Varias ONG que conforman la Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil Sinergia manifestaron su rechazo a la posible aprobación del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, al considerar que tal instrumento viola derechos consagrados en otras leyes, incluyendo la Constitución.
«Ante esto, como organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro del fortalecimiento de la democracia, la defensa de los derechos humanos y las causas sociales, deseamos manifestar nuestra profunda preocupación por las graves implicaciones que tendría su aprobación e implementación para el ejercicio del derecho humano a la libertad de asociación y el cierre del espacio cívico en Venezuela, lo cual tendría consecuencias directas para miles de personas que estas organizaciones atienden y apoyan con sus programas», indicaron mediante un comunicado de prensa.
Aseguran que el instrumento que trabaja la Asamblea Nacional «otorga un control discrecional y absoluto al Estado venezolano sobre la creación y funcionamiento de todo tipo de organización social, creando un nuevo sistema jurídico para su constitución, registro y administración, incluyendo: organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, nacionales o extranjeras», agregan.
Indican que el proyecto de ley pone en riesgo el funcionamiento de todo tipo de organizaciones de sociedad civil independientes, restringiendo y eventualmente impidiendo su participación en el espacio cívico.
«Ya en 2023 numerosos actores internacionales advirtieron sobre el incumplimiento de este proyecto de ley con las obligaciones de Venezuela en materia de derechos humanos, como es el caso del comunicado conjunto de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comentarios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk», recordaron.
Ante ello, Sinergia rechazó «toda declaración que estigmatice, obstaculice y criminalice el trabajo incansable y honesto de las organizaciones de sociedad civil y de sus miembros en la atención de personas en situación de vulnerabilidad y en la promoción y defensa de los derechos humanos».
Exigen además que se respete el contenido de los tratados internacionales de derechos humanos que versan sobre el derecho a la libertad de asociación y los estándares de un entorno libre y seguro del espacio cívico.
Solicitaron que el Gobierno nacional promueva y facilite el trabajo que realizan todas las organizaciones de la sociedad civil, así como reconozca el impacto de su trabajo en el país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja desde 2016.
Instaron a los diputados de la Asamblea Nacional a no aprobar el proyecto de ley, a poner fin a los discursos estigmatizantes de la labor y el compromiso con los derechos y el bienestar de la población venezolana y de las organizaciones de la sociedad civil, entre otras consideraciones.
Lea el comunicado aquí