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Albany Andara Meza | @AlbanyAndara
Foto por Mairet Chourio (@mairetchourio)Trabajadores del sector público y pensionados venezolanos protestaron en la mañana de este 26 de octubre frente a la Fiscalía, en el centro de Caracas, para solicitar la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
También cortaron el paso vehicular de la avenida Universidad en medio de su manifestación. Con pancartas y bajo la consigna «Salario y dignidad» exigieron la homologación del sueldo a la canasta básica, que para septiembre se ubicó en 357,68 dólares mientras el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares o 15,4 dólares al cambio del Banco Central.
Los manifestantes aseguraron que no dejarán las calles hasta que sus reclamos sean escuchados y el Estado dé una respuesta.
«El conflicto seguirá el año que viene si el gobierno no entiende que tiene que regresarle todo y cada uno de sus beneficios que le quitaron a los trabajadores de sus contrataciones colectivas», apuntó Adrián Bolívar, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Obreros de Educación Superior de Venezuela (Fenasoesv).
Así mismo, expresaron su rechazo al pago fragmentado de aguinaldos, anunciado a principios de octubre por el gobierno de Nicolás Maduro. La medida alertó a los gremios y sindicalistas, quienes advirtieron que el proceso inflacionario en el país «pulverizará» la capacidad de compra de los empleados públicos.
«Estamos en la calle por el irrespeto a nuestra contratación colectiva. Queremos que nuestros aguinaldos sean pagados todos completos, no por parte porque eso se desvaloriza. El dólar sube y nuestros aguinaldos cada día valen menos. Los derechos que no se defienden se pierden. Un salario digno es nuestro derecho constitucional», dijo Elizabeth Guerrero, docente jubilada.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) documentó 5.037 manifestaciones en Venezuela solo de enero a agosto de 2022. El 80 % se realizó para exigir derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales, señala la organización.
Según sus registros, entre enero y abril de este año se reportaron 1.012 protestas laborales en el territorio nacional. Para septiembre, se contabilizaron 572 manifestaciones, 324 organizadas por los trabajadores.
#InformeOVCS | 572 protestas en septiembre
📌 Derechos laborales siguen siendo los más demandados
⭕️ Ciudadanos exigen solución al colapso de los servicios básicos que se agrava con las lluviashttps://t.co/TtdQK7b6wE#OVCS pic.twitter.com/bdCgtSnU0T
— Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) October 21, 2022
Las políticas del gobierno de Nicolás Maduro respecto al sector público han levantado una oleada de quejas del personal de distintas áreas. El instructivo Onapre es una de las últimas medidas gubernamentales que, en general, viola derechos contemplados en la ley venezolana.
Este reglamento busca imponer un tabulador salarial que desconoce las cláusulas económicas de los contratos colectivos de los trabajadores del sector público, vigentes desde 2021 con el anuncio del Instructivo para la Aplicación de Beneficios Acordados en la Cuarta Convención Colectiva Única (IV CCU). A la fecha, autoridades no han mencionado si será eliminado, modificado o continuará aplicándose para 2023.
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Trabajadores del sector público y pensionados venezolanos protestaron en la mañana de este 26 de octubre frente a la Fiscalía, en el centro de Caracas, para solicitar la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
También cortaron el paso vehicular de la avenida Universidad en medio de su manifestación. Con pancartas y bajo la consigna «Salario y dignidad» exigieron la homologación del sueldo a la canasta básica, que para septiembre se ubicó en 357,68 dólares mientras el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares o 15,4 dólares al cambio del Banco Central.
Los manifestantes aseguraron que no dejarán las calles hasta que sus reclamos sean escuchados y el Estado dé una respuesta.
«El conflicto seguirá el año que viene si el gobierno no entiende que tiene que regresarle todo y cada uno de sus beneficios que le quitaron a los trabajadores de sus contrataciones colectivas», apuntó Adrián Bolívar, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Obreros de Educación Superior de Venezuela (Fenasoesv).
Así mismo, expresaron su rechazo al pago fragmentado de aguinaldos, anunciado a principios de octubre por el gobierno de Nicolás Maduro. La medida alertó a los gremios y sindicalistas, quienes advirtieron que el proceso inflacionario en el país «pulverizará» la capacidad de compra de los empleados públicos.
«Estamos en la calle por el irrespeto a nuestra contratación colectiva. Queremos que nuestros aguinaldos sean pagados todos completos, no por parte porque eso se desvaloriza. El dólar sube y nuestros aguinaldos cada día valen menos. Los derechos que no se defienden se pierden. Un salario digno es nuestro derecho constitucional», dijo Elizabeth Guerrero, docente jubilada.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) documentó 5.037 manifestaciones en Venezuela solo de enero a agosto de 2022. El 80 % se realizó para exigir derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales, señala la organización.
Según sus registros, entre enero y abril de este año se reportaron 1.012 protestas laborales en el territorio nacional. Para septiembre, se contabilizaron 572 manifestaciones, 324 organizadas por los trabajadores.
#InformeOVCS | 572 protestas en septiembre
📌 Derechos laborales siguen siendo los más demandados
⭕️ Ciudadanos exigen solución al colapso de los servicios básicos que se agrava con las lluviashttps://t.co/TtdQK7b6wE#OVCS pic.twitter.com/bdCgtSnU0T
— Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) October 21, 2022
Las políticas del gobierno de Nicolás Maduro respecto al sector público han levantado una oleada de quejas del personal de distintas áreas. El instructivo Onapre es una de las últimas medidas gubernamentales que, en general, viola derechos contemplados en la ley venezolana.
Este reglamento busca imponer un tabulador salarial que desconoce las cláusulas económicas de los contratos colectivos de los trabajadores del sector público, vigentes desde 2021 con el anuncio del Instructivo para la Aplicación de Beneficios Acordados en la Cuarta Convención Colectiva Única (IV CCU). A la fecha, autoridades no han mencionado si será eliminado, modificado o continuará aplicándose para 2023.