la hora de servirle la cena.
8. Sí me parece, en cambio, conveniente el propósito del MPPEU de activar un Sistema de Evaluación, Supervisión y Acreditación de las universidades, lo cual fue anunciado. Pero, ojo, no solo para las universidades privadas porque ello constituiría un trato discriminatorio prohibido por la Constitución. Debería ser para todas las universidades y su administración no debe estar politizada sino en manos técnicas.
9. Aludió el ministro a la probable aprobación de nuevos programas académicos de las universidades privadas. ¡Enhorabuena! Hay montones de propuestas de las universidades privadas, como creación de nuevos postgrados, que tienen años engavetadas en las oficinas de la OPSU y del CNU.
10. Expreso mi último desacuerdo con el propósito enunciado de introducir a un delegado del MPPEU en los consejos universitarios de las universidades privadas. Ello constituiría un abuso de poder, que va mucho mas allá de la competencia de vigilar y supervisar. Tan odiosa intromisión solo tendría cabida si el Estado decidiese intervenir a una universidad privada y ello como posible antesala de su clausura o su estatización forzosa; lo cual, por cierto, no puede hacerse sin causas justificadas y sin agotar el debido proceso.

Finalmente, pregunto: ¿Tendrían tiempo el ministro y su equipo directivo de programar inspecciones in situ a la UCV, la UDO, la LUZ, la UC, etc, para dialogar cara a cara con los profesores, estudiantes y autoridades de las universidades públicas y así tomar nota de la debacle brutal en la que están sumidas estas instituciones que nos dueles a todos? Instituciones públicas otrora creadas y desarrolladas por el Estado y ahora hundidas en el mas profundo tremedal por la desidia de este Gobierno.

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