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Fernando Pereira | @cecodap | @fernanpereirav
El 20 de noviembre se conmemoran 31 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Hace 100 años, en la década de 1920, a alguien se le ocurrió que era injusto que los niños fueran explotados como fuerza de trabajo más barata y a la cual se le podía exigir más sin que se resistieran.
Tuvieron que pasar 70 años para que la comunidad internacional se planteara que los niños debían ser tratados con dignidad. Finalmente, en 1989, se aprobó el tratado de derechos del niño que reconoce que los niños y adolescentes tienen derechos humanos.
Se dice fácil; es el tratado más ratificado en la historia de Naciones Unidas; pero costó 10 años de discusiones llegar al consenso en la redacción de sus 54 artículos.
Allí se reconocen los derechos más obvios (vida, salud, educación) hasta los más controvertidos (libertad personal, de conciencia, religión; participación en todo lo que le afecta; debido proceso en causas judiciales). Hay que destacar que fue el primer instrumento que incorporó el abanico de derecho internacionales (civiles, culturales, económicos, políticos y sociales), así como aspectos de la legislación humanitaria.
A pesar de haber transcurrido más de 3 décadas, la vida de miles de niños y adolescentes sigue desdiciendo el mandato del texto que es de carácter vinculante. Muchos Estados perdieron el entusiasmo generado en la década de los 1990 y la de los 2000 argumentando que las limitaciones financieras impiden asumir los compromisos requeridos.
De hecho, el artículo 4 de la Convención establece que “en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.
Suena lógico el texto, lo que no se previó es que los mismos Estados priorizan gastos de equipamiento militar, seguridad y defensa, burocracia, sin contar los porcentajes que se van en corrupción. Los niños no votan y el populismo que mueve el entramado de las decisiones en nuestros países necesita contar con la aprobación de los beneficiarios en las urnas electorales.
La crisis generada por el Covid-19 complejiza la situación de amenaza y violación de los derechos de la niñez y adolescencia en Venezuela. Mencionaremos solo algunos aspectos que así lo demuestran:
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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.
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