Salieron absueltas de prisión y 15 minutos después estaban de vuelta en el comando

Rusmarelis Zacarías, de 23 años, y Rosanis Medina, de 40, permanecieron libres apenas un cuarto de hora el pasado 3 de septiembre. Un tribunal las declaró absueltas, por falta de pruebas, al cierre del juicio que enfrentaban desde hacía más de un año; pero antes de que la familia terminara de salir del Circuito Judicial Penal de Tucupita, en el estado Delta Amacuro, el mismo comandante del centro donde estuvieron recluidas se presentó para llevárselas de nuevo.

Reicarys Medina, madre de Rusmarelis y hermana de Rosanis, relató vía telefónica a Efecto Cocuyo que la recaptura se ejecutó de forma inmediata tras el cese oficial de la medida privativa de libertad. “Mi hija y mi hermana fueron excarceladas el día 3 de septiembre a las tres de la tarde, y a las 3:15 de la tarde ya las habían vuelto a meter presas”, informó.

Zacarías y Medina fueron aprehendidas el 24 de agosto de 2025 en Barrancas del Orinoco, municipio Sotillo del estado Monagas, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El allanamiento se ejecutó sin que los uniformados presentaran una orden judicial o explicaran los motivos del arresto en el local donde ambas laboraban. Medina detalló que la incursión apuntó directamente al espacio destinado para los oficios de sus familiares.

“Nunca entendí el porqué se las llevaron; cuando hicieron ese allanamiento, ingresaron a la casa donde ellas tienen sus cosas para trabajar, porque ellas son manicuristas y decoradoras”, detalló la familiar.

A partir de ahí las involucraron en una causa por terrorismo, narcotráfico y tráfico de municiones.

15 días en desaparición forzada

Tras el arresto, el grupo familiar pasó dos semanas sin tener información sobre el paradero de las detenidas hasta que lograron ubicarlas fuera del estado Monagas. La madre de Zacarías denunció las dificultades logísticas y geográficas para hacer seguimiento al caso en otra jurisdicción.

“Yo las conseguí a los 15 días de habérselas llevado, supe que estaban en Tucupita, estado Delta Amacuro, un sitio muy alejado de donde yo vivo”.

El 29 de agosto de 2025 se realizó una audiencia vía telemática en la que quedaron formalmente privadas de libertad.

Las condiciones de reclusión agravaron la salud de las procesadas, ya que la joven de 23 años vive con un prolapso cardíaco desde la infancia, mientras que Medina, quien padece de hipertensión, sufrió dos accidentes cerebrovasculares mientras estaba en la celda.

Reicarys argumentó que las autoridades del centro de detención negaron sistemáticamente la asistencia médica durante todo el proceso. “Nunca se les brindó un traslado a un hospital, nada, nunca llegó una boleta para ser trasladada, le tocó vivir todo ese calvario allí adentro”, explicó.

En abril de 2026, la familia logró incorporar una defensa privada al caso. Con ese cambio, la audiencia preliminar del 4 de mayo redujo la acusación de cuatro a dos delitos: asociación para delinquir y tráfico de municiones. Sobre esa base se abrió el juicio, cuya culminación se produjo el pasado 3 de septiembre de 2026, cuando el tribunal determinó que no existían pruebas suficientes y emitió una boleta de excarcelación absolutoria sin restricciones, notificada por fax al circuito.

El operativo que las devolvió al comando

La reclusión posterior a la absolución ocurrió de manera abrupta mientras la familia abandonaba las instalaciones judiciales. Medina responsabilizó de la maniobra directamente al teniente coronel César Fernández García, comandante de la unidad donde las mujeres permanecen recluidas.

“Él nos manifiesta que se los va a llevar a todos al comando porque las boletas tienen que tener un sello húmedo, que la que tenían era una copia y había que esperar que Caracas notificara”, dijo.

Minutos después, en el mismo lugar, el funcionario militar desechó la excusa del trámite administrativo y cambió la versión oficial del procedimiento. La madre de la joven indicó que la nueva justificación apuntó a una anulación de la sentencia. “Después manifestó y dijo que no, que le habían dado una orden de que las boletas habían sido anuladas”.

Luego de que el comandante se llevara a las mujeres desde la misma puerta del tribunal de regreso al centro de reclusión, los familiares intentaron formalizar la denuncia por este procedimiento. Medina explicó a Efecto Cocuyo que las autoridades locales ignoraron sus peticiones de ayuda tras el incidente. “Fuimos a la fiscalía de Tucupita a tratar de poner una denuncia y tampoco se pudo, y en el circuito judicial no nos atendieron”.

El expediente está asignado al Tribunal Décimo de Caracas, desde donde la defensa privada realiza las gestiones legales y le informó a la familia que la apelación introducida por la Fiscalía contra la sentencia absolutoria no suspende la orden de liberación inmediata. Esta irregularidad mantiene a las mujeres tras las rejas de forma ilegal, una situación que los defensores advirtieron claramente a Medina, quien recalcó que “aunque haya apelado la fiscalía, ellas deberían estar en casa esperando el proceso de apelación, en libertad, porque se supone que tienen una boleta de excarcelación con una libertad absolutoria”.

Están en lista como presas políticas

Durante los primeros meses, el círculo íntimo de las detenidas optó por el silencio debido a presiones directas ejercidas por los cuerpos de seguridad del Estado. La familiar señaló que las amenazas tácticas retrasaron las gestiones públicas para visibilizar la detención. “Nos amedrentaron, a mí me dijeron que no sacara nada por las redes sociales; nosotros nos quedamos callados. Muchas veces viajé a la ciudad de Caracas para meter escritos, pero no las liberaron”, dijo la madre.

Al agotar las vías institucionales y empeorar el cuadro clínico de las víctimas, la vocera de la familia formalizó este año la denuncia ante organizaciones no gubernamentales. “Logramos exponer el caso en el Foro Penal; ahora ellas aparecen en una lista de presas políticas por el estado Monagas”.

La reclusión mantiene separadas a las mujeres de sus hijos, ya que Zacarías es madre de una niña de 4 años y Medina tiene dos menores de 15 y 7, una separación familiar que Reicarys contabiliza con exactitud al precisar que “ya son un año y 17 días en este desespero”.

Al cierre de esta nota, ambas mujeres permanecen recluidas en el mismo comando.