La cúpula que gobierna actualmente cumplió diez años en el poder. Una década en la que lo único que ha generado es sufrimiento a la población sobre todo a los más humildes.
Se encargaron de destruir el país: su economía, los servicios básicos, la infraestructura y se convirtieron en una fábrica de pobreza.
Toda esa tragedia producida la acompañaron, perpetrando crímenes de lesa humanidad: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, aislamientos prolongados, torturas y ejecuciones extrajudiciales. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) ha resumido este periodo como “una década oscura para los derechos humanos”
Si bien alguno de los problemas que más afectan el día a día de las familias existían durante el gobierno de Hugo Chávez, se profundizaron en la gestión de Nicolás Maduro: crisis eléctrica, crisis en el servicio de agua, en el transporte público. Junto a ello el deterioro de los servicios públicos de salud y del sistema educativo en todos los niveles. Un pueblo sometido a altos niveles de inflación y bajos salarios, así como pensiones miserables.
En el caso particular de los trabajadores, la cúpula se encargó de pulverizar los beneficios de las contrataciones colectivas, destruir el salario y acabar con las cajas de ahorro y otras conquistas que favorecían al trabajador y sus familias.
Disparos como respuesta
En el contexto de protestas, 284 personas han fallecido, la gran mayoría asesinadas por agentes del Estado o grupos paramilitares pro-gobierno. Personas que reclamaban derechos, recibieron como respuesta disparos incluso con armas de guerra.
Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia, los policías y militares han asesinado –hasta el 31 de diciembre de 2023– a 9.995 personas en los denominados operativos de seguridad, lo cual equivale a 78,47% de las violaciones del derecho a la vida desde 1989.
Más de 60% de las víctimas son jóvenes de sectores populares, a quienes se asesinó mediante ejecuciones extrajudiciales, buena parte de ellos en sus propias casas, donde familiares observaron o escucharon los disparos.
El asesinato mediante tortura no ha estado ausente. Un caso emblemático es el homicidio en junio de 2019, del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió a consecuencia de torturas que le fueron aplicadas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Ni siquiera los funcionarios policiales se han salvado de las prácticas de tortura. Luis Alberto Morillo Medina (54 años), era supervisor jefe de la Policía del Estado Portuguesa y falleció el domingo 21 de mayo de 2023, en Guanare, luego de que funcionarios del CICPC allanaran su residencia, buscando a su hijo, Luis Morillo, por su supuesta vinculación con un caso de homicidio. Al no encontrar al hijo procedieron a golpear en su propia casa a Morillo, hasta provocarle la muerte.
Quienes hoy pretenden reelegirse el próximo 28 de julio, sólo pueden garantizar aumentar el sufrimiento de las mayorías. La incapacidad, corrupción y maldad los llevará a generar más hambre y crímenes de lesa humanidad.
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Del mismo autor: Radiografía de los derechos humanos en Venezuela