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La sociedad civil venezolana alzó su voz en Ginebra. El fundador de Acción Solidaria, Feliciano Reyna, pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas crear una comisión internacional para investigar las violaciones de derechos humanos en el país de forma independiente y evitar la impunidad.

“Solicitamos al Consejo de Derechos Humanos designar en la próxima sesión una comisión internacional de investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela que establezca las responsabilidades e impida la impunidad”, dijo este viernes, 5 de julio, en representación de los activistas venezolanos desde la sede del organismo en Suiza.

Otras de las solicitudes planteadas por el activista al Consejo de Derechos Humanos de la ONU fueron: exhortar a los países receptores de migrantes y refugiados venezolanos “unificar políticas y prácticas que les brinden verdadera protección internacional” y acelerar una solución política a la crisis en Venezuela, que una esfuerzos y firmes acciones del secretario general Antonio Guterres junto a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

“Pedimos al Consejo de Derechos Humanos instar al Gobierno del señor (Nicolás) Maduro garantizar el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas, actores humanitarios, sindicales, personal de la salud y otros activistas”, dijo.

También pidió a la ONU que interceda ante el Gobierno venezolano para que cumpla con los compromisos acordados con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, detenga las torturas y la represión y reconozca la emergencia humanitaria con miras a implementar un plan que dé respuesta a la emergencia.

“Pedimos al Consejo de Derechos Humanos instar al señor Maduro a implementar los acuerdos con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y facilitar el establecimiento de una oficina permanente”, continuó el fundador de Acción Solidaria, ONG que ha abogado por el ingreso de la ayuda humanitaria al país.

Reyna subrayó que, por más de una década, el Gobierno venezolano no rindió cuentas ante organismos de las Naciones Unidas e incumplió sentencias de la Corte Interamericana.

También expuso la crítica situación que atraviesan los pacientes renales en las diálisis, las lesiones irreversibles que han sufrido los hemofílicos por no tener acceso a tratamiento, así como también la ausencia de antirretrovirales y quimioterapias para personas con VIH y cáncer, respectivamente.

El activista denunció a su vez la crisis de servicios básicos y alertó que las sanciones generales impuestas a sectores de la economía venezolana exacerban la emergencia que padece la población.

“Sus efectos más graves son la desnutrición de niños y embarazadas, el agotamiento de medicinas y la pérdida de servicios de salud públicos, la ausencia forzada de niños y adolescentes del sistema educativo, y la huida diaria de miles de personas para preservar sus vida”, alertó.

Minutos antes, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo su informe sobre la situación en Venezuela y alertó sobre la “erosión” del Estado de derecho que atraviesa el país en la actualidad.

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