El 20 de noviembre se conmemoran 31 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Hace 100 años, en la década de 1920, a alguien se le ocurrió que era injusto que los niños fueran explotados como fuerza de trabajo más barata y a la cual se le podía exigir más sin que se resistieran.
Tuvieron que pasar 70 años para que la comunidad internacional se planteara que los niños debían ser tratados con dignidad. Finalmente, en 1989, se aprobó el tratado de derechos del niño que reconoce que los niños y adolescentes tienen derechos humanos.
Se dice fácil; es el tratado más ratificado en la historia de Naciones Unidas; pero costó 10 años de discusiones llegar al consenso en la redacción de sus 54 artículos.
Allí se reconocen los derechos más obvios (vida, salud, educación) hasta los más controvertidos (libertad personal, de conciencia, religión; participación en todo lo que le afecta; debido proceso en causas judiciales). Hay que destacar que fue el primer instrumento que incorporó el abanico de derecho internacionales (civiles, culturales, económicos, políticos y sociales), así como aspectos de la legislación humanitaria.
Algunos no se han enterado
A pesar de haber transcurrido más de 3 décadas, la vida de miles de niños y adolescentes sigue desdiciendo el mandato del texto que es de carácter vinculante. Muchos Estados perdieron el entusiasmo generado en la década de los 1990 y la de los 2000 argumentando que las limitaciones financieras impiden asumir los compromisos requeridos.
De hecho, el artículo 4 de la Convención establece que “en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.
Suena lógico el texto, lo que no se previó es que los mismos Estados priorizan gastos de equipamiento militar, seguridad y defensa, burocracia, sin contar los porcentajes que se van en corrupción. Los niños no votan y el populismo que mueve el entramado de las decisiones en nuestros países necesita contar con la aprobación de los beneficiarios en las urnas electorales.
¿Derechos confinados?
La crisis generada por el Covid-19 complejiza la situación de amenaza y violación de los derechos de la niñez y adolescencia en Venezuela. Mencionaremos solo algunos aspectos que así lo demuestran:
- Brecha educativa. La modalidad de educación a distancia está aumentando las desigualdades y amenazando con dejar fuera del sistema a miles de estudiantes que no cuentan con los medios indispensables para continuar formándose en sus hogares.
- Aumento de la malnutrición y desnutrición como consecuencia del impacto de la pandemia sobre la economía familiar y la imposibilidad de asistir a los centros educativos para recibir alimentación complementaria.
- Incremento de la violencia intrafamiliar, castigo físico y humillante, maltrato y abuso sexual. La cuarentena prolongada ha sobreexpuesto a los niños víctimas de hogares con relaciones violentas y aumentado el número de niños agredidos a consecuencia del estrés y presiones a los que están sometidos los adultos cuidadores.
- Restricciones para contar con documentos de identidad porque no están operando oficinas de identificación para cédulas y pasaportes y horarios restringidos para acceso a los registros civiles (certificados y partidas de nacimiento)
- Sistema de Protección debilitado. El coronavirus ha continuado el efecto de la Emergencia Humanitaria Compleja que se traduce en la desinstitucionalización, desprofesionalización y ausencia de programas para atender los casos y denuncias. Es limitada la posibilidad de asistir a un espacio físico y no hay líneas telefónicas especializadas en temas de niñez.
- Separados de sus padres. Miles de niños y adolescentes “dejados atrás” por los padres que debieron migrar, antes de la pandemia, hace que estos hijos deban vivir las dificultades del momento actual sin contar con la presencia y acompañamiento emocional tan importante y, en muchos casos, sin las remesas para su manutención o en montos menores.
- Participación constreñida. La voz y opinión de los niños y adolescentes no es tomada en cuenta para tomar decisiones que los afectan en la vida familiar, escolar, comunitaria, mucho menos para decisiones públicas que toman las autoridades.
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