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Unos vecinos aprovecharon la incursión de los encapuchados con placa policial para delatar a dos delincuentes de la zona. Señalaron hacia la escalera 12 del barrio Primero de Mayo de El Cementerio y hacia allá acudieron los uniformados del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

De acuerdo con una reseña oficial, cuando la comisión llegó al sitio forzaron una puerta y así entraron al inmueble donde un hombre disparó contra ellos. Tiros salieron de lado y lado, hasta que una mujer sorprendió a los funcionarios y lanzó una granada. Las cinco personas que se encontraban en la habitación resultaron heridas.

«Estaban escondidos en la guarida. Eso era esa casa», reconoció un pariente de Jefferson Daniel Suárez, el joven de 20 años que atacó a los funcionarios en El Cementerio. Aseguraron que Karelyn Yudely Borges Díaz, de 20 años de edad, era la pareja de Jefferson y que actualmente esperaba un hijo de él. Ambos murieron en el sitio por la explosión que la joven causó, para proteger al padre del bebé en su vientre.

Los otros tres heridos por la granada fueron el comisario del eje central de homicidios Javier Mendoza, además de los detectives Álvaro Rojas y Jesús Verdú. Actualmente, permanecen en observación en una clínica del oeste de Caracas. Su condición es estable.

Jefferson y Karelyn fueron dos de los fallecidos que dejó la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en El Cementerio, Cota 905, El Valle, San Agustín y El Guarataro que se registró este viernes, 11 de diciembre, desde medio día hasta las 11:00 pm aproximadamente.

Aunque el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz solo ha reconocido a una persona asesinada en los enfrentamientos de la OLP, extraoficialmente se contabilizaron 12 muertos. «El Compota» fue el nombre de una de las víctimas que dio el ministro Gustavo González López, presunto delincuente ultimado que estaría implicado en el homicidio de la funcionaria  de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Kendy Urrea.

Este sábado en la morgue de Bello Monte fueron ingresados 10 cadáveres provenientes de las zonas donde se enfrentaron policías y malandros. Las otras dos personas fallecidas se encontraban hasta esta mañana en las cavas del Hospital Miguel Pérez Carreño.

La razón

Un informe realizado a finales de noviembre por la División Contra Extorsión y Secuestro del Cicpc señala que en lo que va de año han trabajado al menos 58 casos de secuestro en el que la víctima fue liberada o capturada en el eje Cota 905, El Cementerio, El Valle y La Vega.

El último caso se registró el 3 de diciembre, cuando fue secuestrado el coronel del Ejército Richard Manuel Riera Montilla, jefe de Seguridad de la Vicepresidencia de la República y segundo comandante de la Guardia de Honor. 

El rescate fue cobrado por los secuestradores en el túnel de El Valle, en la autopista Francisco Fajardo, adyacente al barrio Primero de Mayo de El Cementerio.  En ese mismo sitio fue liberada la víctima.

«Este era un operativo que estábamos planificando desde hace tiempo. Es falso que lo ejecutamos solo por el secuestro del coronel de la Vicepresidencia. Se realizó porque es necesario, porque las últimas semanas los secuestros y robos de carros aumentaron muchísimo», reconoció un jefe del Cicpc que actuó en el procedimiento del viernes 11 de diciembre.

Dos veces en un semestre

Cinco parroquias de Caracas fueron pesquisadas el viernes 11 de diciembre por cinco cuerpos de seguridad del Estado, que en total desplegaron a 2.430 funcionarios en una segunda OLP que toca a la Cota 905.

La primera incursión masiva de uniformados solo revisó los barrios aledaños a la avenida Guzmán Blanco, desde Montalban hasta la avenida Nueva Granada. Se realizó el lunes 13 de julio, contó con 200 funcionarios de la GNB, Cicpc y PNB, se detuvieron a 134 personas y asesinaron a 15 más. Recuperaron 16 armas y 24 vehículos. No hubo ningún funcionario herido.

Tras estos números quedaron huellas en la memoria de los habitantes de la Cota 905. Insultos, golpes y robos fueron algunas de las denuncias de abusos policiales que se registraron ese 13 de julio. Al menos 60 personas fueron a la Fiscalía para denunciar los casos, pero el representante del Ministerio Público desestimó la causa.

«No sé cuándo van a entender que aquí no estamos azotados por la delincuencia, estamos azotados por los policías», dijo Mary Cuevas, habitante del sector La Esperanza en el barrio Las Quintas de la Cota 905, quien por segunda vez en seis meses fue robada por funcionarios.

A las 2:00 pm el teléfono de Mary comenzó a sonar, mientras ella se encontraba en una camioneta por puesto con dirección hacia su casa. «Sube rápido que unos policías encapuchados están en tu casa, rompieron la puerta y el portón», fue el mensaje que recibió de su vecina.

Mary tomó un jeep en El Peaje, sitio en la avenida Nueva Granada donde está la parada de la línea de transporte público que sirve a la comunidad. A la altura del puente de Los Laureles, el paso estaba trancado por los funcionarios. El vehículo se desvió hacia La Vega y salió por El Paraíso. Dejó a los pasajeros a la altura del barrio Moscú y Mary tuvo que caminar 20 minutos en subida para llegar a su casa.

Con ella se encontraba su esposo, vestido con uniforme de obrero, a quien detuvieron en tres ocasiones para verificar su cédula. «‘¿Verdad que tiene cara de delincuente? Se parece a los que estamos buscando’, nos decían los policías», narró la mujer, quien al llegar a su casa constató con pesar que su vivienda fue una de las asaltadas por la autoridad. Dinero y teléfonos desaparecieron de su casa.

«Insistimos en que este plan supone graves riesgos para los derechos humanos y constituye un retroceso respecto a los avances alcanzados durante el proceso de reforma policial», advirtió la organización de derechos humanos, Provea, un mes después del inicio de la OLP.

En un mes, Zulia, Lara, Barinas, Yaracuy, Valencia, Aragua, Miranda, Anzoátegui, Carabobo y Monagas fueron los otros estados en los que se desplegó el nuevo proyecto de seguridad del ministerio.