“Mi hijo solo es chofer, y lo acusan de los mismos delitos que altos funcionarios”: denuncian vicios en caso Pdvsa-Cripto

Abogados y familiares del caso denominado Pdvsa-Cripto se concentraron a las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas, este 5 de junio, para denunciar una serie de irregularidades en el juicio por el desfalco millonario contra la estatal petrolera, por el que se encuentran detenidas más de 60 personas, entre ellas el exministro del Petróleo Tareck El Aissami. 

Jeset García, defensor del exsuperintendente nacional de criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez, leyó a las puertas de los tribunales un resumen de lo que consideran son graves violaciones constitucionales, procesales y de derechos humanos en el desarrollo del proceso, tales como detenciones arbitrarias, falta de acceso oportuno a los expedientes, incumplimiento de lapsos procesales y tratos crueles e inhumanos contra los detenidos. 

Pero familiares presentes, entre ellos la esposa del banquero Carmelo De Grazia (Bancamiga) y el padre de quien solo prestaba servicio como chofer de uno de los empresarios, también rechazaron que a todos los implicados se les imputen los mismos delitos, equiparando a ex altos funcionarios como El Aissami o Ramírez, con quienes solo eran empleados. Exigen que se separen los casos y sea aplicada la justicia. 

Para este viernes estaba prevista una audiencia telemática en el Palacio de Justicia por el caso, a las 10:00 a.m. con presencia de abogados y al menos cuatro familiares. Otra de las denuncias fue que las audiencias pasaron de ser presenciales a telemáticas, por lo que los detenidos asistirían desde sus centros de reclusión como el Rodeo I. 

Abogados del caso Pdvsa-Cripto realizan declaración desde el Palacio de Justicia para denunciar irregularidades

Audiencias telemáticas y traslados arbitrarios

El proceso judicial del caso Pdvsa-cripto entró en fase de reactivación a mediados de abril, tres años después del escándalo que devino en la renuncia de El Aissami a la cartera del petróleo. En 2023, el Ministerio Público (MP) anunció el inicio de investigaciones por “graves hechos de corrupción” en la estatal petrolera que implicó un desfalco por más de 5.550 millones de dólares.

“Nuestros representados se encuentran privados judicialmente de su libertad por un tiempo superior a los tres años, sin que haya recaído sobre su persona sentencia alguna, violando el tiempo máximo de duración de la medida de coerción personal. Superar este umbral sin una justificación constitucional válida y sin un debate limpio, configura un evidente decaimiento de la medida”, señaló el abogado Jeset García. 

Cuestionó que, luego de más de 16 audiencias de forma presencial, se pretende imponer la continuación del juicio oral por vía telemática, en contravención con lo estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal. Familiares aseguraron que ni la jueza del caso está de acuerdo y que la finalidad es que detenidos de alto perfil como El Aissami o Samark López Bello (supuesto testaferro del exministro) sigan haciendo graves señalamientos de corrupción en el seno del gobierno de Nicolás Maduro. 

“Se efectuaron cambios de centros de reclusión de varios procesados que se encontraban en la sede de El Helicoide, sin solicitud previa del tribunal, ni de nuestros representados, lo que evidencia la falta de autonomía de los tribunales penales frente a los organismos de seguridad e investigación penal del país”, expresó García.

Familiares indicaron que, debido al reciente “cierre” de El Helicoide, fueron trasladados al Rodeo I: Roger Perdomo, Rafael Perdomo, Manuel Meneses, Jesús Méndez, Felipe Contreras, Pedro Maldonado, Daniel Prieto, Jairo Lino y los hermanos Juan Manuel, Jorge Luis y Carlos Jesús Almeida Morgado (conocidos como los hackers). 

Mientras que a Yare II fueron enviados otros implicados en el caso. Se trata de Yamil Alejandro Martinez, Pedro Fernández, Oscar Rojas, Juan Carlos Moreno, Renny Barrientos, Rajiv Mosquera, Jesús Ramirez, Leonardo Torres, Kristofer Barrios, Pedro Herrera, Mario Aquino, Jose Lima, Edgar Sánchez, Isaac Salazar, Johan Sequera, Néstor Astudillo, Carlos Moreno, Tulio Medina y Salem Hassoun Atrach. 

Lo que se sabe del caso El Aissami y la reactivación esta semana del proceso contra la trama Pdvsa-cripto

Exigen separar casos 

Mariana Parra, esposa del banquero Carmelo De Grazia y cuñada de Daniel De Grazia y Levin De Grazia (este último bajo arresto domiciliario), antiguos dueños de Bancamiga, aseguró que sus familiares son inocentes y que ni siquiera conocen personalmente a El Aissami, pero están imputados por los mismos delitos como traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias y asociación para delinquir.

Denunció que su esposo y Daniel De Grazia han perdido alrededor de 25 kilos durante su reclusión en el Rodeo I y recientemente es que han recibido atención médica en la cárcel. Previamente, relato, su esposa fue víctima de torturas en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleita. 

Indicó además que, después de una detención arbitraria, los hermanos fueron objeto de desaparición forzada durante cinco meses, hasta que pudieron comunicarse con ellos a través de cartas. Asimismo, señala que durante las primeras audiencias, las autoridades solo querían saber de los bienes de los empresarios que luego fueron confiscados de manera arbitraria.

“Los acusan de controlar el precio del dólar, que cobraron altas comisiones por el dinero transferido de Pdvsa. Es un expediente de tres mil folios y los De Grazia aparecen en 18 piezas. Mi esposo fue torturado en las cámaras de frío en el Dgcim, donde te encierran como si fuera una tumba, tenía que hacer sus necesidades y pasaba hambre”, contó a la prensa.

A su juicio, como los detenidos “están hablando”, el caso se les “empasteló” a las autoridades y ahora “los quieren callar”.

“Metieron en un mismo saco a funcionarios públicos con empresarios y hasta a los choferes les están imputando los mismos delitos, los acusaron sin pruebas. Esos casos deben ser separados y esta petición no se atiende”, dijo Parra. 

“La Fiscalía no hizo su trabajo”

A Luis Daniel Guzmán y Jean Meyer los detuvo la Policía contra la Corrupción el 29 de marzo de 2023 en Las Mercedes (municipio Baruta). Ambos trabajaban como choferes del empresario Daniel Prieto de la empresa Thermex, señalado por las autoridades como testaferro del exdiputado Hugbel Roa, también apresado por el caso Pdvsa Cripto, y su esposa, Diana Carolina De Oliveira.

Su padre Rafael Guzmán también rechaza que se les acuse de los mismos delitos y se les equipare a altos funcionarios públicos. Su hijo, de 30 años, está recluido actualmente en Yare II, pero antes pasó por El Helicoide, Plaza Venezuela, La Yaguara y la cárcel Fénix, en el estado Lara. Denunció que Luis Daniel fue golpeado para que confesara delitos que no cometió.

Alertó que presenta, junto a otros reclusos, problemas de salud (diarrea y vómito) que no están siendo atendidos, por lo que iniciaron una huelga de hambre. Los privados de libertad también protestan por las últimas suspensiones de las audiencias de esta semana.

“Pudimos pasarles medicamentos, pero no hemos podido saber más nada. La abogada todavía no se ha podido comunicar con ellos, se está haciendo la diligencia. La abogada que nos representa es del Foro Penal porque somos gente que no tenemos recursos para pagar a un abogado privado. Somos de un pueblito rural del estado Miranda, San José de Onova. Mi hijo vivía alquilado con su esposa y sus dos hijos y ella tuvo que irse para el campo por no tener con que pagar”, comentó Guzmán.

Señala a la Fiscalía por no hacer su trabajo y que si hubiera investigado realmente a su hijo, estaría en libertad. 

“Los cargos que le están imputando son los mismos: asociación para delinquir, posesión de bienes públicos, extracción de bienes públicos, obstrucción de la justicia, cómplices necesarios en sustracción de bienes del Estado. La Fiscalía no investigó a mi hijo. Ese expediente está viciado porque carece de veracidad, de pruebas fehacientes”, agregó.