Además de conocer al pie de la letra el territorio, los delincuentes de La Vega, El Cementerio, Cota 905 y El Valle trabajan articuladamente. Así lo señalan funcionarios de inteligencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Fuentes policiales revelaron que luego de la visita del entonces viceministro José Rangel Ávalos, los maleantes decidieron unirse para enfrentar a los policías. El proceso inició a principios de 2015 en la Cota 905 con «El Coqui», Carlos Luis Revette, quien heredó la tarea de «El Chavo», identificado como Jesús Ramos Caldera. A éste último lo ultimó el Cicpc en La Candelaria.

Seis meses después, aproximadamente, el gobierno interviene la Cota 905 con la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP). En el operativo murieron 15 personas y detuvieron a 252 personas. «El Coqui» y sus secuaces huyeron horas antes del sitio y hasta la fecha se desconoce el paradero del líder.

Cálculos de especialistas en materia de criminología indican que entre las cuatro zonas pueden existir al menos 400 hombres con un organigrama similar al militar. La estructura delictiva se maneja con un «comandante» o «pran», pasa por los hombres de más confianza -«luceros»-, y termina con los «pegadores».

Además de copiar la organización del mundo castrense, estos delincuentes también manejan el mismo armamento. Tienen rifles de franco tiradores calibre .50, bazuca., AR 15, AR 47, Fal y granadas. Usan chalecos antibalas y radios portátiles.

Este arsenal supera en potencia y cantidad al parque de armas de los cuerpos policiales preventivos, a quienes se les tiene permitido utilizar armas calibre 9mm. Solo los funcionarios de unidades de choque, como la Brigada de Accione Especiales del Cicpc, utilizan fusiles.

Por ejemplo, los funcionarios que ingresaron a El Cementerio la noche del 23 de marzo, cuando mataron a uno de sus supervisores, se quedaron sin municiones en menos de dos horas; mientras los delincuentes les disparaban con armas de guerra.

Investigadores policiales señalan que una de las dificultades que presentan para dar con el paradero de los hampones son los escondrijos que fabricaron en los sótanos de las viviendas. «Se mueven por vías subterráneas como las alcantarillas y algunos vecinos los protegen por complicidad o por temor a ser desplazados o asesinados», manifestó una fuente.

Agregó que la noche del 23 de marzo, los delincuentes que asesinaron al Policaracas y a su hijo, escaparon hacia el barrio San Andrés de El Valle, a través de la vía entre la calle Los Aguacaticos de Los Sin Techos y la calle Apure del barrio San Andrés.

Desde estos barrios los delincuentes organizan los secuestros, las extorsiones y organizan el mapa de las plazas de venta de droga. La violencia que ejercen en contra de las víctimas puede llegar al homicidio, como fue el caso de la pareja que asesinaron y quemaron frente a sus dos hijas en Hoyo de la Puerta o el descuartizamiento de un profesor de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes).

Pero las víctimas de secuestro no son las únicas personas que están a merced de sus castigos. También lo están los hampones que no se subyuguen al control que ejerce el líder en el barrio. Como ocurrió con «El Puñito», el pasado 26 de febrero a quien tirotearon, desmembraron y quemaron en Los Cardones de El Valle.

«OLP aumenta la violencia»

Provea fijó postura por el asesinato del Policaracas y su hijo. Aseguró que la OLP no es el mecanismo adecuado para frenar a las bandas delictivas, sino que propician más violencia en las zonas populares. «Con OLP solo han aumentado los atropellos y violaciones de los DDHH», reza uno de los mensajes enviados por la ONG a través de Twitter.

En horas de la noche del 23 de marzo, fecha en la que ocurrió el doble crimen en El Cementerio, funcionarios de la Policía de Chacao llegaron al sitio para apoyar a sus colegas de Policaracas quienes se habían quedado sin municiones en el enfrentamiento que sostuvieron para rescatar el cadáver del supervisor Larry Morillo.

El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, rechazó los homicidios y envió sus condolencias a la familia. Lo mismo hizo el alcalde de El Hatillo, David Smolansky y recordó que en lo que va de año han asesinado a más de 30 funcionarios policiales en la Gran Caracas.

Temo que los venezolanos hemos perdido la capacidad de entender la verdadera dimensión de la violencia que nos arropa.

— RAMÓN MUCHACHO (@ramonmuchacho) March 24, 2016

Van más de 30 funcionarios asesinados sólo en la Gran Caracas. Hay que apoyar más a las policías ante esta guerra declarada por las bandas

— David Smolansky (@dsmolansky) March 24, 2016