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Representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela sostuvieron este miércoles una reunión con miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para revisar el estado de los DD.HH. en el país y las políticas públicas con incumbencia en esta materia.

El TSJ informó, en un comunicado oficial, que han venido honrando «a cabalidad» todos los compromisos asumidos en el Plan de Trabajo, Cooperación y Asistencia Técnica, con lo que demuestran «plena voluntad y capacidad para cumplir sus atribuciones constitucionales y legales, con diáfano respeto al debido proceso y los estándares internacionales».

Asimismo, reconoció el «trabajo constructivo y positivo» de los oficiales de la ACNUDH en el país.

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El TSJ, prosigue el escrito, reiteró su disposición de trabajar junto a otros organismos del Gobierno en la «reorganización, reestructuración y reimpulso» de la Justicia venezolana para garantizar el «resguardo» y protección de los derechos humanos, la garantía de acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva.

Una coalición de 125 ONG venezolanas y de otros países exigieron este miércoles la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de los Hechos de la ONU sobre el país, creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos, y cuyo período vence el próximo mes de septiembre.

En una conferencia de prensa virtual, voceros de estas organizaciones pidieron a los Estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que voten a favor de la renovación, pues consideran que «la impunidad que prevalece en Venezuela y los abusos y las violaciones sistemáticas de derechos humanos persisten».

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La vocera de Amnistía Internacional Clara del Campo explicó que, para que esta renovación se materialice, se deben obtener más votos afirmativos o abstenciones que votos negativos en la sesión del consejo en la que se presente la posibilidad de renovar el mandato de la misión.

En 2020, la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela presentó su primer informe en el que acusó al presidente Nicolás Maduro y a otros altos cargos, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de cometer crímenes de lesa humanidad.